Quieren registro de ADN para detectar delitos

Cristian Ritondo

Si prospera la reforma del Código Contravencional que anunció Mauricio Macri, la Policía Metropolitana podría detener a los manifestantes encapuchados, como parte de las propuestas para dar más facultades a la fuerza porteña. Del mismo modo el jefe de Gobierno envió otro proyecto de ley, para que los metropolitanos puedan «fortalecer la actividad del Estado destinada al esclarecimiento de los ilícitos». Es uno de los cuatro proyectos que recibirá la Legislatura porteña, en este caso para crear un registro de ADN que se utilice para el esclarecimiento de delitos, aun teniendo en cuenta que la Ciudad de Buenos Aires no tiene competencia sobre la totalidad de los delitos penales, ya que no le fueron transferidos.

Ese «registro de huellas genéticas digitalizadas» en su momento fue promovido por el titular de la bancada PRO, Cristian Ritondo, de acuerdo con los fundamentos de la iniciativa.

Las muestras que den con el mapa de ADN se tomarían a delincuentes, víctimas, fallecidos, familiares de personas desaparecidas, de imputados, procesados y condenados y de personal policial entre otras variantes, pero impone que se le tomen a cada recién nacido para nutrir el registro, a partir de los dos años de promulgada la ley.

La iniciativa ya desató la polémica legislativa, que se agrega a la de normas nacionales sobre los análisis de ADN involuntarios.

Para completar el paquete de normas, Macri agregó otro tema de confrontación con la oposición al PRO en el recinto de la Legislatura, al enviar una ley para que autoricen a la Metropolitana el uso de las pistolas Taser. Según el Ministerio de Seguridad que conduce Guillermo Montenegro, las armas no fueron adquiridas aún, pero la Justicia ya frenó la posibilidad de su uso. Con una ley, Macri busca refutar los argumentos.

La propuesta señala que «la utilización de este tipo de armas no es un descubrimiento perverso de este Gobierno, como algunos pretenden maliciosamente instalar seguidos de un fin ideológico que no responde a las necesidades de los ciudadanos, muy por el contrario, existen más de 40 países en el mundo que utilizan esta herramienta de prevención del delito (Brasil, Colombia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y Suiza, entre otros), debiendo incluso mencionarse a la hermana provincia de Córdoba dentro de las jurisdicciones que utilizan este tipo de armas no letales». Así, pide que se autorice con una reforma a la ley de Seguridad Pública, «recurrir al uso de armas electrónicas de incapacitación motora no letales y/o armas de fuego solamente en caso de legítima defensa, propia o de terceros y/o situaciones de estado de necesidad en las que exista peligro grave, inminente y actual para la vida de las personas protegidas, o para evitar la comisión de un delito que entrañe ese mismo peligro, debiendo obrar de modo de reducir al mínimo los posibles daños y lesiones a terceros ajenos a la situación».

El último de los proyectos del combo sobre seguridad, se refiere a la construcción de comisarías porteñas para las cuales el Gobierno de Macri quiere edificios donde también funcionen las oficinas del ministerio público, aunque separadas, próximas. Hasta ahora la administración porteña hizo dos intentos de comenzar la instalación de comisarías: uno en el Parque Sarmiento, en la zona de Saavedra y otro en el Parque Los Andes en el barrio de Chacarita. La oposición presentó amparos y la construcción se frustró.

El proyecto solicita la autorización para poder instalar los edificios en las zonas catalogadas como Urbanización Parque (UP) pero con un estudio de impacto ambiental previo.