Según las últimas estadísticas recogidas por Congreso en Foco, un portal especializado en asuntos legislativos, 30 de los 81 senadores de Brasil, el 37% del total, y 148 de los 513 miembros de la Cámara de Diputados (28,8%), son investigados o ya enfrentan procesos en el Supremo Tribunal Federal (STF) en la condición de reos (procesados).
Las estadísticas de Congreso en Foco se limitan a los casos abiertos por la máxima corte de Brasil, la única que puede procesar a los congresistas por su fuero privilegiado, pero hay cientos de investigaciones paralizadas en tribunales de primera y segunda instancia contra los legisladores de ambas cámaras.
Según los datos recogidos por la organización no gubernamental Transparencia Brasil, 298 de los 513 diputados, es decir el 58% del total, tienen cuentas pendientes en la Justicia, tanto en la máxima corte como en tribunales inferiores.
Rousseff viene resaltando en los últimos días los procesos que enfrentan los miembros del Parlamento, sus jueces, en una nueva estrategia para hacer frente al proceso en su contra.
"Ellos son acusados, yo no tengo acusación. Lo más extraño es que quien me juzga es corrupto", afirmó la mandataria en un reciente discurso en la ciudad de Salvador.
"Es comprensible el alegato de Rousseff, pero es el discurso de quien quiere deslegitimar a sus acusadores sin referirse a las acusaciones", dijo el analista político José Luiz Niemeyer, coordinador de posgrados en el centro universitario Ibmec.
En caso de que también le dé vía libre, Rousseff tendrá que separarse del cargo por 180 días, plazo que tiene el Senado para juzgarla. El vicepresidente, Michel Temer, asumiría entonces la Presidencia y completaría el mandato de Rousseff en caso de una destitución.
De los 20 diputados investigados por el escándalo de corrupción en Petrobras, 15 votaron a favor del juicio político.
Rousseff ha cuestionado principalmente al presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, quien fue el encargado de aceptar a trámite el juicio político y enfrenta cinco procesos por corrupción en la Corte Suprema, acusado de haber recibido sobornos en el marco del gigantesco escándalo en Petrobras.
El proceso "es golpe porque no hay crimen. Yo nunca recibí dinero de sobornos, yo no tengo cuentas en el exterior, yo no estoy acusada de corrupción", dijo al insistir en que las acusaciones en su contra son maniobras fiscales que sus antecesores también practicaron.
Varios de sus "jueces", en cambio, enfrentan numerosas acusaciones por corrupción. El plusmarquista es el diputado Beto Mansur, primer secretario de la mesa directiva de la Cámara baja y quien acumula 45 procesos, en su mayoría por supuestas irregularidades cuando era alcalde de la ciudad de Santos.
Entre los senadores ya hay uno que fue condenado por fraude en licitaciones cuando era alcalde de Rolim de Moura en 1998. Se trata del senador Ivo Cassol, que aún no ha sido conducido a prisión porque presentó un último recurso contra su sentencia.
Cassol también es plusmarquista en procesos en el Senado, con 10 cuentas pendientes, ocho por mal uso de recursos públicos, una por calumnia y otra por violación a la ley electoral.
Delcidio Amaral, que fue vocero del Gobierno en la Cámara alta, se convirtió en diciembre pasado en el primer senador en ser arrestado en ejercicio de su mandato por sus implicaciones en el escándalo de Petrobras (ver página 16).
Otros doce senadores son investigados por los desvíos en la petrolera, incluyendo el presidente del Senado, Renan Calheiros, y el expresidente Fernando Collor.
Los datos de Congreso en Foco, sin embargo, muestran que difícilmente un parlamentario es condenado en Brasil. De los casi 500 procesados por la Corte Suprema desde 1988, sólo 16 fueron condenados. La mayoría se libró por prescripciones.
| Agencia EFE |
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