Se protegen Chevron y Gobierno ante un eventual embargo

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• Hay sospechas de que fondos buitre podrían haberse asociado a abogados que litigan en Ecuador contra Chevron

El Gobierno tiene una seria sospecha: fondos buitre que litigan contra el país en Nueva York podrían haber comprado -o al menos se habrían asociado- hace un tiempo a un estudio de abogados ecuatorianos y norteamericanos como parte del juicio que en ese país se entabló contra la petrolera norteamericana Chevron. El objetivo sería detectar algún embarque futuro de petróleo o el giro de dividendos de la compañía al exterior, para aplicar eventuales embargos. Frente a esa posibilidad, el Gobierno y la empresa asociada con YPF habrían firmado un acuerdo para accionar en un futuro si se produce un avance de los fondos buitre en ese sentido.

Se sospecha que detrás de los abogados ecuatorianos y norteamericanos estarían dos de los fondos buitre que litigan con más dedicación contra la Argentina en los tribunales de Nueva York: el Elliot de Paul Singer (el mismo que encabeza el juicio contra el país ante Thomas Griesa y la Cámara de Apelaciones de Nueva York, y eventualmente la Corte Suprema), y el Dart, de Kenneth Dart. El contacto y la operación entre los abogados y los fondos buitre se habría realizado desde Londres, donde Chevron tiene una sede y donde ya hay antecedentes en la Justicia británica de embargos a commodities y dinero en otros casos. De hecho Singer embargó a Congo-Bazeville y Dart a República Sudafricana por envíos petroleros en operaciones similares a la que Chevron está realizando en la Argentina.

La cobertura frente a la eventualidad de un embargo es una de las famosas ocho cláusulas secretas firmadas en el contrato de la petrolera argentina y Chevron. Otra cláusula apunta a proteger los envíos de petróleo y giros de divisas en el exterior, ante otro peligro de embargo: el de la española Repsol. Esta petrolera inició un juicio contra la Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), por unos u$s 9.500 millones, por la eyección de la empresa de YPF a comienzos del año pasado. Pero además, se sospecha en Buenos Aires, que los españoles podrían estar avanzando en movimientos ante diferentes tribunales internacionales por donde podría circular el petróleo obtenido en Vaca Muerta, avanzando en potenciales embargos. Para los europeos, según la presentación ante el organismos judicial del Banco Mundial, ese yacimiento les pertenece y lo que se obtenga de él debe ser reservado para su propia comercialización a nivel mundial. Como se espera un juicio que dure varios años, ante un primer avance a favor de Repsol, a la espera de un fallo definitivo, la española podría avanzar judicialmente en cualquier tribunal mundial pidiendo embargos contra la producción petrolera de Vaca Muerta. Al menos esto se sospecha en la Argentina, y figura en otra de las cláusulas secretas del contrato entre YPF y Chevron.

Todo esto no ocurrirá ahora, ya que se especula que recién dentro del cinco años podría salir el primer embarque de combustible hacia el exterior. Sin embargo, desde la Argentina y Chevron consideraron que lo mejor era cubrirse ante los potenciales avances de fondos buitre y Repsol contra el país.

Sobre el juicio que se le inició a Chevron en Ecuador, la petrolera norteamericana había publicado una solicitada donde reconocía que "abogados y asesores de los demandantes ecuatorianos, ante la falta de pruebas contra Chevron Corporation falsificaron informes periciales, extorsionaron a jueces, ofrecieron y pagaron sobornos a peritos y jueces, e incluso redactaron la sentencia dictada contra Chevron Corporation". La empresa había recibido una condena en 2011, obligándola a pagar una indemnización de u$s 19.000 millones a los pobladores de la amazonia ecuatoriana en un juicio por daños ambientales. Sin embargo, la compañía originalmente fundada por la familia Rockefeller, se rehusó a cumplir con ese fallo, que incluso tuvo un apoyo público del presidente ecuatoriano Rafael Correa, afirmando que hubo fraude en el juicio y que Texaco Petroleum Co. mitigó el daño ambiental mucho antes de 2001, cuando se convirtió en subsidiaria de Chevron. Según la petrolera "un grupo de abogados estadounidenses y ecuatorianos financiados por fondos buitre británicos obtuvo en 2011 una sentencia en Ecuador en un proceso plagado de fraude, corrupción, extorsión y uso de pruebas falsas contra la compañía". Chevron trajo el dato a Buenos Aires, donde se investigó y se llegó a la conclusión de que esos fondos podrían ser el de Dart o el de Singer que ya tienen experiencia en intentar embargar bienes de la Argentina por el mundo.

Ecuador había ya pedido embargar los bienes de la compañía en el país, con un fallo favorable de primera instancia, pero finalmente la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto la medida.

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