Timerman en Nueva York para el "per saltum" de la fragata en ONU

Parten marinos en avión alquilado entre hoy y el miércoles. Ghana pone dificultades para evacuación

La Argentina no descarta ninguna opción. Ni siquiera romper relaciones con Ghana, si en un tiempo corto no se libera la fragata Libertad del puerto de Tema. Por ahora, todos los cañones serán dirigidos contra el Gobierno del Estado africano que encabeza John Dramani Mahama; comenzando hoy cuando Héctor Timerman lo acuse ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de violaciones a los derechos humanos y al tratado de Viena. Será el primer paso de la embestida contra el Gobierno africano: luego comenzará la acusación formal para lograr la libertad de la fragata ante el tribunal de las Naciones Unidas que regula el Derecho del Mar, la Corte internacional de Hamburgo.

Esta semana, y casi en secreto, se desplegará el operativo para repatriar a gran parte de la tripulación de la fragata Libertad. Será a través de un vuelo chárter contratado por el Gobierno argentino, posiblemente a South African Airways o alguna empresa brasileña (Tam) o europea (Alitalia), compañías con las que hay buenas relaciones comerciales bilaterales y que llegan al país africano. La decisión de contratar un chárter es para evitar un embargo a una aeronave de Aerolíneas Argentinas, dato que fue aportado por la delegación argentina en Ghana que encabezan los viceministros de Cancillería, Eduardo Zuain, y de Defensa, Alfredo Forti. Los marinos deberán terminar de firmar un brocrático, molesto y sospechoso papeleo que les permitiría salir del país por una vía diferente de la de su ingreso. La misión de la Libertad llegó al puerto de Tema a través de un permiso de tránsito por el mar, y como integrantes de un buque escuela. Su salida por un aeropuerto no estaría permitida a priori, y necesitarían un permiso y visado especial del Gobierno ghanés que se está tramitando en estas horas. Hasta que no termine este papeleo obligatorio, no habrá una declaración formal de empeoramiento en las relaciones entre la Argentina y Ghana.

La decisión de terminar las negociaciones con el Gobierno ghanés y comenzar una etapa de confrontación diplomática fue tomada el viernes pasado por Cristina de Kirchner. Fue cuando la Presidente tomó conocimiento sobre los mecanismos que habrían movilizado la decisión del juez ghanés Richard Adjei Frimpong para que acepte la presentación del fondo buitre MNL Elliot. Según la información argentina, hay una relación estrechísima entre la voluntad de defensa del juez a la presentación del Elliot. Lo que luego confirmó la Argentina: es la poca voluntad del Gobierno de Mahama de representar con fuerza al país ante la Corte de Frimpong. Incluso se desliza algún tipo de requerimiento del Gobierno ghanés similar al mecanismo con el que el fondo Elliot del magnate norteamericano Peter Singer convenció a Frimpong. Luego, entre el miércoles y el jueves de la semana pasada, se registró algún tipo de presión particular sobre la fragata y sus tripulantes, que determinó la decisión presidencial de evacuar el buque y denunciar el caso ante la ONU.

Timerman pedirá hoy mismo una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas donde denunciará a Ghana por violaciones reiteradas a los derechos humanos, tratados financieros internacionales y delitos financieros internacionales. La base de la presentación futura contra Ghana será por la aplicación y eventual violación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CDM), considerada como la Constitución de los océanos. Este tratado fue aprobado el 30 de abril de 1982 en Nueva York y abierto a su firma por parte de los Estados en diciembre de ese año en Bahía Montego (Jamaica), en la 182ª sesión plenaria de la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Entró en vigor el 16 de noviembre de 1994, después de la 60ª ratificación (realizada por Guyana).

El tratado fue certificado inmediatamente tanto por la Argentina como por Ghana. El órgano de aplicación es el Tribunal Internacional de Hamburgo, Alemania, donde la Argentina podría apelar a dos tribunales particulares: la Sala de Controversias o la Sala de Procedimientos Sumarios. En el primero, operan los votos de los 21 miembros, y la intención argentina es que falle la liberación de la nave, aplicando el artículo 292 de la Convención, donde se habla de la «liberación de buques y sus tripulaciones (artículo 292 de la Convención)».

Según ese artículo, los buques de guerra y otros buques de Estado destinados a fines no comerciales están protegidos por inmunidad soberana y, en consecuencia, son libres de requisas y embargos. La Argentina también evalúa llegar a la Sala de Procedimientos Sumarios. En este caso, se buscará que esta Corte determine que la retención de la fragata viola derechos humanos y de navegación de manera visible, con lo cual merecería un tratamiento sumario (de rapidez extrema) para su liberación. Antes de cualquier presentación ante la Corte de Hamburgo, el Gobierno deberá hacer su planteo ante las Naciones Unidas, el procedimiento que hoy hará Timerman en la sede del organismo en Nueva York.

La fragata está detenida en el puerto de Tema desde el 2 de octubre con una tripulación de 326 personas, en su mayoría argentinos, aunque también hay invitados marinos de Venezuela, Uruguay, Brasil, Chile, Sudáfrica, Paraguay y Ecuador. De todos éstos, la decisión oficial argentina es la de mantener sólo al capitán Lucio Salonio como responsable máximo de la fragata (ver nota aparte). Éste tendrá línea directa con el Ministerio de Defensa y la Cancillería para denunciar cualquier tipo de problema o embestida en su contra durante la permanencia futura en Tema. Hoy posiblemente se desarrolle el partido final en el polideportivo Juan Domingo Perón: el terreno que los argentinos tomaron como propio en el muelle de Tema, donde espera su destino la fragata Libertad.