Vínculos sospechosos

La Justicia comenzó a investigar un posible vínculo entre los organizadores de las tomas en predios de la zona sur de la Ciudad con funcionarios del Gobierno porteño. El juez en lo Contencioso Administrativo Roberto Gallardo confirmó esa línea de análisis luego de interrogar ayer al ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, Diego Santilli. La causa tiene su origen en la presunta distribución irregular de dinero destinado a los habitantes de las villas de emergencia.

«Estamos recabando informaciones, porque hay elementos documentales que vinculan a sectores medios del Gobierno local con las personas que están sindicadas como los organizadores de las tomas», dijo por radio el magistrado.

En cuanto a la declaración de Santilli, el juez dijo haberlo convocado para que «explicara por qué el Gobierno de la Ciudad, habiendo sido intimado el 1 de noviembre para presentar un plan de prevención para las tomas en la villa 31, puntualmente, lo único que hizo fue una apelación a ese llamado», pero sin exponer un programa «ni nada parecido».

Gallardo sostuvo que las tomas tuvieron su origen en «un problema de expulsión de los sectores pobres de los llamados inquilinatos de las villas», y consideró que se trata de una situación «que el jefe de Gobierno tiene que saber».

Desde el Ejecutivo de la Ciudad se ocuparon de desmentir la hipótesis del magistrado, pero reconocieron haber encontrado en la toma del Parque Indoamericano a tres personas que integraban cooperativas que colaboraban con la gestión porteña. Y que a esos individuos les fueron retirados los subsidios que percibían.