Aprobó proyecto “interpretativo” de la Ley 24.390 sobre cómputo de penas para excluir a delitos de comisión permanente como los perpetrados en la dictadura. Usaron fundamentos de Maqueda.
La Cámara de Diputados aprobó ayer un proyecto acordado entre oficialismo y oposición para limitar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que otorga a represores condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura el beneficio procesal del 2x1 para acelerar y facilitar sus excarcelaciones. En una jornada de frenéticos debates y acusaciones cruzadas entre Cambiemos y el kirchnerista Frente para la Victoria, se lograron unificar las iniciativas que habían presentado tanto el FpV de Héctor Recalde, Libres del Sur de Victoria Donda y el interbloque oficialista que conduce el radical Mario Negri.
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El proyecto aprobado se basó en los considerandos del magistrado supremo Carlos Maqueda, quien fundamentó su disidencia en la doctrina del delito de comisión permanente en los casos de violaciones a los derechos humanos. Básicamente, la interpretación sostiene que tanto el robo de bebés durante la dictadura es un delito que se sigue cometiendo ya que las víctimas no conocen su destino ni su identidad, al igual que en el caso de la desaparición forzosa de personas cuyo paradero aún se desconoce.
Diputados buscó así tenderle "un puente de plata" al máximo tribunal para poder acotar el fallo que se emitió con los votos de la mayoría integrada por Horacio Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y las disidencias de Maqueda y Ricardo Lorenzetti. El proyecto aprobado ayer en Diputados, que ahora pasa al Senado, se trata de una ley "interpretativa" sancionada para que la Corte Suprema, eventualmente, pueda emitir un nuevo fallo excluyendo del beneficio del 2x1 para el cómputo de las penas a condenados por delitos de lesa humanidad.
El primer artículo intepretativo del proyecto votado ayer, en relación con la aplicación de la Ley 24.390, más conocida como 2x1 establece que el cómputo de las penas establecido en su oportunidad por el artículo 7 de la mencionada norma "no será aplicable a los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 27.156".
El artículo 2 es el que establece la interpretación que se debería seguir para aplicar el beneficio que acorta el cómputo de las penas al disponer que "deberá considerarse interpretación auténtica del artículo 7 de la ley y será aplicable a las causas en trámite". Sin embargo, el proyecto abre la posibilidad de acceder al cómputo abreviado de penas "solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante su vigencia, dada la finalidad de la ley y su posterior derogación en virtud del incumplimiento de dicha finalidad".
Los encargados de negociar el texto final de la ley a partir de los distintos proyectos presentados fueron Recalde, Negri, Donda, la massista Graciela Camaño y Remo Carlotto, del FpV. En Diputados soprendió que el oficialismo apartara de las negociaciones a Nicolás Massot, jefe del bloque PRO y portador de carteles "nunca más a los negocios con los derechos humanos" durante el 24 de marzo de este año.
Al iniciarse la sesión especial, la presidenta de la comisión de Derechos Humanos, Donda, solicitó la aprobación del tratamiento sobre tablas de los diversos proyectos de ley para "dar un contundente y claro mensaje a la Justicia, que en este país no vamos a renunciar a la memoria, verdad y justicia". El diputado de Unión PRO, Pablo Tonelli, aseguró que "no es arbitrario y disparatado" el fallo de la Corte Suprema de Justicia que aplicó el beneficio de la ley del 2x1 a un represor de la dictadura militar, aunque aclaró que "el resultado" de la resolución "no nos satisface". Recalde, en cambio, criticó al Gobierno por su interpretación del fallo del 2x1 de la Corte Suprema de Justicia al asegurar que "aunque el gorila se vista de seda, gorila queda".
El diputado nacional por la provincia de Salta, Pablo Kosiner, presentó un recurso de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que sea este mismo cuerpo quien declare inválido lo resuelto en el fallo Muiña, que concedió el beneficio conocido como 2x1 a un condenado por delitos de lesa humanidad. "La sentencia de la Corte del 2x1 es nula de nulidad absoluta e insanable conforme Ley 27.156 que prohíbe expresamente conmutación de penas", expresó el legislador salteño.
La diputada nacional Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica y socia clave de Cambiemos, dijo que el fallo de la Corte Suprema "demuestra la independencia que tiene el Poder Judicial", y consideró que no hay "nada más perjudicial para el Ejecutivo" que esa sentencia. En declaraciones a la prensa, Carrió opinó que "el fallo de la Corte es correcto", pero que ella "no lo hubiese votado así". Carrió también recordó que ella fue informante "del proyecto de nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, de Patricia Walsh y Marcela Rodríguez, cuando el Partido Justicialista (PJ) no daba quórum".
La titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y representantes de Madres de Plaza de Mayo se encontraban ayer presentes en el recinto de la Cámara de Diputados durante el tratamiento de un proyecto para limitar la aplicación de ley del 2x1.
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