El Citi teme perder su licencia en Argentina

El grupo financiero norteamericano Citigroup admitió ayer ante la Corte de Apelaciones del segundo distrito de Nueva York que su licencia bancaria en la Argentina puede estar en riesgo como resultado del caso de los fondos buitre. Aclaró que como resultado del conflicto, el Estado puede tomar el control del banco. Una orden del juez estadounidense Thomas Griesa impide a Citibank Argentina distribuir los pagos que reciba del país para inversores de bonos reestructurados y que se rigen por la legislación argentina. El Gobierno, sin embargo, le exigió al banco que cumpla con las obligaciones que impone la ley local. Pero ahora el Citi espera recibir unos u$s 5 millones de parte del Tesoro para los acreedores del canje antes de que se cumpla el plazo para el pago de los intereses el 30 de septiembre.

El Gobierno no ha hecho caso de las decisiones de Griesa, que le impiden pagar a los acreedores reestructurados si es que no abona a los fondos buitre que la demandaron por el total del valor nominal de la deuda que poseen. El Poder Ejecutivo depositó en junio u$s 539 millones para cumplir con sus pagos con los acreedores reestructurados, en las cuentas de Bank of New York Mellon. Citigroup dijo ayer en la presentación a la Corte que las órdenes judiciales sobre el país podrían provocar la pérdida de sus licencia bancaria en la Argentina y una toma de control por parte del Estado. La Argentina representa sólo una pequeña parte del negocio de Citigroup, por lo que no es de gran peso en los balances de la firma multinacional. La exposición total al país a fines de junio, en préstamos y valores, era sólo de 2.700 millones de dólares, lo que se compara con 1,9 billón de dólares de activos totales del grupo en el mundo, según un reporte del banco al Central.

El diario New York Post reportó ayer que el fondo buitre de Paul Singer (Elliott Management) intenta ampliar su foco a activos conectados con dirigentes políticos argentinos. La semana pasada, Elliott ganó una decisión de un juez de Nevada que le permite seguir adelante con citaciones a 123 empresas del Estado con vínculos con Cristóbal López.