Oficialismo propone recorte de la jornada de trabajo de 48 a 36 horas por semana

El objetivo es pasar de cinco a cuatro días. “Incrementa la productividad, disminuye costos empresarios y accidentes”, argumentó el legislador por la Ciudad de Buenos Aires. Otra iniciativa apunta a ampliar los juzgados y las salas para disminuir demoras en juicios.

Mariano Recalde

El senador Mariano Recalde fue más allá de los recientes pedidos de la CGT aunque, en línea con lo planteado por la central sindical, presentó un conjunto de proyectos entre los que se destaca el recorte de la jornada de trabajo de 48 a 36 horas, con el objetivo de activar una semana laboral de cuatro días. “Se reducen todos los máximos legales: régimen diurno, nocturno, insalubre y regímenes especiales”, detalló en redes sociales.

Según Recalde, la disminución de las horas de trabajo propuesta “incrementa la productividad, disminuye costos empresarios y accidentes, y permite una mejor distribución del empleo, así como de la conciliación entre la vida personal y laboral”. A eso se le suma una iniciativa para unificar toda la normativa relacionada con esta área en un “Código del Trabajo”.

Otro proyecto apunta a la “creación de 40 juzgados y cinco salas en el ámbito de la Justicia Nacional del Trabajo”. En esa línea, el senador manifestó: “Mientras que en países como Brasil, Chile, Colombia o Uruguay, la duración de los juicios laborales es de un año o menos, en nuestro país el promedio es de dos años y medio. En la Argentina pueden llegar a cuatro años y medio, a lo que se debe sumar una duración promedio de uno a dos años más en segunda instancia. Ampliar la cantidad de juzgados y salas nos permitirá reducir los plazos y tener una Justicia laboral más ágil y efectiva”.

Para el senador está “claro que la legislación laboral debe adecuarse, pero el camino es ampliar derechos, no eliminarlos como proponen algunos sectores”, en referencia a la oposición de Juntos por el Cambio y el liberalismo de Javier Milei, entre otros. “Reformas laborales sí, pero progresivas: con más derechos, con normas que promuevan el empleo registrado y la salud integral de todos los trabajadores y trabajadoras”, finalizó.

Dificultad

Un tema no menor y que genera problemas en la Cámara alta está relacionado con las comisiones, que no reactivaron su labor desde inicios del período legislativo y, por tanto, no aparecen dictámenes de ninguna iniciativa. Un ejemplo claro son los pliegos judiciales que se acumulan en la comisión de Acuerdos, que preside la legisladora oficialista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza). Sobre los proyectos de Recalde, la comisión de cabecera podría ser la de Trabajo, que comanda la también cristinista Juliana di Tullio.

Hay otros proyectos en fila. Uno es el que aprobó Diputados días atrás para mejorar la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La discusión más importante de la iniciativa se dio a instancias de la oposición -Juntos por el Cambio y el interbloque federal, entre otros-, por la observación que realizó sobre el dictamen de mayoría que había empujado el kirchnerismo y, en disidencia parcial, el PRO. La lupa se direccionó sobre la forma de designar a las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), que dependerá del Ministerio de Economía. Luego, la oposición se unificó en el recinto y votó en contra -en general-, aunque ausencias llamativas ayudaron a que el texto avanzara y pasara al Senado.

Diputados

La comisión de Juicio Político, que comanda la legisladora kirchnerista Carolina Gaillard, recibió días atrás al exadministrador del máximo tribunal de Justicia Héctor Marchi, quien realizó explosivas declaraciones en el marco de las investigaciones que empujan diputados del Frente de Todos sobre supuestos desmanejos en la obra social de judiciales. El cronograma indicaba que el funcionario continuase hoy, pero su visita se pospondrá para la semana próxima debido a que debe declarar ante el juez Ariel Lijo por una causa relacionada con el mismo tema.

Días atrás, Gaillard confió a la agencia estatal Télam que Marchi “avisó que no va venir porque tiene que ir a declarar ante Lijo, pero lo vamos a volver a citar el martes 9 de mayo porque él se comprometió en la última audiencia a volver” para ampliar su testimonio.

Para la audiencia de esta tarde, convocada a las 15, fue citado una vez más el extitular de la obra social Aldo Tonón; el secretario letrado de la Corte, Sebastián Clérici; el contador Nicolás Serafini; el director de Informática de la Corte, Andrés Sacchi; una secretaria de Juan Carlos Maqueda y un damnificado. Se trata de la decimosegunda reunión de la comisión desde que inició el trabajo el 26 de enero pasado.