Brasilia - El juez federal Sergio Moro aceptó ayer una nueva denuncia por supuesta corrupción contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien así pasa a responder en una quinta acción penal por irregularidades con dinero público.
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La instauración de este nuevo proceso contra el expresidente, uno de los líderes políticos con mayor popularidad del país, fue anunciada en vísperas de que el Poder Judicial inicie un receso que se prolongará hasta comienzos de febrero, con lo que todos los juicios quedarán pendientes para el año próximo.
En este nuevo caso, la denuncia formulada por los investigadores está centrada en supuestos fraudes en la adquisición de un terreno para el instituto fundado por el exmandatario y de una vivienda vecina a su residencia particular, en la ciudad de Sao Bernardo do Campo. En resumen, se sospecha que las propiedades fueron adquiridas a nombre de testaferros con dinero de la empresa Odebrecht que, en realidad, era producto de sobornos pagados al exmandatario por su intermediación en contratos obtenidos por esa empresa con la petrolera estatal.
Lula ya respondía en calidad de procesado en otros cuatro juicios por supuesta corrupción, el último de los cuales fue instaurado el pasado viernes por un juez de Brasilia, bajo los cargos de tráfico de influencias, lavado de dinero y asociación para delinquir.
Ese proceso se refiere a supuestos sobornos que habría recibido Lula de empresas del sector automotor a cambio de aprobar, durante el ejercicio de su mandato, numerosos incentivos fiscales en favor de esa industria. Pero también incluye denuncias sobre supuestas maniobras que Lula habría hecho para favorecer a la empresa sueca Saab en un concurso para la compra de 36 cazabombarderos en la que también participaban la francesa Dassault y la estadounidense Boeing
y que finalmente se decantó en favor de la firma del país nórdico.
Ese negocio fue cerrado por un valor de 5.400 millones de dólares y, según sospecha la Fiscalía, tanto el exmandatario como uno de sus hijos y algunos allegados recibieron abultados sobornos por haber intervenido para favorecer a la empresa sueca.
Los abogados de Lula, quienes sostienen que el exmandatario es objeto de una "persecución política", negaron las acusaciones en todos los casos y ayer volvieron a rechazar en forma enérgica los nuevos cargos aceptados por el juez Moro. En una nota difundida ayer, la defensa del exgobernante reiteró su tesis de que la investigación "tiene como objetivo impedir que sea candidato en 2018".
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