Pobreza: ¿qué se puede hacer y no se hizo?

El Gobierno anuncia un plan para combatir la pobreza como quien inaugura una gestión, sin el bagaje de 6 años de crecimiento a tasas «chinas». La pregunta que inevitablemente surge es: ¿qué pudo haber hecho -y no hizo- en estos años para lograr una mejor redistribución del ingreso? Dos exponentes de tendencias bien diferentes del arco político-ideológico dan su visión.

Para el ex ministro de Economía Roque Fernández, «las medidas tomadas tras la crisis de 2001 desfavorecieron el tratamiento local de la pobreza; el impuesto al cheque y las retenciones no son coparticipables, su asignación queda a discreción del Ejecutivo nacional y esos fondos pasan a cumplir un rol político en aras de la perpetuación». Por eso, dice, «se tornan asistencialistas y no van a programas estructurales: son fondos que compran votos y no proveen soluciones». ¿Cómo evitarlo? «Con programas permanentes descentralizados, porque es mucho más fácil controlar lo que se hace por la indigencia a nivel local».

Roque Fernández considera además que «la pobreza se ve muy agravada porque el mecanismo actual es pro cíclico: con viento de cola, el Ejecutivo tiene muchos fondos, pero cuando empieza el ciclo adverso, los fondos se cortan y las políticas populistas de controles de precios no son sostenibles, entonces viene el ajuste y la caída es brutal». Su conclusión es que «las políticas que se han utilizado son pro cíclicas de pobreza».

Para el diputado y economista Claudio Lozano, «el Gobierno tendría que haber adecuado el tipo de intervención estatal porque el salario mínimo y el convenio colectivo funcionan como instrumentos de redistribución con pleno empleo y desarrollo industrial, pero en un país donde el 60% de la fuerza laboral está afuera del circuito formal, estos instrumentos no bastan». ¿Qué debió hacer el Gobierno? «Formular políticas públicas tendientes a fijar un piso mínimo de ingreso al conjunto de los hogares: además del salario mínimo, un seguro de empleo y formación para los desocupados, generalización del sistema de asignaciones familiares a todos los informales, cuentapropistas y desempleados y jubilación universal para que todos accedan al menos al haber mínimo». Este es el único punto, aclara, «en el cual el Gobierno hizo algo -la moratoria que incorporó un millón y pico de personas- pero con los mismos recursos del sistema con lo cual acható todos los haberes». La ausencia de ese piso de ingreso, limita la capacidad de discusión del excedente por parte de los trabajadores, explica Lozano, y es por eso que «entre 2004 y 2006 la recomposición de la participación de los asalariados en el ingreso ni siquiera llegó al nivel de 2001».

Consultado acerca del estímulo a la inversión y la creación de empleo, Roque Fernández dice que «el esquema fiscal actual tiene un fuerte sesgo impositivo sobre la contratación de mano de obra: por cada 100 pesos que un empresario le paga al trabajador tiene otros 100 en cargas sociales y caja sindical; y tener fondeado una parte del sistema de seguridad social con impuestos a la contratación de mano de obra traba la solución estructural al tema de la pobreza que es la creación de empleo». También se podría pensar, dice, «pero con cuidado porque todo tiene costo fiscal, que la inversión en sectores de mano de obra intensiva se use como crédito fiscal a cuenta del Impuesto a las Ganancias porque una reforma tributaria que verdaderamente estimule la inversión repercutiría no sólo en más producción y empleo sino también en mayor recaudación; la presión fiscal de hoy hace recaudar menos que si fuese más baja».

Por último, el ex ministro hace una acotación política: «Vivimos un deterioro institucional por el cual han crecido significativamente los recursos sobre los cuales no se rinden cuentas y si el Congreso no abre ese debate, podemos tener otra vez viento de cola y los problemas sin solución». Para Lozano, la clave está en que «los excedentes se puedan transformar en niveles de inversión más altos y en actividades que no sean las que quedaron después del colapso: unas pocas empresas, en su mayoría de capital extranjero y dominantes en un número limitado de sectores, que se apropian del grueso del excedente y sólo invierten para mantener su posición y el resto lo transforman en consumo de importados o lo fugan al exterior».