Recayó en Servini denuncia a Franco

La polémica en torno al juicio en España al juez Baltasar Garzón se acrecentó ayer por la presentación en Buenos Aires de una querella para que se investiguen los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen de Francisco Franco. Familiares de víctimas del franquismo y organismos de derechos presentaron la demanda, que recayó en el juzgado federal de María Romilda Servini de Cubría. Los querellantes expresaron su solidaridad con Garzón, quien se encuentra a punto de ser suspendido en su cargo como juez de la Audiencia Nacional de España por haber investigado desapariciones y sustituciones de identidad de menores que tuvieron lugar bajo el franquismo.

Los dos casos presentados ayer son los del alcalde y diputado provincial en Salamanca Elías García Holgado, que en 1936 fue encarcelado y luego fusilado por el franquismo, y el de Severino Rivas, alcalde de la localidad de Castro Rei, en Lugo, fusilado en 1936. En el caso de Rivas, el cuerpo permaneció desaparecido hasta 2005, cuando su hijo, luego de larga búsqueda, consiguió que fuera identificado en una fosa común.

Uno de los demandantes es el español Darío Rivas, de 90 años, hijo de Severino Rivas, y la otra es la argentina Inés García Holgado, sobrina nieta de Elías García Holgado.

Además de estos homicidios puntuales, la demanda impulsada por el abogado Carlos Slepoy, querellante en causas por crímenes de la dictadura argentina en el juzgado de Garzón en Madrid, pide que se tome como período de investigación de los «delitos de genocidio y/o lesa humanidad» a todo el franquismo, desde el 17 de julio de 1936 (un día antes del alzamiento de Franco) hasta el 15 de julio de 1977, cuando se realizaron las primeras elecciones democráticas.

«En España se continúa viviendo como durante los 40 años de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975). Hay en cierto modo un silencio cómplice», señaló una carta de Rivas leída en los tribunales federales de Comodoro Py.

El caso que llevaba Garzón se frenó por acusaciones de grupos ultraderechistas, opuestos a la revisión de unos 114.000 casos de ejecuciones, entre otros delitos de lesa humanidad, desde que Franco se alzó en armas contra la República en 1936 y encabezó luego una dictadura hasta 1975. La sala penal de Tribunal Supremo español entendió que Garzón había incurrido en prevaricato, decisión que fue apoyada por el conservador Partido Popular (PP).