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Previsible: vuelven provincias a dar áreas rescindidas
La decisión de Santa Cruz está en línea con lo anticipado por este diario respecto de la intención de los mandatarios que habían retirado áreas a YPF tras el fracaso de las negociaciones con la empresa por un aumento del 15% en la producción de gas y petróleo. «En función del nuevo panorama político, institucional y empresario a partir de lo que va a ser ley, sin duda alguna», justificó Peralta.
Sus pares de Chubut, Martín Buzzi, y de Mendoza, Francisco Pérez, manifestaron hace una semana que analizarían restituir a YPF las áreas petroleras que le quitaron a la compañía en el marco de la embestida nacional contra Repsol. Para Buzzi, por caso, la decisión, en términos administrativos, puede ser algo engorrosa porque ya avanzó en el proceso licitatorio de los yacimientos, El Trébol-Escalante y Campamento Central-Cañadón Perdido.
Además de ese trío, Neuquén, Salta y Río Negro también retiraron áreas, mientras La Pampa y Formosa habían iniciado un reclamo por mayor inversión a YPF que no llegó a traducirse en la quita de concesiones.
En tanto, los gobernadores de las diez provincias productoras de hidrocarburos se reunirán hoy en la Casa de Chubut para comenzar a definir de qué manera se distribuirá el 25% de las acciones de YPF.
La discusión se dará en el marco de la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), integrada por Santa Cruz, Neuquén, Formosa, Jujuy, Salta, Mendoza, La Pampa, Río Negro, Tierra del Fuego y Chubut, y que deberá también ensayar una defensa del rol que ocupan dentro del nuevo esquema de reparto frente a la presión de las provincias no productoras que reclaman ser incluidas en la nueva YPF.
En cuanto a la composición del directorio provincial, los gobernadores ya aclararon que los cargos serán rotativos, un sistema similar al que aplica la OFEPHI y que, por caso, tiene hoy al mandatario de Chubut, Martín Buzzi, como presidente. El punto más difícil de la negociación es la determinación del criterio que se utilizará para la asignación de la participación accionaria, una vez que se apruebe la ley y de acuerdo con los parámetros en ese sentido que, a priori, fije. En este sentido, el proyecto del Gobierno establece que la cesión a las provincias se hará «asegurando que la distribución de acciones se realice en forma equitativa, teniendo en cuenta para tal fin los niveles de producción de hidrocarburos y de reservas comprobados de cada una de ellas».
En esa pelea se anotan, fundamentalmente, Chubut, Santa Cruz y Neuquén, que en conjunto explican el 70% de la producción total del país, con una incidencia de las regalías en los recursos propios de cada provincia del orden del 20% y el 30%. En segundo lugar aparecen Mendoza, Río Negro, La Pampa, Salta, Tierra del Fuego, Jujuy y Formosa, que ayer también plantearon la necesidad de que se atienda con especial cuidado qué impacto tendrá la estatización de las acciones de YPF en cada uno de los miembros de la OFEPHI. Todas las cuestiones se reflejan en beneficios a través de regalías y en una mayor participación en la toma de decisiones.
La otra discusión es el tironeo de las provincias que no integran la OFEPHI, pero que reclaman ser parte del paquete de acciones.
En ese esquema ya plantearon su incomodidad con la actual ley los gobernadores Daniel Scioli (en Buenos Aires se realiza un amplio porcentaje del proceso de refinamiento); de Corrientes, Ricardo Colombi; de Misiones, Maurice Closs; y de Santa Fe, Antonio Bonfatti.
Sin embargo, los mandatarios petroleros parecen estar lejos de hacer lugar al reclamo de sus pares.
El Gobierno también fijó su postura al respecto. Para el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, la participación de las provincias ya está representada en el 26,01% de las acciones que ostentará el Estado nacional.
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