Semejanzas entre YPF y eléctricas

Oscar Lescano

Es posible que las declaraciones que formuló entre el lunes a la noche y ayer por la mañana el líder de Luz y Fuerza, Oscar Lescano, expliquen buena parte de la ganancia que tuvo la acción de Edenor, sobre todo en la última jornada. El sindicalista afirmó que nadie en el Gobierno le habló de «nacionalización» de las distribuidoras de electricidad, Edenor y Edesur, las únicas que ahora están bajo jurisdicción del Estado nacional.

Aseguró también que en un plazo breve -que según sus dichos podrían ser como mínimo 15 días o 50 como máximo- habrá novedades en el sector eléctrico, de modo que «por aumento de tarifas o por subsidio del Estado», los trabajadores de Luz y Fuerza van a obtener el aumento salarial que se discute en paritarias en el Ministerio de Trabajo. Esto ocurre dos semanas después de que el mismo dirigente sindical explicó que las empresas eléctricas le negaron cualquier posibilidad de mejora en las remuneraciones por falta de ingresos y pérdidas crecientes.

Lescano es protagonista hoy en el único ámbito abierto de negociación con el Gobierno sobre el tema, siendo que las compañías aseguran que no hay un diálogo abierto por el futuro de la actividad. En la mesa que convoca el Ministerio de Trabajo, se sientan por el Gobierno, además de los representantes de esa cartera, Roberto Baratta, por el Ministerio de Planificación de Julio De Vido, y Augusto Costa, subsecretario de Coordinación y Mejora de la Competitividad, y segundo del ascendente secretario de Política Económica, Axel Kicillof.

Por eso, lo que afirma el dirigente sindical tiene peso en las compañías y en el mercado, en medio de un clima de versiones contradictorias en las que cabe tanto la expropiación de las eléctricas como un plan de salvataje. De momento, según Lescano, no hay proyecto de nacionalización. Pero entre los papeles y rumores que circulan hay algunos que no se descartan entre los que conocen el sector:

c El Estado ya tiene el 27% de Edenor a través de la ANSES y podría aspirar a aumentar ese porcentaje y a lograr igual participación en Edesur. Para eso podría recurrir a poner plata para inversiones a cambio de acciones, de modo de mejorar la red eléctrica que opera al borde del colapso ante varios días seguidos de calor o de frío intensos. 

En el caso de Edesur en particular, el Estado podría optar por comprar la participación de Petrobras, que ronda también el 27%, siendo que la empresa brasileña quiere vender desde hace tiempo y más ahora porque acaba de anunciar un proceso de desinversión en el exterior para dedicarse a los yacimientos offshore de su país. 

Curiosamente planteado por primera vez en el programa energético de la UCR con Raúl Alfonsín como candidato, en el Gobierno de Cristina de Kirchner se estudia también la posibilidad de reformar la Ley 24.065 con la cual en la década del 90 se creó el mercado eléctrico y Cammesa, una empresa mixta en la cual el despacho eléctrico está operado por una mesa que comparten con el 20% de las acciones en cada caso: el Estado nacional, las generadoras, las transportistas, las distribuidoras y los grandes usuarios. En la práctica, Cammesa depende hoy directamente del ministro De Vido, pero el resto de los actores todavía debe aprobar la programación para cada semestre y la remuneración y los precios de la energía. Se afirma que uno de los proyectos en danza es la desaparición de Cammesa y su reemplazo por una gran operadora dependiente del Estado nacional que englobaría a Transener, la empresa de transporte en alta tensión, de modo de controlar el despacho eléctrico en forma global y tramo por tramo. Esto podría implicar o no una medida sobre Transener. En esta compañía, el grupo de control con el 50% lo tiene Citelec, en la cual el 50% es de Transelec (Pampa Holding del grupo Dolphin, liderado por Marcelo Mindlin), el 25% es de Grupo Eling (Electroingeniería) y el 25% de ENARSA. Dentro del otro 50%, la ANSES posee el 18,77%, de modo que ya la posición del Estado asciende a más del 43%, si se les puede dar igual trato a las acciones de Citelec que al restante 50%.

En ese mismo proyecto de reforma de la Ley 24.065 se contemplaría declarar a la generación eléctrica como de interés público, mientras según la normativa vigente las generadoras operan en un mercado de libre competencia donde el juego de la oferta y la demanda determina los precios de la energía. En los hechos, esto no estuvo vigente en la última década, porque los valores de la electricidad son fijados por el Gobierno, pero la reforma daría lugar a regulaciones que hasta ahora no existen. La declaración de interés público estaría en línea con lo que ya se legisló en el mercado de hidrocarburos en la ley de expropiación de YPF, en un artículo que abre la posibilidad de que el Gobierno fije precios para el petróleo y los combustibles en el mercado local. En generación, los mayores problemas que advertiría el Gobierno se refieren a la estructura de costos, al uso de combustible líquidos en reemplazo del gas natural cuando hace frío, cuya compra por ahora la paga el Estado, y al nivel de disponibilidad de las máquinas térmicas, que sufren como la red eléctrica la falta de inversión debido, según las empresas, a la baja remuneración, por lo cual la intención oficial es auditar costos.

Con la imagen de la decisión del Gobierno sobre YPF, en el sector eléctrico nadie se atreve a hacer pronósticos. En principio, no es lo mismo una empresa petrolera que da ganancias millonarias y no las reinvierte que compañías como las distribuidoras que dan pérdidas. Sin embargo, en la generación, el Gobierno suele achacar la pérdida al endeudamiento que se arrastra de la década anterior y que los accionistas privados no quieren afrontar con recursos propios.