Gremio judicial (moyanista)lanza paro y pide aumento

El gremio de los empleados judiciales decidió para este jueves un paro a nivel nacional para reclamar por los tercerizados y por la categorización del personal de maestranza. La medida incluye una movilización al Consejo de la Magistratura y en el interior del país se extenderá por veinticuatro horas. El sindicato es controlado por el moyanista Julio Piumato quien viene de arrasar en las últimas elecciones. El reclamo que más inquieta en la Corte Suprema de Justicia es que el gremio pretende adelantar el incremento salarial que por lo general se otorga a mediados de año.

Para Piumato el eje del reclamo es netamente gremial y no político. Todos los días llegan a su oficina mensajes de distintos puntos del país que incluyen pedidos de empleados mal categorizados hasta casos concretos de acoso laboral. La semana pasada el sindicalista fue reelecto con comodidad y sólo encontró oposición en los distritos de Tucumán y de Rosario donde el kirchnerismo juvenil ofreció una oposición con resultados más bien olvidables.

Diplomático, Piumato es una de esas figuras del escenario judicial que puede circular con una sonrisa en el rostro por todas las reuniones independientemente de quién sea el que las anime, desde la cena de la Asociación de Magistrados hasta las citas académicas de la corriente Justicia Legítima.

El gremio de los empleados pretende plantear para la semana que viene la discusión sobre el segundo aumento del año ya que el primer 10%, aseguran, fue neutralizado por la inflación. Justamente ese rasgo ineludible para entender el contexto económico fue determinante para que el Consejo de la Magistratura haya encontrado algo de alivio a sus alicaídas arcas: el aumento de precios incrementa la recaudación del Estado y por lo tanto el cuerpo colegiado percibe mayores ingresos. Un esquema de mejoría que es posible siempre y cuando no vaya a la par de los aumentos salariales (lo cual genera malestar en la oficina de Piumato).

Desde febrero el Consejo ya no cuenta con los fondos de la Corte Suprema y todavía no se ha firmado el entendimiento de palabra que existe con el Gobierno según el cual el Tesoro financiaría parte del déficit del organismo encargado de seleccionar y remover a los jueces que a la vez tiene la responsabilidad de abonar los sueldos de todo el Poder Judicial (la Corte tiene una partida presupuestaria menor pero gasta mucho menos en sueldos lo cual la habilita al ahorro).

El Gobierno aportará fondos -en la Corte ya lo dan por descontado -, sólo resta definir de qué modo éstos serán controlados por un funcionario afín a Balcarce 50 que oficiaría como una suerte de auditor del uso de esos recursos. Una duda que todavía descansa en el escritorio del secretario de Justicia Julián Álvarez.

Por lo pronto el Ministerio de Justicia ya avisó que se hará cargo de las refacciones necesarias en un edificio cercano al Palacio de Tribunales para que se instale allí la nueva Cámara de Casación Penal con competencia ordinaria. Todos los jueces de esa instancia ya están nombrados por Cristina de Kirchner, pero no tienen oficinas ni están habilitados sus cargos, cuestión que sigue de cerca Ricardo Lorenzetti. El dato de los avances en la obra trae tranquilidad a la camarista María Laura Garrigós de Rébori. Titular de Justicia Legítima, es una de las que ascenderán a la nueva Casación y suele realizar llamadas de tono urgente y con unos modos que distan demasiado del formalismo al que se hayan acostumbrados sus diversos interlocutores.