Garzón, peor: confirman que irá a juicio oral

Baltasar Garzón arriba al Tribunal Supremo de España, el lunes pasado, en medio de una gran expectativa de prensa. El magistrado que instruye los procesos en su contra, Luciano Varela, es considerado un jurista progresista, pero mantiene un viejo enfrentamiento con el juez mediático

Madrid - El juez español Baltasar Garzón tendrá que sentarse finalmente en el banquillo de los acusados después de que el Tribunal Supremo decidiera ayer abrirle juicio oral por presunto prevaricato cometido en un proceso por crímenes del franquismo. La decisión fue tomada un día después de que el mediático magistrado solicitara permiso para ir a trabajar siete meses como asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Una suerte de «exilio», según sus partidarios, lo que no podría concretar.

La decisión fue tomada por el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela, que instruyó la causa contra Garzón, en la que le imputa haber abierto procesos por fosas comunes e identidad de hijos de padres desaparecidos, desconociendo la ley de Amnistía que rige en España desde 1977.

La apertura del juicio oral pone en peligro el traslado de Garzón a la ciudad holandesa de La Haya, ya que esa medida supone, según la ley, una suspensión del juez en sus funciones, y un juez suspendido no puede ser destinado a servicios especiales. La medida tomada ayer por Varela no es apelable.

El Tribunal Supremo envió el sumario de apertura de juicio oral contra Garzón al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es el que tiene que decidir sobre la suspensión de Garzón. La decisión será tomada el viernes en una reunión plenaria extraordinaria, según decidió su presidente, Carlos Dívar, también titular del Tribunal Supremo.

El órgano de gobierno de los jueces es también el que debe dar el visto bueno para el traslado de Garzón a La Haya, que fue solicitado por el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo. La comisión permanente del CGPJ acordó ayer considerar el pedido de Garzón, por lo que aguarda informes de la CPI y la Cancillería española.

El proceso que culminará con Garzón sometido a juicio generó estupor en todo el mundo, tanto de jueces y juristas argentinos, chilenos, organizaciones de derechos humanos como Amnesty y Human Right Watch; y medios de comunicación como Le Monde, The New York Times y la conservadora revista británica The Economist. En España también se dividieron las aguas, aunque el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero eligió un bajo perfil para no ser acusado de incicidr en la Justicia, en tanto el opositor Partido Popular apoyó abiertamente el proceso.

La querella contra Garzón fue presentada por la organización ultraderechista Manos Limpias y una facción del partido único del franquismo (1939-1975) Falange Española, a las que luego se sumó otro sello, Libertad e Identidad. Manos Limpias no tiene actuación conocida en España y está liderada por Miguel Bernad, ex dirigente de Fuerza Nueva, otra formación de extrema derecha. Por defectos formales, la Falange fue separada del proceso.

Garzón se declaró en un primer momento competente para juzgar la desaparición de más de 114.000 personas durante la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco, pese a la existencia de una amnistía aprobada en el marco de la transición a la democracia, en 1977. Iniciados los procesos, Garzón, que había considerado que la desaparición y la sustracción de identidad son delitos «permanentes», por lo cual no son amnistiables, se vio obligado, en noviembre de 2008, a abandonar la investigación a manos de tribunales locales, que en los hechos paralizaron las causas.

La fiscalía solicitó al Tribunal Supremo el archivo del caso contra Garzón al no ver indicios de delito de prevaricato (fallar contrario a derecho), mientras el juez de la Audiencia Nacional -fuero penal para delitos calificados- recusó a Varela, al que acusó de tener «parcialidad». El Tribunal Supremo rechazó la recusación, y tampoco lo autorizó a presentar testigos a su favor, entre los que estaba el juez de la Corte Suprema argentina Raúl Eugenio Zaffaroni.

Garzón, de 54 años, promovió en 1998 una orden de arresto contra Pinochet, cuando éste era todavía jefe del Ejército y estaba camino a ocupar una silla en el Senado de Chile. También acusó en España, por genocidio, a ex miembros de la dictadura militar argentina.

Garzón tiene otras dos causas abiertas en su contra, una de ellas relacionada con el dinero que presuntamente percibió del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006. El tercer proceso se refiere a la orden del juez de intervenir las comunicaciones en prisión entre varios imputados del «caso Gürtel», uno de los mayores escándalos de corrupción política recientes, que implica a dirigentes del Partido Popular.

Agencias DPA, EFE y ANSA