Los narcos, la corrupción, los fueros y un fallo clave a estudio de la Corte Suprema

Los fiscales Schiappa Pietra y Edery acudieron al máximo tribunal luego de que en Santa Fe se cerraran los caminos para investigar al senador Traferri en una increíble trama de posible corrupción. Una sentencia contradictoria y un dictamen de Casal abren un atajo en un marco complejo. Atentados, juego clandestino, una red de fiscales y la política de fondo.

reconocimiento. Armando Traferri recibió la Orden de San Martín.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene bajo estudio uno de los casos más sensibles que podrían despejar el camino para unir los puntos que separan la siempre sospechada relación de connivencia entre el narcotráfico, el poder político y la corrupción.

Pero no es estrictamente un expediente que verse sobre el narco, sino un planteo de raíz netamente constitucional. ¿Puede un legislador de una provincia tener no solo inmunidad de arresto sino que sus fueros le permitan, además, no ser investigado por la Justicia?

Ese escenario quedó configurado en Santa Fe con el senador del PJ Armando Traferri, cuando los fiscales que han encarcelado a Los Monos y a Esteban Lindor Alvarado se toparon con pruebas que lo señalan al tope de una organización que gestionaba sobornos a funcionarios judiciales y políticos para proteger el negocio del juego clandestino, cuyo financiamiento tenía ramificaciones hacia a las bandas dedicadas al narcotráfico, en Rosario.

Traferri -senador por San Lorenzo y un hombre fuerte dentro del peronismo local- no solo evitó el desafuero, a fines de 2020, sino que ni siquiera pudo ser “imputado” en una audiencia formal. La constitución provincial, en su artículo 51, le agrega a la tradicional prohibición de detención la imposibilidad “de ser acusado” y agrega que sin la conformidad de los dos tercios de la Cámara que integra “no puede ser sometido a proceso penal”. Santa Fe es la única provincia del país que tiene esta prerrogativa en su texto constitucional.

En lo técnico, los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery solicitaron la declaración de inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal Penal de Santa Fe que impone que se abstengan de formular acusación cuando existen fueros de por medio, y que “en la investigación preparatoria que brinde sustento probatorio a la decisión, no se aplicarán las disposiciones que impliquen una sujeción al proceso, o el ejercicio del poder coercitivo respecto del afectado”.

Pueden convocarlo a una declaración pero si no se presenta, no pueden obligarlo. El 22 de febrero de 2022, luego de antecedentes a favor y en contra, la Corte Suprema santafesina rechazó la pretensión y ratificó la protección amplia de los fueros del artículo 51 de la Constitución local -en un fallo que tuvo posiciones disímiles y argumentos, incluso contradictorios entre los votos que conformaron la mayoría-, con la disidencia del ministro Daniel Erbetta, que le dio la razón a los fiscales. El 17 de agosto de 2022, el mismo tribunal denegó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema de la Nación revise aquella decisión.

Pero la situación se modificó el 14 de marzo pasado luego de que el procurador general interino Eduardo Casal dictaminara sobre el recurso de queja que les asistía la razón a los fiscales. No solo pidió a la Corte que haga lugar al planteo de los investigadores, sino que consideró que la corte santafesina había tenido un pronunciamiento doctrinariamente “inválido” porque siendo un tribunal colegiado no se evidenciaba una coincidencia en los fundamentos para la decisión que adoptaron, sino una yuxtaposición de opiniones.

Ese mismo día, en Rosario, Traferri a la salida de la inauguración del año judicial fue filmado saliendo al encuentro deliberadamente de Schiappa Pietra y Edery, en lo que pareció un intento por increpar al primero, tanto que personal de seguridad debió acercarse y se quedaron mirando al senador alejarse, luego de un tenso intercambio. Los fiscales presentaron el video de una cámara de seguridad a la Legislatura como un acto de intimidación.

La postura de Casal sobre la ausencia de “acuerdo genuino” y de “una unidad lógica-jurídica” que debe sustentar la parte dispositiva de una decisión de un tribunal colegiado abrió la hendija que le puede permitir a la Corte Suprema de la Nación un atajo.

Si bien la discusión por los fueros es un asunto estrictamente constitucional que podría derivar en que sea tachado de inconstitucional la propia Constitución local, es un desfiladero angosto que siempre encuentra cuestionamientos a la injerencia de la Corte nacional en la arquitectura jurídica de las provincias. Ejemplos cercanos, en cuanto al sistema electoral, han hecho pie en cuánto podrían incidir en el sistema republicano, un territorio siempre espinoso.

La excepcionalidad de Santa Fe en ese blindaje hacia representantes de las Cámaras -trasladada a modo de ejemplo grotesco a nivel nacional- hubiese impedido que existan investigaciones respecto a Carlos Menem o a Cristina de Kirchner, o a cualquier miembro de la Cámara mientras durara su mandato.

Sin embargo, la posibilidad de la Corte de fulminar el fallo de la Corte provincial por incongruente es un camino que se abre sin la necesidad de hundir el estilete en la constitución local pero con una fuerte señal hacia el Poder Judicial santafesino que ya cuenta con precedentes poco edificantes en cuanto a relaciones espurias con la criminalidad organizada.

El fallo de la Corte santafesina lo tuvo todo: la jueza María Angélica Gastaldi, en su voto, transcribió párrafos de la versión taquigráfica de la reunión secreta que los fiscales mantuvieron ante dos comisiones donde argumentaban su pedido de desafuero en base a las pruebas judiciales obtenidas, teóricamente inaccesible para cualquiera ajeno y que tampoco siquiera obtuvo el Ministerio Público de la Acusación; la relación del juez Rafael Gutiérrez con Traferri es tan pública que el hijo del magistrado fue propuesto por el senador como secretario parlamentario; él junto a Eduardo Spuler apuntalaron la opinión de que Traferri no podía ser convocado antes de ser desaforado; insólitamente, Roberto Falistocco y Mario Metri se pronunciaron en el mismo sentido pero dijeron que “no es necesario el desafuero para avanzar en la imputación”.

Todos, a excepción de Erbetta, cerraron el camino para que los fiscales acudan al máximo Tribunal en el fallo al que accedió Ámbito bajo el argumento de que la cuestión tratada era esencialmente provincial y no implicaba una cuestión federal. Erbetta opinó justamente todo lo contrario. Incluso que corría para el implicado la garantía de ser juzgado en un plazo razonable.

La historia de esta causa comenzó con la investigación acerca del asesinato de un contador que en enero 2020 había salido a fumar a la puerta de un casino de Rosario y cuya responsabilidad en el encargo de Los Monos hoy está en pleno juicio. Edery y Schaippa Pietra descubrieron que había “filtraciones” de parte de un empleado de un fiscal y del propio fiscal al empresario ligado al juego ilegal Leonardo Peiti. Intervinieron su teléfono y para sorpresa de todos, quien lo llamaba era el exdiputado provincial Darío Scataglini quien decía que hablaba “de parte” de Traferri.

A partir de allí, se rastrean antecedentes y en otro expediente de 2017, un fiscal de Venado Tuerto ya había investigado a Peiti con escuchas telefónicas incluidas. Descubren que tenía múltiples intercambios con Traferri y con el entonces secretario parlamentario Ricardo Paulichenco (ya fallecido). Eso permitió que se abrieran otras líneas que investigan a políticos de varios espacios.

Pero sobre Traferri se sumó la coincidencia de los impactos de antena de celular en los momentos en los que se habían planificado encuentros con Peiti. Tanto Traferri como Scataglini están sospechados de haber planificado cederle a Peiti la administración y gestión del juego online pero de manera oficial en toda la provincia en el transcurso de 2019. Scataglini las confirmó y Peiti las confesó al momento de ser condenado a tres años de prisión y una multa millonaria. El negocio del juego online iba a ser monumental según las tratativas que admitió Peiti.

Los Monos estaban en plena expansión del negocio extorsivo de amedrentar vía balaceras y atentados a cambio de dinero. Uno de esos operativos termina abortado y sus ejecutores terminan detenidos. Allí, Los Monos contactan a Peiti, que les pagaba a los narcos y los tenía como socios ocultos de tres de sus emprendimientos para averiguar la suerte de los apresados con sus contactos en la fiscalía. El empresario no dudó: llamó al jefe regional de los fiscales Patricio Serjal.

Tenían montada una estructura para proteger su negocio. Terminó echado, estuvo preso un año y afrontará juicio el año que viene. El otro fiscal fue condenado a seis años de prisión. Gustavo Ponce Asahad se convirtió en imputado colaborador y redujo así su pena a la mitad. Confesó toda la estructura que apuntalaba a Peiti con Serjal.

Los fiscales quieren imputarle a Traferri ser la cabeza de esta asociación ilícita, cohecho y otros delitos contra la administración pública. En el camino, cayeron policías, fiscales y apareció una clara vinculación política y una trama de corrupción.

Mientras tanto, Traferri fue distinguido el pasado 18 de agosto en San Lorenzo -desde donde competirá para un cuarto mandato como senador- con la Orden del Sable Corvo del General Don José de San Martín por su “aporte significativo” al engrandecimiento de la figura del padre de la Patria.