ZONA DE RIESGO

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Varias nubes se ciernen sobre la apuesta de una nueva investigación del atentado en la AMIA, monitoreada por los gobiernos argentino e iraní. Atada a ello, Cristina de Kirchner pone en jaque la relación con la dirigencia de la comunidad judía y los familiares de las víctimas. Los puentes construidos por el kirchnerismo desde 2003 entraron en riesgo y se abrió un camino espinoso con final incierto.

Cuando en septiembre del año pasado la Argentina e Irán iniciaron un diálogo para superar su conflicto por la causa AMIA, las reacciones dentro de la comunidad judía oscilaron entre la crítica cautelosa de las entidades políticas (DAIA y la propia mutual) y de la mayoría de las agrupaciones de familiares, y el respaldo de un sector de éstas. Cuatro meses más tarde, el último domingo, el resultado de esas gestiones, las respuestas viraron en su mayor parte a un repudio abierto. Las aclaraciones brindadas más tarde por el canciller Héctor Timerman calmaron algo las aguas, aunque las condiciones para que el conflicto rebrote persisten.

Se trata de un escenario riesgoso para el Gobierno, que se dedicó a dar tanto explicaciones formales como las que Timerman ofreció el martes en el nuevo edificio de la institución atacada el 18 de julio de 1994, como informales. Para el kirchnerismo es vital mantener el apoyo de, al menos, una porción significativa de los familiares, toda vez que la propia presidente Cristina de Kirchner había condicionado la aplicación de cualquier pacto con Teherán al aval del Congreso y al acompañamiento de los deudos de las 85 víctimas del peor atentado terrorista de la historia nacional.

El Gobierno se esfuerza por evitar un divorcio doloroso de una potente colectividad de 250.000 miembros (es la mayor de América Latina), con la que, hasta el inicio del diálogo con la República Islámica, había mantenido relaciones privilegiadas. El kirchnerismo ha hecho del caso AMIA una bandera. Más allá de su énfasis general en la defensa de los derechos humanos, intentó relanzar la causa, brindó a la investigación un apoyo que sus responsables han calificado de inédito e hizo el mea culpa que el Estado argentino adeudaba por la actuación de administraciones anteriores... No por nada su plana mayor ha podido asistir a los actos de cada aniversario sin mayores temores a pasar sofocones entre la multitud de asistentes, algo vedado a referentes de otras vertientes.

Todo esto explica que el lunes, un día después de la firma del memorando de Adis Abeba y un día antes de la reunión aclaratoria de Timerman con los familiares y la dirigencia institucional, representantes del oficialismo hayan fatigado los teléfonos celulares para atemperar el malhumor que expresaban en off incluso los sectores de la comunidad judía que le resultan más afines.

Esto es una nueva estafa al reclamo de verdad, juicio y castigo a los culpables. Y encima la Presidenta lo calificó de histórico, se quejó, no bien se conoció el pacto, una de las referentes más duras del sector de los familiares, Laura Ginsberg, de APEMIA (Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA). El Gobierno tiró abajo todas las promesas que había hecho a través del canciller Héctor Timerman. Habían dicho que iban a defender la soberanía nacional, pero todo se va a tratar en Teherán, continuó en diálogo con Viernes.

Según la mujer, que en el atentado perdió a su marido, José, las supuestas bondades del memorando son todas mentiras. La Comisión de la Verdad que crea no puede tener ninguna atribución que la habilite para intervenir en el marco jurídico de nuestro país, no puede interrogar a los sospechosos. Eso es un disparate. Por este camino, el juez y el fiscal argentinos van a ser subsidiarios de una comisión internacional, señaló.

Ginsberg resumió en buena medida el sentimiento general, aunque su dureza es conocida desde el recordado discurso que pronunció en el acto por el tercer aniversario de la matanza, cuando sacudió al menemismo al acusar al Gobierno de la época de consentir la impunidad y la impericia y de encubrir la conexión local que sirvió para matar a nuestros familiares. Su discurso dolorido conmovió entonces a toda la sociedad y la obediente dirigencia comunitaria de esos días, liderada por Rubén Beraja y Oscar Hansman en DAIA y AMIA, salió rápidamente a aclarar que no compartimos los agravios y las acusaciones al Presidente de la Nación. No compartimos aquellas manifestaciones que implican acusaciones genéricas al Presidente, al gobernador (Eduardo) Duhalde y a otras autoridades, según palabras del primero.

Si de un peligro de divorcio se trata, es particularmente importante la posición de 18J, la agrupación que respaldó la apertura de las negociaciones. Su referente, Sergio Burstein, quien perdió en el ataque a Rita, la madre de sus dos hijas, se declaró en un primer momento preocupado, pero tras la reunión con el canciller le dijo a Viernes que hoy confirmamos lo que veníamos sosteniendo: antes de opinar hay que hablar con la persona adecuada, en este caso Héctor Timerman.

En la reunión se planteó mucha inquietud inicialmente, mucha discusión y hubo palabras acaloradas, incluso mías con el canciller, pero finalmente todo se fue clarificando y surgieron certezas. Nuestra conclusión es positiva en la medida en que la Argentina pueda continuar con la causa judicial, que las declaraciones de los acusados, por más que se realicen en Teherán, tengan carácter de indagatoria y que el informe de la llamada Comisión de la Verdad no sea vinculante, amplió.

Incluso DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) y AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), que habían emitido el lunes un lapidario comunicado conjunto, bajaron el tono y sus principales referentes optaron desde el martes por las declaraciones conciliadoras. Pero el malestar está latente. Como muestra, la DAIA emitió un par de horas después de aquella reunión (una virtual audiencia de conciliación entre los cónyuges en conflicto) su habitual micro ejecutivo de noticias cuyos títulos fueron: La Liga Antidifamación, profundamente preocupada por la 'Comisión de la Verdad'; Indignada, la oposición rechazó el acuerdo con Irán; Israel se siente decepcionado y cita al embajador argentino; y Editorial: AMIA, el vergonzoso acuerdo con Irán.

El Gobierno arriesga un tema muy sensible en un año electoral clave. Resta aún el paso de la iniciativa por el Congreso, el nombramiento de los dos juristas extranjeros que deben representar al país en la controvertida comisión, el viaje a Teherán del juez Rodolfo Canicoba Corral y del fiscal Alberto Nisman para realizar los interrogatorios, la divulgación de lo que allí ocurra, las deliberaciones de la comisión y la elaboración de su informe final... Mucha agua por correr mientras se avanza hacia las primarias abiertas y las legislativas de octubre.

Un aspecto aparece como el que mejor puede defender el Gobierno, el que efectivamente constituye un logro en medio de 19 años de una causa tantas veces cruzada por el estancamiento y las irregularidades: la indagatoria de los acusados. El porvenir no está escrito, pero existe el riesgo de que ese éxito se diluya a mediano plazo, algo que ocurriría si los acusados, todos gente aún poderosa, se niegan a declarar o si no aportan datos significativos. En ese punto, además de crecer la frustración y las críticas, Canicoba se podría hallar ante el dolor de cabeza de estar frente a prófugos de la Justicia argentina, cinco de ellos incluso con pedido de captura internacional a través de Interpol, sin poder arrestarlos. Por caso, ya aclaró que la viabilidad depende de cómo se instrumente jurídicamente, porque debería cambiarse por ley, para este caso, el procedimiento utilizado habitualmente por la Justicia.

La ácida reacción de Israel, y la todavía más áspera del Gobierno nacional, se suman al contexto, pero ello era algo que se podía dar por descontado. Ya al comienzo del proceso, la propia embajadora, Dorit Shavit, dijo a este periodista que esperamos equivocarnos y que el diálogo con Irán sirva para detener, juzgar y castigar a los culpables.

Que la Argentina sea miembro rotativo del Consejo de Seguridad de la ONU en un año en el que podría decidirse un ataque preventivo a esas instalaciones atómicas sospechosas, y si éste, eventualmente, cuenta o no con un paraguas de legalidad internacional, forma parte de los cálculos tanto de Israel como de los que realizó Irán al aceptar el acercamiento.

Dentro del interés del régimen islamista, la Comisión de la Verdad prevista en el memorando es clave. Aunque, desde ya, el informe final de ésta no puede ser vinculante para la Justicia argentina, contar con esa nueva instancia, que debe evaluar las pruebas recogidas hasta ahora y recomendar a las partes cursos de acción futuros, puede convertirse en una tarima privilegiada para exponer y legitimar su postura tradicional sobre el atentado. Esto es, descalificar una investigación que efectivamente ha tenido ribetes más que polémicos, negar su responsabilidad orgánica como régimen (tal como surge de la causa argentina) y atribuir las denuncias en su contra a un complot sionista.

Todo esto forma parte del menú preferido del presidente Mahmud Ahmadineyad. Éste no tendrá posibilidad de reelección en las elecciones de junio, lo que despejará el camino de su retórica agresiva y de su irritante y repetida negación del Holocausto, aspectos cuestionados incluso en su propio país, pero no alterará los movimientos de un Irán que, pese a la era radicalmente diferente que abrió desde la revolución de 1979, mantiene políticas de largo plazo nunca alteradas, rasgo compatible con todos los Estados que gustan verse como continuadores de poderosos imperios antiguos.

La mirada occidental sobre Irán tiende a sobrevalorar al poder de Ahmadineyad; eso es un error. La República Islámica no es una dictadura endeble, atada simplemente a los designios de un fanático. Por el contrario, y sin que ello disminuya en nada sus rasgos más inquietantes, está estructurada sobre la base de un denso tejido institucional.

Detengámonos brevemente en ese entramado. El mismo tiene en su vértice al Guía, Alí Jameneí, desde la muerte del fundador de la teocracia, el ayatolá Ruhola Jomeini, en 1989. Su rol vitalicio de veleyat e faqih (guardián de los juristas en persa) fue definido por el propio Jomeini durante el exilio previo a la revolución del 79 y hunde sus raíces en los dogma chiitas, incluyendo un amplio control sobre los asuntos religiosos y políticos. Maneja, a través de su predicamento y de designaciones de miembros, los organismos clave del régimen, es el jefe de las fuerzas militares, controla de hecho la política exterior y de seguridad, y tiene la última palabra en materia de los límites ideológicos a los que deben ajustarse los medios de comunicación, los predicadores de las mezquitas y el sistema educativo.

Como un apéndice suyo hay que considerar al Consejo de los Guardianes de la Revolución, compuesto por doce miembros, la mitad nombrados por él mismo y la otra mitad por el Consejo Supremo de Justicia a propuesta del Parlamento, todos por seis años. Funciona como cámara alta del Parlamento, concentra el control de constitucionalidad de las leyes y, más importante aún, la potestad de revisar todas las candidaturas a cargos electivos, pudiendo vetar a postulantes indeseables, invariablemente mujeres y sospechosos de poco apego a las normas religiosas y a las líneas profundas de la revolución.

Más abajo hay que colocar al Consejo de Discernimiento, un cuerpo de 36 miembros del que participan las cabezas de los tres poderes tradicionales y miembros del Consejo de los Guardianes, lo que asegura, también allí, el control de Jameneí. Se encarga de arbitrar en los conflictos entre la cámara baja del Parlamento (Majlis) y la alta en los grandes temas de Estado. Su labor condensa el debate político iraní, sus posibilidades y sus limites.

Debajo de todo esto se ubica la Presidencia, que no controla, por caso, el plan nuclear, una de las políticas de Estado de décadas de un Irán que hoy se siente amenazado por el arsenal atómico no declarado de Israel y, más aún, por la presencia de tropas internacionales al este, en Afganistán, y por el protectorado que Occidente estableció al oeste de su territorio desde que a George W. Bush se le ocurrió decir que Sadam Husein tenía armas de destrucción masiva.

En Irán hay elecciones, pero la participación suele ser baja; las proscripciones, como se vio, abundan y recientemente se las tachó de fraudulentas. Hay actividad política, pero sin la existencia de partidos formales y con límites ideológicos estrechamente fijados. Hay una prensa vibrante, con una multitud de medios, sobre todo escritos, pero las multas, detenciones y clausuras son frecuentes para quienes osen sacar los pies del plato. Y si todo ello no alcanza, la represión brutal de las protestas callejeras por parte de la Policía, con pena de muerte por traición incluida, no es, de ningún modo, un tabú.

¿Este Irán aceptaría en algún momento entregar a los acusados a la Justicia argentina? Difícilmente. Dos de ellos, el excanciller Alí Akbar Velayati y el excomandante de la Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar de elite del régimen, Mohsen Rezai, compiten, entre otros, por el favor del ayatolá Jamenei para convertirse en el candidato presidencial bendecido por el ala conservadora del clero. Sobre todo el primero, quien es un cercano colaborador del Guía Supremo, por lo que podría correr con el caballo del comisario. Otro acusado, Alí Akbar Hashemi Rafsanyani, expresidente y titular del Consejo de Discernimiento, maniobra para conformar en junio a la cabeza de una lista opositora que pretende sumar a los retazos del reformismo, brutalmente reprimido y diezmado tras las protestas que siguieron a la discutida reelección de Ahmadineyad en 2009. Por último, Ahmad Vahidi, permanece en su cargo de ministro de Defensa, nada menos.

Como se ve, se trata de gente poderosa, aunque el escenario podría cambiar, al menos para algunos de los acusados por el atentado, los eslabones débiles, si la tirria nuclear con Israel y Occidente llega al borde de la conflagración. Allí la necesidad de evitar un ataque podría convencer al régimen de entregar algunas cabezas para tender puentes hacia la comunidad internacional, aunque, vale aclararlo, no ha sido éste nunca el reflejo de la teocracia persa. Se trata, al menos, de un resultado difícil de prever hoy.

Con todo, atrae la idea de apostar, así sea difícil, a un esquema que logre destrabar una causa estancada. El proceso por la llamada conexión local entró en vía muerta luego del inconcebible pago de 400.000 dólares para que incriminara a policías bonaerenses en los tiempos de Juan José Galeano. El juicio oral por encubrimiento de la pista siria contra éste, Carlos Menem, Hugo Anzorregui y otros espera fecha, pero no hace al hecho central, a la sangre derramada que aún clama por justicia. Y la conexión internacional, sin que siquiera haya posibilidades de hacer un juicio en ausencia a los acusados, no tiene destino sin un fuerte revulsivo. El Gobierno corre riesgos políticos con su audacia. El tiempo le dirá si valieron la pena.

@marcelofalak

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