Gobierno suspendió el anuncio sobre YPF y recién lo haría la semana próxima

Edición Impresa

El Gobierno desconcertó ayer suspendiendo el anuncio sobre el futuro de YPF para la próxima semana. Para las 20, luego del acto por el tema carnes, estaba oficialmente programado que la presidente Cristina de Kirchner anunciaría en cadena nacional el proyecto para que el Estado nacional tome el control de YPF.

El dato había circulado durante todo el día sin que nadie del Gobierno lo desmintiera. Desde España, por la mañana los diarios anticiparon que ayer podía ser «el peor día de la historia» para Repsol, principal accionista de la petrolera local. La inminencia del anuncio se hizo sentir en el encuentro que el presidente de Repsol YPF, Antoni Brufau, mantuvo a primera hora de la tarde con el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof.

Trascendidos provenientes de la parte empresaria indican que el encuentro no fue cordial. Según esas fuentes, los funcionarios habrían mencionado a Brufau un monto de inversión tan alto que hizo imposible cualquier conversación. Agregaron que no quedó pactada una próxima reunión y que tampoco hubo conversación sobre el proyecto del Ejecutivo.

Sin embargo, a última hora de la noche, otras fuentes atribuyeron la postergación a que el Gobierno está negociando un precio con Repsol porque busca nacionalizar YPF adquiriendo las acciones de la empresa española y las del grupo Petersen de la familia Eskenazi. En el mismo sentido, dijeron que se formará una comisión entre funcionarios argentinos y españoles para estudiar el mecanismo para que Repsol salga de YPF.

Alrededor de las 19.30 los gobernadores de las provincias productoras que estaban reunidos con De Vido desactivaron sus equipos de prensa preparados para transmitir declaraciones de apoyo tras el anuncio presidencial.

Versiones

Algunas fuentes de las provincias insistieron en que hay abierta una negociación con Repsol por el resarcimiento que se le daría. Otros trataron de atribuir la postergación a nuevas presiones del Gobierno de Mariano Rajoy. También algunos reiteraron que el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, todavía sigue oponiendo reparos al proyecto que está elaborando el Ejecutivo por considerar que es vulnerable y con aspectos que podrían dar lugar a juicios.

Lo llamativo es que el Gobierno había cumplido con el cronograma previsto hasta la reunión de los gobernadores, lo que permite sospechar que los mandatarios provinciales pueden haber cuestionado la propuesta oficial. Entre los puntos que los distritos productores no aceptarían están las nuevas limitaciones que se impondrían por ley a las atribuciones de las provincias, en cuanto el Estado nacional pasaría por ley a ejercer el control de las inversiones y la producción, y a tener la autoridad de aplicación que permite imponer sanciones por incumplimiento.

Algunos de los gobernadores de la OFEPHI (Organización Federal de Productores de Hidrocarburos) concurrieron ayer acompañados por los presidentes de las empresas provinciales de energía. En tanto, dos mandatarios por lo menos, el de Chubut y el de Neuquén, dijeron públicamente que quieren que sus propias energéticas tengan participación en las áreas que les quitaron a YPF en las últimas semanas, lo que implica ingresos por tenencia accionaria, además de las regalías.

La YPF estatal o mixta que termine formándose tendría que acordar con las provincias por el 27% del petróleo que perdería si se suma a lo que ya se le quitó a la petrolera en las últimas semanas, el 9% del petróleo que obtiene en Manantiales Behr, concesión que el Gobierno de Chubut rescindiría en los próximos días.

La ironía es que la futura YPF que dependa del Estado nacional y por la cual presuntamente se pagaría a Repsol y a los Eskenazi, tendría que presentarse a las licitaciones de las áreas que harían las provincias y aceptar las nuevas condiciones que impongan, lo que podría incluir hasta el pago de un canon.

Si se confirma que el Gobierno negocia una salida con Repsol, será difícil que se llegue pronto a una resolución. Si además hay problemas con las provincias productoras, el Gobierno no obtendría fácilmente la aprobación del Parlamento. En ambos casos, sufrirían la inversión, el nivel de actividad y el volumen de petróleo y gas disponibles.

Dejá tu comentario