Los costos de la sequía, un ítem que permanecerá en la mesa con el FMI

Las partes tendrán que volver a negociar porque algunos capítulos importantes no quedaron cerrados. Sobre todo, uno en particular: el costo concreto en dólares que la sequía.

El acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional presentado en sociedad el viernes pasado y que entre ayer y hoy determinará el cumplimiento de los pagos con el organismo que maneja Kristalina Georgieva, despeja el panorama hasta después de las PASO del 13 de agosto. Pero luego las partes tendrán que volver a negociar porque algunos capítulos importantes no quedaron cerrados. Sobre todo, uno en particular: el costo concreto en dólares que la sequía provocó en la economía argentina, tanto en cuanto a la pérdida de reservas en el Banco Central como en la caída de la recaudación impositiva. Para el Gobierno, el número a tener en cuenta no puede ser menor a los u$s10.000 millones. Para el FMI, no podría superar los u$s5.000 millones.

El compromiso del equipo local (el viceministro Gabriel Rubinstein, el jefe de asesores Leonardo Madcur y el secretario de Hacienda Raúl Rigo) es tomar contacto luego de la votación del board de la segunda o tercera semana de agosto, con el director gerente para el Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés, y el encargado del caso argentino, Luis Cubeddu. Y retomar las negociaciones, con discreción y sin que trasciendan las condiciones de la discusión en medio de la campaña política. Igualmente, para que el acuerdo pueda firmarse, el FMI y la Argentina dictaminaron que hasta fin de año las reservas formales deberán aumentar en u$s1.000 millones, contra los u$s8.000 originales.

La discusión es el debate sobre el costo de la sequía y su impacto en las cuentas públicas, que diferencia los cálculos de las consecuencias sobre las variables macroeconómicas; y, derivado de esto, sobre la corrección de las tres metas pactadas que el acuerdo de Facilidades Extendidas debería contemplar para cumplir con lo prometido y firmado en marzo del año pasado.

Impacto

Para el equipo económico no hay dudas: el impacto directo sobre los ingresos del país provocados por la falta de lluvias y el consecuente deterioro del panorama exportador alcanzó los u$s20.000 millones; lo que derivó en una pérdida de ingresos por el 50% de ese dinero: 35% por retenciones y 15% por impuestos varios. Esto provocó en que el país no pudiera cumplir con la promesa de una evolución positiva de las reservas del BCRA, con el nivel de déficit y de emisión.

Para el organismo, el fenómeno climático existió y fue grave. Pero sus consecuencias reales, al menos hasta junio 2023, no serían superiores a los u$s5.000 millones; lo que además afectaría las metas de reservas (algo que siempre el FMI estuvo dispuesto a discutir), pero no a las metas fiscal y monetarias. Según la visión del Fondo, La Argentina tenía herramientas fiscales en el primer semestre del año para aplicar más allá de la sequía, para al menos dar la imagen de voluntad de cumplimiento en tiempo y forma las metas de déficit y de emisión monetaria. La posición de Cubeddu era que, en todo caso, sería una cuestión de corrimiento en la medición trimestral de las metas, para aceptar que el país pueda mostrarlas de manera anualizada.

Obviamente se trata de una discusión clave, dado que para el FMI las pérdidas por la sequía son el único argumento válido para que la Argentina pueda incumplir las metas de reservas y déficit fiscal pactados para este año en el acuerdo cerrado en marzo del año pasado; y que
tiene un artículo donde se tienen en cuenta estas contingencias exógenas sobre las que no puede actuar el país. El FMI lo reconoce, pero difiere del costo final.