La Secretaría de Energía extendió por 60 días corridos, a partir de ayer, las concesiones de cuatro represas hidroeléctricas ubicadas sobre el río Limay en las provincias de Río Negro y Neuquén, en un gesto que fue celebrado por los gobiernos provinciales de Arabela Carreras y Omar Gutiérrez, ya que abre la puerta a una negociación para que esos distritos participen en la futura administración.
Neuquén y Río Negro avalan guiño de Nación por represas
Avanza mesa para que las provincias participen de la futura administración de las centrales.
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En esa línea, la semana pasada el ministro de Economía Sergio Massa y la secretaria de Energía, Flavia Royon, habían anunciado la conformación de un equipo de trabajo que permita en 120 días elaborar una propuesta para la renovación de las concesiones de las centrales hidroeléctricas.
Se trata de Alicurá, actualmente operada por la empresa AES Argentina; El Chocón Arroyito, a cargo de la firma Enel Generación; Cerros Colorados, operada por Oroazul Energy -cuyos contratos vencen el 11 de agosto- y Piedra del Águila, a cargo de Central Puerto, cuya concesión vence el 29 de diciembre próximo.
Energía aclaró que la prórroga de los contratos podría extenderse, por ley, por un total de 120 días, según lo dispuesto en la Resolución 574/2023, publicada este martes en el Boletín Oficial.
En junio, esa Secretaría había dispuesto que la estatal Enarsa asumiera “transitoriamente” el control de esa represas, ante la inminencia de la finalización de los contratos de concesión luego de 30 años en manos privadas.
Las represas involucradas son las primeras de un total de 22 complejos hidroeléctricos cuyos vencimientos de concesión comenzarán a operar a partir de agosto.
Ahora, la Secretaría de Energía consideró “pertinente adoptar medidas dentro del marco contractual que permitan garantizar la continuidad del servicio que prestan las centrales y resguardar los intereses públicos vinculados con la generación energética y preservar la seguridad de las personas y los bienes ubicados en la cuenca”.
Para lograrlo, sostuvo, “deben tomarse medidas tendientes a realizar un traspaso ordenado tanto de los bienes, como de la operación y mantenimiento de las centrales a los nuevos responsables y garantizar que la culminación de los contratos de concesión vigentes no incida negativamente en el despacho de energía que sea requerido por el SADI (Sistema Argentino de Distribución)”.
Durante la extensión de los contratos, Enarsa actuará como veedor para fiscalizar las actividades de las concesionarias mientras se mantenga el período de transición.
“El veedor tiene el derecho de asistir a todas las reuniones de la Asamblea y del Directorio de la concesionaria para lo cual deberá ser formalmente citado, como así también el de examinar sus libros, archivos y documentación, solicitar informes a cualquiera de los órganos y gerencias de la sociedad, designar colaboradores y delegarles funciones y atribuciones”, de acuerdo con la Resolución.
Además, Energía convocó a Río Negro y Neuquén a designar un representante cada una para que, conjuntamente con el representante que designe el Ministerio de Economía, colaboren con Enarsa durante el período de transición establecido, en un guiño a los pedidos provinciales.




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