Pesquisa en Defensa por coimas

En una investigación iniciada de oficio por la Oficina Anticorrupción (OA), encabezada por el fiscal Julio Vitobello, sobre la presunta comisión del delito de cohecho (artículo 256 del Código Penal) por parte de un grupo empresario alemán, Ferrostaal AG, a funcionarios del Ministerio de Defensa y de la Armada, apunta a analizar los pormenores de una operación comercial que se inició mediante un acuerdo de cooperación bilateral firmado por el Ministerio de Defensa (Armada Argentina) con el astillero chileno estatal ASMAR. Era para adquirir «la ingeniería básica» (planos) para la construcción de cinco patrulleros oceánicos multipropósito (POM); se desembolsaron 2.730.000 euros. La pesquisa también incluye la compra de la licencia de construcción (royalty) que la Armada debe pagar al titular del diseño del navío, el astillero germano Fassmer, unos 500 mil euros.

El caso tomó un nuevo impulso esta semana a través de declaraciones efectuadas en Alemania por un testigo protegido. El testimonio en cuestión detallaba nombres de dos almirantes (Uberti y Leprón), un capitán de ultramar, Palma (que corresponde a capitán de navío), dos abogados (Graf y otro con el mote de «Goldlocke») y daba indicios acerca de la cuenta bancaria que se habría utilizado para el pago de la supuesta coima, que pertenecería al diseñador de veleros Germán Frers.

La presión sobre la jefa castrense disparó una medida de alivio; el ministerio radicó otra denuncia penal y el trámite se cumplió aun sin ninguna confirmación de la veracidad de los dichos del testigo alemán.

Coletazo

Hoy, en el 51º aniversario de la creación del Ministerio de Defensa, las oficinas del edificio Libertador arden por los coletazos de la denuncia de corrupción planteada por la OA. Los funcionarios más cercanos a Garré, entre ellos, Gustavo Sibilla, secretario de Estrategia y Asuntos Militares; Raúl Garré, jefe de Gabinete; y Paula Honish, de la Dirección de Transparencia Institucional, tamizan los expedientes y documentos del proyecto POM que datan de 2004.

El 20 de noviembre de 2007, los ministerios de Defensa de ambos países firmaron un memorándum de entendimiento para desarrollar naves de patrullado oceánico (POM). Preveía logística compartida, intercambio de personal y de conocimientos técnicos, todo para abaratar costos. Luego, Nilda Garré, por la Resolución 17/2007, autorizó al Estado Mayor General de la Armada (EMG) a tramitar y a suscribir los acuerdos para el cumplimiento de esos objetivos. Un mes más tarde (diciembre de 2007), la Armada Argentina y los Astilleros y Maestranzas de la Armada de Chile (ASMAR) celebraron un contrato que permitió a la Marina comprar la «ingeniería básica» (diseño y planos) de la Patrullera Oceánica Multipropósito (POM) y se pagó el royalty al grupo Fassmer.

Los sabuesos de Garré cotejaron que todos los nombres brindados por el testigo alemán se corresponden con los siguientes: contraalmirante retirado Alejandro Uberti, vicealmirante retirado Gustavo Leprón, fue director general de Material Naval y hasta la semana pasada se desempeñaba en el astillero Tandanor -dejó el cargo de manera abrupta-, era el responsable del proyecto de reparación del rompehielos Almirante Irízar.

Leprón fue designado por la propia ministra Garré a solicitud del jefe naval Jorge Godoy; el contraalmirante Juan Carlos Palma fue jefe del Departamento Evaluación del Sistema Logístico Naval de la Dirección General del Material Naval y jefe del Proyecto Construcción de los Patrulleros Oceánicos Multipropósito (POM); Helmut Graf, ex director del grupo Thyseen en la Argentina, litigó contra el ministerio para recuperar la inversión que hizo Thyssen en los setenta por el fracasado proyecto de construcción de cuatro submarinos TR 1700. «Goldlocke» sería Osvaldo Parrinella, asesor jurídico de la Dirección General de Material Naval, subordinado del vicealmirante Leprón.