Manía estatizadora de Chávez arrasó con una alimentaria mexicana

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Caracas - Hugo Chávez decretó la expropiación de Monaca, una filial local del fabricante mexicano de «tortillas» Gruma, dentro de su plan por controlar la producción de alimentos y frenar el desabaste-

cimiento que aqueja a Venezuela. Este nuevo avance del proyecto «socialista agroindustrial» estatal desplomó las acciones de la compañía tanto en México como en Wall Street.


Chávez decretó la «adquisición forzosa» de todos los bienes de Monaca «que sirven a la producción, procesamiento y almacenamiento a gran escala de harina de maíz, pasta, arroz, aceite, avena», entre otros productos.

La compañía es líder en la producción mundial de «tortillas», alimento a base de maíz y agua, muy popular entre los mexicanos. Las ventas anuales de la empresa alcanzan a más de u$s 2.000 millones.

Según el texto publicado en la Gaceta oficial venezolana, las instalaciones serán destinadas a la ejecución de la obra «consolidación de la capacidad de procesamiento socialista agroindustrial para la Venezuela del siglo XXI» a cargo de la empresa estatal CVA Cereales y Oleaginosas.

En este proyecto, cuya ejecución se califica de «urgente», podrán participar los actuales trabajadores de la empresa en asociaciones y cooperativas de trabajo «bajo el régimen de propiedad colectiva».

Desde México, Gruma indicó que salvo el decreto, no había sido notificada de la expropiación de Monaca, pero que tiene la intención de cooperar con el Gobierno venezolano en la negociación de la venta forzosa de tales activos.

La firma reveló en abril que las autoridades locales habían iniciado un «proceso sancionatorio» contra Monaca por presuntamente haberse negado a vender harina precocida de maíz cuando había escasez del producto, acusación que rechazó en su oportunidad.

La empresa sufrió ayer en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) un descenso del 6,58%.

A fines de 2009, las autoridades venezolanas habían tomado el control temporal de Monaca, como parte de sus pesquisas contra el empresario Ricardo Fernández, socio minoritario de Gruma en el país, pero la empresa siguió operando normalmente.

El Gobierno venezolano incrementó su vigilancia sobre el sector con el objetivo de paliar la escasez que se manifiesta de forma periódica. En 2009, el Ejecutivo fijó por decreto cuotas obligatorias de producción para una docena de alimentos básicos. Por esta razón, las industrias agroalimentarias deben destinar entre un 70% y un 95% de su producción, dependiendo del rubro, a una oferta de productos con precio regulado.

Bajo el mandato de Chávez se han expropiado o intervenido temporalmente varias empresas vinculadas a la alimentación, como procesadoras de arroz, centrales azucareras o torrefactoras de café.

El año pasado fue intervenida una procesadora de cereal del grupo estadounidense Cargill, así como una zona industrial donde funcionan instalaciones de la compañía local privada Polar, la principal de alimentos y bebidas del país.

Agencias AFP y Reuters

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