"Tengo la convicción y la absoluta tranquilidad en cuanto a la total improcedencia de ese pedido", señaló anoche la mandataria en un breve discurso al país, en el que se declaró "indignada".
El presidente del Partido de los Trabajadores, Rui Falcao, señaló, en tanto, afirmando: "Golpistas, no pasarán".
El jefe de los diputados, un hombre involucrado en numerosas polémicas y acusaciones de corrupción (ver nota aparte), anunció su decisión en una conferencia de prensa en la que aclaró que no encontró ninguna objeción para rechazar la acusación. Asimismo, dijo lamentar dar inicio a un proceso que será responsabilidad de la Cámara de Diputados y que, en su opinión, el país debía enfrentar en algún momento.
"No hago esto por motivaciones políticas y rechazaría (la acusación) si no estuviese de acuerdo con la ley", afirmó el presidente de la cámara baja, un dirigente del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) que en septiembre pasado se declaró "independiente" y que desde entonces viene apoyando causas defendidas por la oposición.
Cunha recordó que hasta ahora había rechazado 27 de 34 peticiones de juicio político que había recibido.
"Rechacé todas las peticiones que se referían a hechos ocurridos en el mandato anterior para respetar la Constitución, pero tengo que aceptar esta porque su argumentación es correcta, no tiene errores formales y acusa a la mandataria de crímenes de responsabilidad ocurridos este año", aseguró.
La Constitución brasileña prevé la celebración de juicios políticos contra un jefe de Estado siempre y cuando se comprueben razones jurídicas o los denominados "delitos de responsabilidad" en el mismo mandato que esté ejerciendo, lo que incluye los manejos irregulares de las finanzas públicas, de los que se acusa a la presidenta.
La petición aceptada ayer por Cunha argumenta que Rousseff incurrió en ese tipo de delitos al avalar una serie de maniobras que permitieron maquillar los resultados fiscales del año pasado y que, según los órganos de contraloría, podrían haberse repetido este año. Este punto es crucial para que el "impeachment" pueda tener validez, ya que Rousseff asumió su actual mandato el 1 de enero último.
Cunha admitió que la petición presentada por varios juristas, entre los cuales figura Helio Bicudo, uno de los fundadores del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), se refería a maniobras fiscales del año pasado, pero que sus autores presentaron un anexo para incluir en la acusación irregularidades supuestamente ocurridas este año.
"Mi responsabilidad es únicamente autorizar la apertura del proceso pero no la de proferir juicio de mérito sobre la acusación", aclaró Cunha. Agregó que el inicio oficial del juicio político depende de que una comisión que la Cámara de Diputados creará esta misma semana se pronuncie sobre el mérito de la acusación.
Según el reglamento del Congreso, una vez acogida la acusación, la Cámara tiene un plazo de diez sesiones legislativas para notificar al jefe de Estado de la acusación y para crear una Comisión Especial de diputados que tendrá que emitir en un período de quince sesiones un parecer sobre si acepta o rechaza el proceso.
Ese informe es luego votado por la cámara baja, que con dos tercios del total (342 de los 513 diputados) puede elevar el "impeachment" al Senado, encargado de juzgar con una mayoría requerida de dos tercios (54 sobre 81 bancas).
En caso de que se apruebe la acusación, Rousseff sería apartada de manera provisoria de sus funciones durante un máximo de 180 días.
"Lamento profundamente lo que está ocurriendo y no tengo ninguna felicidad con el acto que estoy ejerciendo. Se trata de una decisión delicada en momentos en que el país atraviesa una situación difícil, con la economía en crisis y una crisis política", afirmó Cunha.
| Agencias AFP, EFE, Reuters y DPA, y Ámbito Financiero |
Dejá tu comentario