Marijuán-Camaño-Gentili, en la lista para reemplazar a Nisman

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 Alejandra Gils Carbó se reunió ayer con las entidades de la comunidad judía que siguen de cerca el futuro inmediato de la fiscalía especial para la causa AMIA. Ya es sabido que Alberto Nisman será reemplazado por un grupo de fiscales (posiblemente tres) y que sus nombres se conocerán en las próximas semanas y no hoy, como se especulaba en la Procuración, esencialmente por una cuestión de decoro para con el exfiscal.

Se descuenta que continúe el actual subrogante Alberto Gentili, fiscal que fue elegido en el pasado por Nisman para llevar la firma de la oficina cada vez que él debía ausentarse del país. A él se podría sumar la exfuncionaria del oficialismo, la fiscal Graciela Caamaño, y existen mayores dudas sobre Guillermo Marijuán, que está enemistado con la procuradora pero que conoce al personal de Nisman porque trabajó en la causa así como también a los representantes de las principales entidades que le darían algún apoyo.

Los nombres que baraja la procuradora constituyen la instancia preliminar de una acción central del oficialismo en pleno escándalo por la muerte de Nisman.

La reforma de la SIDE o la propuesta de un candidato a la Corte tienen un efecto de mínima duración mientras no aparezcan certezas en el expediente de la fiscal Viviana Fein.

El analista Diego Lagomarsino, tan sindicado por voceros del oficialismo, está demostrando ser un trayecto de corta duración ya que a pesar de estar imputado hace cuatro días todavía ninguna medida pesa sobre él, que además comienza a verse favorecido por las peripecias de los custodios de Nisman.

Es una realidad aceptada en un oficialismo que se divide en visiones encontradas del caso, ya que mientras se avala el accionar de la fiscal Fein por otra parte sus medidas encuentran opiniones adversas en funcionarios del mismo Gobierno.

La reforma del área de inteligencia se está revelando como un desafío de tamaño incalculable no por falta de determinación sino por la dificultad que tiene el Gobienro para contar con información fidedigna al momento de decidir sus próximos pasos.

Las inquietudes más trascendentes giran en torno del personal de la SIDE y al hecho de que aquellos funcionarios despedidos puedan aglutinarse en torno de un sector de ánimo hostil para con el Gobierno. Una gran Caja de Pandora cuya apertura promete episodios explosivos en un año de elecciones.

En cambio la puesta en marcha de la candidatura de Roberto Carlés a la Corte es una trama que terminará pronto si el oficialismo no encuentra los votos en el Senado. El rechazo a este académico ofrecerá una nueva propuesta necesaria para sostener el debate o bien una reforma de fondo que amplíe la Corte y abra el juego para la negociación con todos los actores legislativos.

Este segundo escenario es más inquietante para la Corte Suprema que un eventual arribo de Carlés a la misma, ya que para Ricardo Lorenzetti sería como si nada hubiese cambiado en cuanto a su capacidad de influencia externa y manejo interno.

Ya se sabe en el cuarto piso de los recurrentes gestos de apoyo y cordialidad que en la última semana tuvieron jueces federales para con el oficialismo con motivo de conocer la continuidad de las actividades de inteligencia, algunas esenciales para su trabajo cotidiano. Así como se conoce el gesto, existen otras lecturas sobre su significado que distan de las que realiza el oficialismo. La más comentada es la de ofrecer un perfil amigable antes de un febrero de máxima tensión entre ambos poderes. Especulación o realidad, desde este lunes el final de la feria veraniega traerá las primeras certezas.

La más esperada es la decisión de Ariel Lijo sobre si finalmente retiene la causa de la denuncia formulada por Nisman o bien la despacha hacia la Cámara para que se defina otro juez. Tanto en el Gobierno como en la Corte domina el pronóstico de que retendrá el caso que ahora será impulsado por los fiscales elegidos por Gils Carbó.

Esas designaciones son claves para la procuradora en su intento de mostrar el equilibrio y la mesura que ha prometido para encarar la estructuración de la oficina de Observaciones Judiciales en el ámbito del ministerio público.

Sería el primer paso frente al clamor opositor que reclama que las pinchaduras a teléfonos se hagan desde la Corte aún sin conocer la opinión de los ministros que suelen tener sus dudas cada vez que se propone una movida de ese estilo tal como ya lo han expresado en acordadas y resoluciones.

Esas posiciones ahora se ponen a prueba en el inicio de un año judicial más predispuesto a la excepciones que a las reglas.

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