La estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que regula los servicios de internet en Venezuela, dirigió una comunicación con "carácter de urgencia" a la sede de Twitter, en San Francisco, "para bloquear las cuentas y usuarios que ilícitamente cotizaban divisas" en el país.
De acuerdo con la legislación venezolana, la divulgación del precio de la divisa en el mercado negro -que supera ocho veces al oficial de 6,30 bolívares- es ilegal desde que se estableció el estricto control cambiario, en 2003.
La petición de Conatel busca evitar que las 50 páginas web que el Gobierno clausuró el 9 de noviembre, dentro de unas medidas contra la especulación, la escasez y la inflación, utilicen cuentas de Twitter para violar la decisión oficial.
Por su parte, la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) introdujo ayer una serie de reformas a los requisitos que los importadores deben cumplir a la hora de solicitar al Estado dólares. Entre las modificaciones se destaca una que obliga a los importadores a detallar la procedencia de los montos en moneda nacional requeridos para la obtención de divisas.
Asimismo, incluye desde ahora la obligación de los funcionarios de ese ente estatal de "proceder con una verificación física de las mercancías que arriben al país".
En tanto, las autoridades continuaron la fiscalización de precios de diversos sectores de la economía venezolana acusados de usura y especulación. En el marco de esos controles, el Gobierno impuso una multa por 84.920 dólares a la filial local de la automotriz General Motors (GM) por la venta de repuestos con sobreprecio.
El ministro de Industrias, Ricardo Menéndez, dijo desde la planta ensambladora de GM en el estado Carabobo, en el centro del país, que la fábrica vendía autopartes con altos márgenes de ganancia a sus concesionarios. "Esto tiene que cesar; la especulación contra el pueblo venezolano llegó a su fin con el Gobierno Revolucionario, dispuesto a defender a la clase media y a los sectores populares", agregó.
En la tienda deportiva Climat Cool se detectaron más de 17 irregularidades, informó el Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía durante una inspección en la que se confirmó un sobreprecio de entre un 140% y un 400% en los productos.
"Hay mercancía sin factura, no pagan los impuestos, ausencia de precios, sobreprecio y factura forjada", detalló el jefe del órgano, Hebert García Plaza, quien explicó que los accionistas de esta tienda están vinculados a 18 empresas que recibieron divisas del Estado y venden a precios "exorbitantes".
| Agencias AFP, Reuters y EFE, y Ámbito Financiero |
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