Obama vs. Congreso: ¿jugando con fuego?

La noticia del posible cierre de las reparticiones gubernamentales en Estados Unidos ha recibido poca atención en el mundo de habla hispana. Ni siquiera en el madrileño El País se menciona esta gravísima situación cuando en Estados Unidos ha sido noticia de primera plana desde hace una semana. Probablemente la razón es que fuera de Estados Unidos a la gente le cuesta entender qué es lo que está pasando y por qué. Menos aún queda claro cuáles pueden ser las consecuencias de esta medida.

La posibilidad de una parálisis parcial del Estado federal es consecuencia de una puja entre el Congreso dominado por los republicanos y el Ejecutivo liderado por un presidente del partido demócrata. Ninguna de las partes quiere dar el brazo a torcer en las negociaciones del Presupuesto. Según una ley aprobada en 1974, ambas cámaras deben aprobar la legislación necesaria para fondear la actividad del Gobierno federal antes del 30 de septiembre, último día del año fiscal. En la práctica esto casi nunca ocurre, pero generalmente se llega a un acuerdo (desde 1977 sólo en quince ocasiones se produjo un cese de actividades en el Gobierno).

Alentados por las últimas elecciones legislativas, que les dieron el control de la Cámara baja, y presionados por la extrema derecha (léase el movimiento «Tea Party»), los representantes del Partido Republicano quieren ahora imponer al presidente Obama un drástico programa de reducción del déficit. La diferencia entre ambas partes es de sólo 7.000 millones de dólares, una suma relativamente pequeña ya que equivale a 17 horas del gasto total anual. Sin embargo, las diferencias de fondo son mucho más profundas y de largo plazo.

Si ambas partes no llegan a un acuerdo antes de la medianoche del viernes, el Gobierno se verá forzado a cerrar reparticiones y parar actividades no esenciales (por ejemplo, el Smithsonian Institution). Actividades o reparticiones esenciales como la Reserva Federal, el ejército o los controladores de tráfico aéreo) seguirán operando. Según el presidente Obama, sería una irresponsabilidad total forzar el cierre del Gobierno.

Algo parecido ocurrió en 1996, cuando Newt Gingrich era el líder republicano en la Cámara baja y el demócrata Bill Clinton era presidente. En esta ocasión aunque el guión es parecido, el elenco es distinto. Quien lidera la discusión por parte de los republicanos es el representante por el estado de Wisconsin Paul Ryan, que preside la Comisión de Presupuesto. Ryan, de sólo 41 años, es una estrella ascendente del Partido Republicano. Fue él quien en 2008 presentó en el Congreso un plan detallado para recortar drásticamente el gasto público en Estados Unidos llamado «Roadmap for Americas Future». Su propuesta actual para reducir el déficit del Presupuesto es una versión muy simplificada del Roadmap.

Ryan quiere reducir el gasto público en $ 6 billones de dólares en los próximos diez años. Para lograrlo propone simplificar el código impositivo, reducir el Impuesto a las Ganancias para individuos y empresas y transformar radicalmente el programa de Medicare (y básicamente derogar la reforma del sistema de salud de Obama). El mérito de la propuesta de Ryan es que ataca la raíz del desequilibrio fiscal de Estados Unidos, lo que se conoce como «entitlements» que son los gastos de Medicare, Medicaid y seguridad social. Según un estudio de la Heritage Foundation (republicana) si se mantiene la tendencia actual, para el año 2052 estos «entitlements» se comerían todos los ingresos fiscales, dejando sin recursos a otros gastos esenciales como Defensa. En esencia, lo que plantea Ryan es traspasarle una porción de estos entitlements a los gobiernos estaduales y a los individuos. Teniendo en cuenta la crítica situación fiscal en la que se encuentran muchos estados de la Unión, no es tan claro que sea tan buena idea.

Según la oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) la propuesta de Ryan reduciría el gasto público federal como porcentaje del PBI al 20,25% en 2022 y al 14,75% en 2050. Consecuentemente la Tesorería pasaría de un déficit de casi el 9% en 2010 a menos del 2% en 2022 (y a un superávit del 4,25% en 2050). Por otra parte la deuda pública caería en casi un 80%. Pero estas proyecciones asumen que los ingresos fiscales se mantienen en 19% del PBI. Como bien señala The Economist son poco realistas ya que se basan en el supuesto de que esos ingresos se mantienen en el 19% del PBI a pesar de una reducción significativa en la tasa del Impuesto a las Ganancias (al menos Ryan no presupone una curva de Laffer). Supuestamente eso se lograría eliminando deducciones y exenciones impositivas. Parece más que nada un ejercicio de optimismo ilusorio. The Economist también señala que la propuesta de Ryan para reducir el gasto público es demasiado vaga, ya que casi un 25% de las reducciones propuestas son en programas no especificados.

Claramente la estrategia republicana consiste en «hacer que la bestia se muera de hambre» (starve the beast), siendo la bestia el estado benefactor. Ninguna de las propuestas republicanas contempla la posibilidad de un aumento de los impuestos como herramienta para reducir el déficit. Esto es así porque todos los legisladores republicanos y algunos demócratas (tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado) han firmado el «Taxpayer Protection Pledge» (Pacto de Protección al Contribuyente). Se trata de un compromiso por escrito de votar en contra de cualquier legislación que aumente directa o indirectamente los impuestos.

La última vez que los republicanos provocaron el cierre del Gobierno federal les salió el tiro por la culata. En aquel entonces, el presidente Clinton salió beneficiado ante la opinión pública. Fue el principio del fin de la carrera política de Gingrich, que era considerado la estrella de su partido (aunque logró un presupuesto equilibrado en 1997). Según algunos analistas, el partido republicano se expone nuevamente a una derrota. En tal caso, Obama puede asegurarse la reelección (que anunció hace pocos días). Lo mismo le ocurrió a Clinton en 1996.



Probablemente se produzca el cierre durante el fin de semana y Obama y los republicanos lleguen a un acuerdo el día lunes. En tal caso, no habrá mayores consecuencias. En cuanto al impacto sobre los mercados financieros, a corto plazo, probablemente será muy leve si es que se llega a un acuerdo el lunes. Caso contrario, se podría producir bastante turbulencia en el mercado de bonos como ocurrió en 1996. Sin embargo, la advertencia de Geithner de que se podría desatar una crisis similar a la de 2008 parece exagerada. A largo plazo el efecto de esta disputa es positivo, ya que demuestra que la reducción del déficit fiscal está al tope de la agenda, tanto para los demócratas como para los republicanos.