14 de agosto 2013 - 00:39

Gils Carbó, a examen en la Corte por ascensos

• Organizaciones cercanas al gobierno respaldan sus designaciones de fiscales sin acuerdo del Senado

Carmen Argibay, Alejandra Gils Carbó
Carmen Argibay, Alejandra Gils Carbó
Un grupo de organizaciones cercanas a la política judicial del Gobierno se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar su intervención en el expediente que involucra a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, por supuestas designaciones irregulares de fiscales sin acuerdo del Senado. La resolución de la causa es inminente y el resultado será una señal para los sectores que pujan por el protagonismo en los tribunales. Detalles que, junto a otros vericuetos políticos, serán conversados en el acuerdo que los ministros mantendrá hoy.

Con el CELS, que preside el periodista asesor Horacio Verbitsky, como principal ariete, el grupo de entidades solicita recurrir a la institución del "Amicus Curiae", o "Amigos del Tribunal", con el fin de brindar su opinión ante los ministros como antesala de la resolución final. Se trata de un escenario similar a la disputa por la ley de medios que también espera el fallo del máximo tribunal.

Cuestiones tácticas: la habilitación de las opiniones demoraría una resolución que la propia Gils Carbó ya anticipa como adversa. La causa llegó a la Corte luego de una presentación por la actuación de la procuradora fiscal subrogante Alejandra Cordone Rosello, recurso que fue impulsado por el senador de la UCR, Mario Cimadevilla .

Estas entidades defienden las designaciones ya que entienden que son inevitables desde un punto de vista operativo y que sin fiscales es inviable que las investigaciones progresen. Existe otro punto en común con la procuradora: la convicción de que es necesaria una reforma del Código Procesal Penal que dé paso a un sistema acusatorio en el cual el peso de la instrucción de las causas quede a cargo de fiscal y no del juez, como sucede actualmente.

Si bien la Corte tiene jurisprudencia favorable al "Amicus Curiae", este escenario suele tener mejores chances cuando los que buscan expresarse representan distintos puntos de vista (como sucede con la causa de la ley de medios). Una pluralidad necesaria que hasta anoche no se veía en las peticiones elevadas al tribunal.

En la Corte prevalece la idea de que las designaciones de Gils Carbó son contrarias a lo dispuesto en el fallo Rosza de 2007, en el cual se da prioridad a las suplencias de jueces jubilados (que tengan el acuerdo) por sobre funcionarios en actividad que no hayan pasado por el Congreso. Ese tecnicismo favorece posibles vendettas contra la principal referente de la corriente Justicia Legítima, grupo cercano al oficialismo cuya última aparición al aire libre incluyó una manifestación contra la Corte Suprema por el fallo que declaró inconstitucional la reforma judicial.

En el cuarto piso de la calle Talcahuano no dejaron de registrar que tanto Esteban Righi como Nicolás Becerra también nombraron fiscales sin acuerdo del Senado. Sin embargo, también anotaron, hay una diferencia: Gils Carbó nombró 40 fiscales en menos de 18 meses de gestión y además desplazaría a hombres históricos del ministerio público por secretarios con menos experiencia en la investigación de delitos complejos.

El primer cruce entre el máximo tribunal y Gils Carbó llegó a principio de año, cuando la procuradora recomendó a los ministros firmar una acordada que habilite el pago del Impuesto a las Ganancias. Le respondieron que el tema estaba en agenda en la Corte y le recomendaron leer los reglamentos. Contundente.

El ánimo se tornó más adverso con las presentaciones de Justicia Legítima, el debate por la reforma judicial, el dictamen de la procuradora en la ley de medios y, días atrás, la intervención en el Senado de María Laura Garrigós de Rébori, titular de dicho grupo de jueces que al momento de defender su ascenso a la Cámara de Casación Penal ordinaria, tildó a la ministra Carmen Argibay de "conservadora" y cuestionó su voto contra la reforma votada en el Congreso.

Esa excursión a la Cámara alta, particularmente en el caso de los fiscales nombrados por Gils Carbó, no dejóbuena imagen en la Corte, especialmente aquellos que apelaron a doctrinas que justifican las acciones de hecho para colocar las designaciones operativas de la procuración por sobre la interpretación de la Constitución.

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