Las eléctricas y gas, al límite

Miguel Galuccio

El Gobierno deberá acelerar los tiempos para resolver la situación de las principales empresas de servicios de gas y electricidad. Cuatro de las compañías más importantes, Edenor, Edesur, Edelap y Metrogas, deben resolver en horas su forma de continuidad operativa, por lo cual el Ejecutivo se ve obligado a optar entre tres alternativas: aumentar los subsidios, subir las tarifas o las empresas entran en default. Cada una de ellas tiene sus tiempos, pero en el mejor de los casos, de no llegarse a un resultado en las negociaciones, la fecha límite es septiembre.

Hay en realidad una cuarta posibilidad, algo utópica, que los sindicatos del sector acepten no aumentar sus sueldos este año. Hasta abril, fue el Gobierno el que aportó el dinero, situación que complica las finanzas públicas.

En aumento

Hay que recordar que, vía caída de los subsidios, la idea primaria del Ministerio de Economía era que la cantidad de fondos destinada a subvencionar las facturas eléctricas vaya disminuyendo, lo que no está ocurriendo. Más bien todo lo contrario. El dinero que el Gobierno debe destinar a estas empresas está aumentando.

Las conducciones de las compañías aseguran que están más lejos que nunca de afrontar nuevos gastos, ya que tienen un nivel de pérdida conjunta de casi $ 1.000 millones. Edesur y Edenor ya blanquearon que sus problemas son fruto del congelamiento de tarifas y el alza de los costos, incluidos los salariales, acumulados hasta marzo pasado.

Accionistas

Muy similar es la situación de Metrogas, la principal distribuidora de gas. Tiene como mayor accionista (70% de las acciones) a Gas Argentino SA (55% British Gas y 45% YPF), más un 20% que flota en la Bolsa y otro 10% de propiedad participada. El lunes tendrá un día clave: acreedores definen si aceptan una quita de 46,8% de la deuda (unos u$s 261 millones), además de la entrega de obligaciones negociables que se amortizarán en su totalidad el 31 de diciembre de 2018 con un interés fijo anual del 8,875%.

Asamblea

Metrogas sostiene que de aceptarse la oferta, la empresa podrá encaminar el concurso preventivo, fundamental para luego comenzar a negociar un futuro algo más venturoso para el 24 de julio, cuando deberá concretarse la próxima asamblea de accionistas. Allí la empresa parece jugarse una carta fundamental: que la nueva YPF estatizada defienda sus intereses buscando generar más caja.

En otras palabras, que sea Miguel Gallucio, el CEO de YPF, el que hable con los centros decisorios del Gobierno nacional para que defina un aumento de tarifas o una suba de los subsidios.