Malvinas: Gobierno dijo que les queda poco a petroleras

El Gobierno advirtió ayer que el próximo 2 de mayo vence el plazo para que las empresas petroleras británicas que operan en aguas de las islas Malvinas presenten sus descargos, tras lo cual concretará «sanciones administrativas» y se iniciarán «acciones judiciales». «El 2 de mayo próximo vence el plazo para que las empresas realicen sus descargos. De no mediar respuesta y vencido el mencionado plazo legal, se aplicarán las sanciones administrativas a cada empresa, en el marco de una resolución dictada por la Secretaría de Energía, atento su condición de clandestinas. Asimismo, se iniciarán acciones penales y civiles», advirtió la Cancillería argentina en un comunicado.

No se dijo cuáles serán las sanciones administrativas que podrían caberles a esas firmas, que en principio no tienen operaciones en territorio continental. Sin embargo, los abogados del Ministerio de Relaciones Exteriores están preparando una andanada de demandas judiciales contra las empresas que no han respondido a las advertencias.

El Gobierno agregó que con esta acción «se reafirma la decisión de la presidente Cristina de Kirchner de defender por todos los medios pacíficos, tanto legales como diplomáticos, nuestros derechos soberanos sobre el territorio nacional así como los recursos naturales que pertenecen al pueblo argentino».

Como parte del plan de acciones que lleva adelante el Gobierno contra aquellas empresas británicas a las que acusa de llevar a cabo «operaciones ilegales» en las Malvinas, el pasado 17 de marzo funcionarios de la embajada argentina en Londres notificaron a las firmas involucradas.

Se trata de las petroleras Argos Resources, Rockhopper Exploration, Borders & Southern PLC, Falkland Oil & Gas Ltd y Desire Petroleum PLC, las que según informó la cartera que conduce Héctor Timerman fueron informadas «de su condición clandestina y de las consecuencias que ello conlleva» por estar realizando tareas de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.

En marzo pasado, la Cancillería comenzó a coordinar un grupo de trabajo con otras áreas del Estado para desarrollar una estrategia legal contra las actividades hidrocarburíferas británicas en las Malvinas, por lo que abrió cinco expedientes administrativos ante la AFIP (DGI y DGA), contra estas mismas empresas.

Este grupo de trabajo está conformado por la Cancillería, la Procuración General de la Nación, la Procuración del Tesoro, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Secretaría de Energía. ENARSA, en calidad de empresa adjudicataria de las áreas costa afuera y, por ende, de los recursos que se usurpan, se presentará como denunciante y principal damnificado en las acciones judiciales que se iniciarán.

Las medidas también alcanzarían a empresas que proveen logística y servicios financieros a las petroleras, aunque en el nuevo comunicado sólo se habla de las cinco mencionadas anteriormente.