Nisman: Gobierno entregó al juez nombres y pinchaduras

Edición Impresa

• PULSEADA SUBTERRÁNEA POR EL CONTROL DE LA CAUSA INICIADA POR LA DENUNCIA DE NISMAN

 El juez federal Ariel Lijo recibió ayer la información reservada requerida a la ex SIDE y que ahora es accesible por la decisión del Gobierno de levantar el secreto que imperaba sobre la identidad de dos agentes que trataron con Alberto Nisman y las transcripciones de las escuchas telefónicas que el fiscal manejaba.

En paralelo, Oscar Parrilli aseguró ayer que ni Ramón Héctor Bogado ni Héctor Yrimia, ambos señalados en la denuncia de Nisman, son o fueron empleados de la ex SIDE.

Por otra parte, Parrilli informó al juez que el pasado 12 de noviembre la ex SIDE formuló una denuncia criminal a los fines de esclarecer la posible comisión del delito de "tráfico de influencia" por parte de Bogado, "quien, no siendo personal de este organismo, se presentaba ante funcionarios de la Administración Nacional de Aduana como agente de esta secretaría".

Ahora, Lijo y el fiscal Ramiro González, a cargo de la causa por la denuncia de Nisman, piden saber si esas dos personas son efectivamente agentes del organismo de inteligencia, y que Oscar Parrilli informe qué tipo de tareas realizaban y otros detalles que puedan surgir de sus eventuales legajos.

Lijo conservará el expediente del supuesto encubrimiento de la pista iraní por lo menos hasta el final de la feria judicial. Ese dato molesta al kirchnerismo porque Lijo no es, en estos momentos, un juez afín a su paladar, por lo cual el plano ideal sería que éste remitiera el caso a la cámara para que ingrese otro magistrado.

El obstáculo para estas intenciones es que esas determinaciones, a diferencia de otras instancias revisoras, en Comodoro Py corresponden a un solo hombre: el camarista Martín Irurzun, a quien el oficialismo también ubica en su eje del mal.

Irurzun es un hombre de buen trato con Ricardo Lorenzetti y es el jefe directo de Federico Morgestern, académico que desde hace algunas semanas ha obnubilado a un sector de los tribunales -y a no pocos políticos- con su doctrina sobre la "cosa juzgada": el giro que propone en su último libro sostiene que si un juez no genera confianza todo lo que éste ha firmado es sensible de nuevas revisiones.

La "cosa juzgada" es un criterio que hoy la Corte Suprema tiene sobre la mesa porque en breve el máximo tribunal deberá decidir si Juan José Galeano, el juez original del caso AMIA, es sometido al juicio del presunto encubrimiento de la pista siria. Ocurre que Galeano ya ha sido sobreseído por el exjuez Gabriel Cavallo.

Un sector del oficialismo comulga con la idea de que en realidad Lijo quiere apartarse de los expedientes vinculados a la AMIA. Señalan que el caso del encubrimiento en el cual están acusados Galeano y los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia es duro para el magistrado por la relación personal que éste habría construido con algunos de los implicados, con un dato adicional: tanto los dos exfiscales como el juez tuvieron audiencias privadas en el silencio de Santa Marta con el papa Bergoglio.

Vicisitudes procesales que ayer confluyeron con asuntos mucho más ásperos, como el informe que llegó hasta Balcarce 50 a media mañana que dice que el juez Manuel de Campos recabó, antes de ser sustituido por Fabiana Palmaghini, el dato de que Nisman habría discutido por teléfono, el jueves previo a su muerte, con uno de los exdirectivos de la ex SIDE que fueron removidos a partir de la llegada de Oscar Parrilli y Juan Martín Mena. Por esa situación tensa, Nisman le habría solicitado a su colaborador el arma que luego pondría fin a su vida. Por eso anoche el oficialismo buscaba, a través de las fuerzas de seguridad, tener la locación geográfica precisa de los exgerentes de la catedral de la clandestinidad.

A partir de hoy la jueza Palmaghini comenzará a utilizar para sus diligencias a la Policía Metropolitana, la misma fuerza que desde hace semanas se dedica a realizar allanamientos en la Procuración General por las denuncias contra Alejandra Gils Carbó por sus designaciones y que está bajo la órbita del exjuez Guillermo Montenegro, que conoce muy bien a su excolega Lijo.

Otro dato que es antipático para el oficialismo y que va en paralelo al hecho reconocido por el propio juez de que Nisman se comunicó con su despacho en dos ocasiones durante los últimos días, la última luego de que se conoció la decisión de María Servini de Cubría de no habilitar la feria judicial para expedirse sobre la acusación formulada por el fiscal.

Aun así, Servini no será del todo ajena a las próximas novedades que se generarán en el despacho de Lijo. Es cercana al juez y es una de las principales impulsoras de la carrera del fiscal González. El otro fue Esteban Righi, eyectado de su oficina en los albores del caso Ciccone, otro expediente que por estas horas adquiere rasgos de cuestión menor.

Dejá tu comentario