La reapertura del canje no tendrá una fecha de cierre

• La intención oficial es que esté operativo antes de elecciones de octubre

Adrián Cosentino

El tercer canje de deuda que dispuso el Gobierno para la deuda caída en default en 2001 permanecerá abierto por tiempo indeterminado. No le sucederá tampoco una ley cerrojo. Según la visión del Ministerio de Economía, el llamado a los holdouts a regularizar la situación seguiría abierto "sine die" o al menos hasta diciembre de 2015, mientras Cristina de Kirchner esté en el Gobierno.

La intención del Ejecutivo es que a partir de su aprobación en el Congreso el tercer llamado se habilite rápidamente, en las mismas condiciones de 2010. Según los técnicos que asesoran al ministro Hernán Lorenzino y al secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, ya a fines de septiembre el régimen podría estar reglamentado y a disposición de la jefa de Estado para que dictamine el momento exacto en que comenzará el proceso. La intención, obviamente, es que esté en funcionamiento antes del 27 de octubre.

De todas maneras, la fecha tope es antes de febrero del próximo año, para cuando, se supone, la Corte Suprema de los Estados Unidos esté a punto de dictaminar si tomará o no el caso del juicio que la Argentina mantiene contra los fondos buitre desde hace más de 10 años. La opinión de Economía es que ese tribunal debería considerar como un gesto de buena fe tanto la reapertura del canje como el sostenimiento del régimen en el tiempo.

Según el cronograma que el oficialismo tiene en mente, luego que la Corte eventualmente decidiera tomar el caso como uno de los aproximadamente 30 juicios que debe resolver, abriría un lapso de tiempo para los llamados a presentar declaraciones de las diferentes partes directas involucradas y los posibles amicus curiae que éstos aporten. Los tiempos podrían extenderse hasta bien entrado 2015, antes que el tribunal anuncie un fallo. Entre marzo y mediados de 2015 podrían circular por la Corte los fondos buitre y el Bank of New York Mellon (BONY), los principales acusados y demandantes. Pero además serían llamados o pedirían presentarse el Gobierno de los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, representantes de Wall Street, de la Reserva Federal de Nueva York, de los bonistas que ingresaron al canje y economistas defensores de los fondos buitre, entre otros.

La nueva estrategia de la defensa de la Argentina, que continuará bajo la representación del estudio Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton (CGS&H), es, además de permanecer con el tercer proceso de canje abierto, la de apuntar a la opinión política de los integrantes de la Corte Suprema para que tengan más en cuenta (en comparación con la primera y la segunda instancia) los riesgos sistémicos que tendría un fallo permanente en contra del país. Según la conversación que desde Economía se mantuvo en las últimas horas con Johnathan Blackman (del estudio CGS&H), es posible que los miembros de la Corte tengan en cuenta consideraciones sobre las consecuencias en el resto de los procesos de reestructuración de deuda en el mundo, más si esta posición es explicada también por la administración de Barak Obama y la directora gerente del FMI, Christine Lagarde. Para la parte argentina, tanto la primera instancia del juez Thomas Griesa como la de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, lo importante siempre fue considerar la cuestión comercial económica que apuntaba a la Argentina por no haber cumplido los contratos firmados y no pagar el 100% de su deuda emitida antes de diciembre de 2001. Siguiendo esta línea, la Corte podría escuchar otras argumentaciones más políticas que en las dos primeras instancias fueron rechazadas.

En total, y aunque no hay un cálculo exacto, aún fuera del proceso de reestructuración quedarían unos u$s 11.000 millones, incluyendo capital e intereses. De este dinero, para Economía será imposible convencer al equivalente a unos u$s 5.000 millones de ese monto. Se trata fundamentalmente de los fondos buitre, tanto los que ya se mostraron con nombre y apellido en los tribunales de Nueva York como el NML Elliot de Paul Singer, el Olifant, Aurelius, Blue Angel y Master. Se suman también los 12 particulares que acompañan los reclamos de esos fondos ante la Justicia norteamericana, y otros u$s 2.000 millones en posesión de otros buitres y holdouts que también comenzaron juicios en diferentes tribunales, pero que no avanzaron como los anteriores. Hay luego unos u$s 2.000 millones fuera de registro judicial, que estarían en posesión de otros fondos buitre como el que maneja Kenneth Dart, y que están esperando la resolución de la Justicia norteamericana para presentarse ante Griesa.

Por otro lado, desde Economía se piensa en que más allá de lo que sucede en el tiempo con el caso en la Corte (siempre que ésta acepte tratarlo), no se podrá confiar en la cláusula emitida para los bonos que ingresaron en los dos anteriores canjes, y que indica que cualquier reclamo por la quita aplicada vence en diciembre de 2014. Según el ministerio que maneja Lorenzino, no sería tan firme la legalidad jurídica de esa cláusula ante los tribunales norteamericanos. De todas maneras, creen en el Palacio de Hacienda, no se especulará sobre este punto porque "nunca este Gobierno les pagará a los fondos buitre".