Gobierno vs. Corte por la publicidad de bienes

Claudio Bonadío y Julián Álvarez

El Consejo de la Magistratura avanzará hoy en la discusión sobre un reglamento propio para resguardar las Declaraciones Juradas de todo el Poder Judicial a excepción de las de la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal presentó hace dos semanas su propio sistema y la expectativa era que éste sería asimilado por el cuerpo colegiado. Pero allí tanto el oficialismo como la oposición tienen críticas para con la disposición acordada desde la Corte. El kirchnerismo podría contar, una vez más, con el apoyo de los jueces en el Consejo.

Los consejeros que responden a Balcarce 50 tienen una actitud dispar respecto de sus pares que representan el estamento judicial. El diputado Eduardo de Pedro guarda una actitud tan diplomática como la que exhibió en el último encuentro del PJ. Las únicas divergencias en su bloque las exhiben el diputado Carlos Moreno y el senador Marcelo Fuentes, que por lo general incurren en exabruptos cuyos destinatarios varían según la ocasión. Al último que le tocó fue al camarista Mario Fera.

Esta relación se pondrá a prueba nuevamente hoy cuando los asesores de los consejeros se reúnan para conversar sobre el reglamento que regirá la presentación de las Declaraciones Juradas. El encuentro se coordinaba anoche desde el Ministerio de Justicia donde atiende el secretario Julián Álvarez, actualmente representante del Poder Ejecutivo ante la Magistratura.

En esta cartera existe una objeción puntual al régimen que aprobó la Corte: los datos sobre cónyuges e hijos dejaron de ser públicos para pasar al anexo reservado al cual sólo se accede con una orden judicial.

Sin quererlo, el juez Norberto Oyarbide fue uno de los primeros en anticipar este debate. En pleno escándalo por su última desventura policial los consejeros de la oposición pidieron acceso total a la información patrimonial del magistrado. De Pedro dobló la apuesta: "Si abrimos la declaración de Oyarbide hagamos lo mismo con todo el resto del fuero".

Fue el primer indicio sobre la metodología que propondrá el Gobierno que consiste en que los jueces exhiban la misma información que los integrantes del Poder Legislativo. El año pasado esta idea era rechazada desde la Corte por entender que los jueces dedicados a cuestiones criminales deben ser cuidadosos al momento de brindar información personal.

Más allá de las observaciones, el sistema cortesano, que implica que las declaraciones de los justices quedan bajo la custodia de la Secretaría de Gestión de la Corte, presenta un avance hasta ahora poco comentado: requiere que los ministros brinden información sobre sus trabajos anteriores al puesto que ocupan en el presente, algo que no está contemplado para el resto de los poderes.

La regulación de la Corte es la estocada más reciente a la reforma judicial que el oficialismo votó el año pasado en el Congreso mediante la cual pretendía que todas las declaraciones del Poder Judicial fueran recibidas por la Oficina Anticorrupción.

El Consejo, que todavía presenta demoras en cuestiones álgidas (son los casos de los expedientes protagonizados por los jueces Oyarbide, Claudio Bonadío y Daniel Rafecas) se está demostrando más veloz en los issues estructurales. El ejemplo más reciente es la determinación de dar por terminada la tercerización de los servicios de limpieza en los tribunales de todo el país.

En lugar de avanzar en los casos de los jueces federales, la Comisión de Disciplina y Acusación es ahora el escenario en el cual se desestiman decenas de presentaciones contra jueces, un crédito que es de los magistrados que juegan en el plenario.

El caso más relevante tuvo lugar la semana pasada con el cierre de una causa contra el juez cordobés Carlos Ochoa que había sido denunciado por la ANSES por su participación en causas de jubilados originadas en la provincia mediterránea. Los consejeros jueces votaron por la desestimación la excepción del camarista federal en lo Civil y Comercial Ricardo Recondo que al momento de la definición - como le ocurre a menudo - no estaba en su asiento. La misma actitud tuvo el diputado radical Oscar Aguad.

Este último desde hace algunas semanas está pendiente de un concurso clave para nombrar jueces federales en Córdoba. El diputado objeta la presencia de Miguel Hugo Vaca Narvaja en la terna que será girada al Poder Ejecutivo ya que lo considera imparcial para asumir la función judicial por su pertenencia al clan Vaca Narvaja que es cercano al oficialismo.