En medio de la discusión sobre el futuro de los subsidios energéticos y la sostenibilidad fiscal del sistema tarifario, el debate por la Ley de Zona Fría volvió a instalarse con fuerza. Desde distintos sectores comenzaron a surgir propuestas para revisar o modificar el esquema que otorga descuentos en las facturas de gas a regiones con menores temperaturas, una iniciativa que alcanzó a millones de usuarios desde su ampliación en 2021.
Advierten por el cambio en Zonas Frías: más de 1,2 millones de hogares bonaerenses podrían quedar expuestos a tarifas de gas más altas
Un informe privado muestra que el beneficio no es masivo ni generalizado y que en regiones de bajas temperaturas el consumo residencial es casi el doble que en zonas templadas.
-
Alerta por frío extremo: CAMMESA prevé un pico de demanda eléctrica y recomiendan un uso eficiente de la energía
-
Bolivia, una nueva crisis y el mandato imposible de Paz
El consumo de gas en zonas frías alcanza los 1.052 m³ anuales por hogar, frente a 542 m³ en zonas no frías.
Sin embargo, un informe elaborado por el Instituto Consenso Federal, que dirige el ex diputado nacional Alejandro "Topo" Rodríguez, advierte sobre las consecuencias que podría tener una modificación del régimen y sostiene que existen errores de diagnóstico respecto del alcance real del beneficio.
La organización lanzó una campaña pública para defender la continuidad del sistema y aportar datos sobre tres puntos centrales: el financiamiento del fondo que sostiene los subsidios, el consumo diferencial de gas en zonas frías y el verdadero alcance territorial del beneficio, particularmente en la provincia de Buenos Aires.
La advertencia central del informe es contundente: los descuentos no constituyen un privilegio sino una compensación por una necesidad objetiva derivada de las condiciones climáticas.
"Los descuentos por Zona Fría no son un privilegio. Se trata de una medida justa que ayuda a millones de familias a afrontar el mayor consumo que exige el clima frío", sostiene el trabajo.
El consumo de gas en zonas frías es casi el doble
Uno de los argumentos más fuertes que presenta el informe es la diferencia real de consumo entre regiones frías y templadas.
Los datos muestran que una vivienda ubicada en una zona fría consume en promedio 1.052 metros cúbicos de gas por año, mientras que un hogar situado fuera de esas regiones consume aproximadamente 542 metros cúbicos anuales.
En otras palabras, los hogares de zonas frías utilizan 94% más gas que los ubicados en regiones más templadas.
El informe remarca que ese diferencial no responde a hábitos de consumo o privilegios tarifarios sino a una necesidad básica asociada a las condiciones climáticas.
"No es un privilegio. Es justo y necesario", señala la campaña impulsada por el Instituto, y agrega: "Los descuentos en la tarifa de gas por Zona Fría no implican ningún privilegio; simplemente contribuyen a amortiguar el costo de calefaccionar los hogares en regiones donde las bajas temperaturas obligan a consumir mucho más gas. Eso impacta directamente en la salud y en las condiciones de vida de las personas".
El punto adquiere relevancia porque una eventual reducción o eliminación del esquema podría traducirse directamente en un aumento significativo de costos para millones de familias que necesitan mantener calefacción durante períodos mucho más extensos.
Provincia de Buenos Aires: el beneficio alcanza a uno de cada cinco hogares
Uno de los cuestionamientos frecuentes al régimen sostiene que la ampliación de la Ley 27.637 incorporó de manera indiscriminada a la provincia de Buenos Aires.
El informe rechaza esa interpretación. "En ocasiones se ha sostenido que los descuentos por Zona Fría se asignan sin restricciones en toda —o casi toda— la provincia de Buenos Aires. Eso es incorrecto", sostiene el trabajo.
Las cifras muestran una realidad distinta. En territorio bonaerense existen 6.051.550 hogares, pero el beneficio alcanza a 1.240.000 usuarios, lo que equivale a 20,49% del total.
Esto significa que casi el 80% de los hogares bonaerenses queda fuera del esquema de descuentos.
La conclusión del Instituto es clara: "Se trata de una política típicamente focalizada: no incluye a casi el 80% de los hogares bonaerenses".
En términos prácticos, el beneficio llega aproximadamente a uno de cada cinco hogares de la provincia, una proporción que contradice la idea de un subsidio masivo o universal.
La discusión sobre el financiamiento del fondo
Otro de los puntos sensibles del debate es el financiamiento del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.
Según el informe, el desempeño financiero mostró resultados positivos durante varios años:
-
2021: superávit de $16.818 millones
-
2022: superávit de $7.697 millones
-
2023: superávit de $39.213,3 millones
-
2024: déficit de $54.810,8 millones
-
2025: resultado informado de $31.823 millones
Sin embargo, el Instituto advierte que el resultado de 2025 requiere una lectura más detallada.
El informe explica que ese saldo positivo incluye una transferencia de la Administración Nacional por $40.559,8 millones destinada a cubrir la ampliación de compensaciones tarifarias. Al descontar esa asistencia extraordinaria, el panorama cambia de manera significativa. Sin la transferencia del Tesoro, el Fondo habría registrado un déficit efectivo de $8.736,8 millones.
El trabajo señala además que el sistema había mantenido superávit hasta 2023 y que el deterioro posterior abrió nuevas discusiones sobre su sustentabilidad financiera.
Un debate que vuelve al centro de la política energética
La Ley 27.637, sancionada en 2021, amplió el régimen de Zona Fría a nuevas regiones del país, incorporando localidades de la provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones que también registran temperaturas bajas durante buena parte del año.
El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, cuestionó públicamente la intención oficial de avanzar con los recortes y defendió el régimen como una herramienta de alivio para miles de familias de la costa atlántica. "En Villa Gesell el gas no es un lujo: es una necesidad", remarcó el jefe comunal.
También hubo reclamos desde Tandil, donde el bloque Hechos–Alternativa Tandil advirtió que la exclusión de la ciudad implicaría “un retroceso en términos de justicia social y territorial”.
El concejal tandilense Marcos Nicolini sostuvo: “Muchas veces enfrentamos inviernos con temperaturas y sensaciones térmicas por debajo de ciudades patagónicas donde sí se prevé mantener el régimen de Zona Fría. Es una cuestión de equidad".
En Junín, la concejal Clara Bozzano alertó que la quita “va a tener un impacto muy negativo en la economía familiar”. “Estamos hablando de un ajuste que va a afectar a trabajadores, jubilados, comerciantes y profesionales”, afirmó.
Alejandro "Topo" Rodríguez fue uno de los impulsores y coautor de esa norma, y ahora encabeza la defensa pública del sistema frente a posibles cambios.
El debate aparece en un contexto de revisión general de subsidios y ajuste del gasto público impulsado por el Gobierno nacional. Sin embargo, desde el Instituto sostienen que una modificación sin criterios climáticos ni sociales podría generar efectos directos sobre el costo de vida de millones de usuarios.
La advertencia final del informe del ICF apunta precisamente a ese riesgo: detrás de una discusión tarifaria no solo se juega una cuestión fiscal, sino también el acceso de miles de familias a un consumo energético acorde a las necesidades reales que impone el clima.
Subsidios, barcos de GNL y Diferencias Diarias Acumuladas (DDA)
A este escenario se suma un nuevo análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre reformular el esquema de subsidios energéticos y limitar el alcance del régimen de Zona Fría ampliada. Según el trabajo, el proyecto enviado al Congreso plantea reducir significativamente la cobertura actual y concentrar el beneficio únicamente en hogares vulnerables incluidos en el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), siempre que además se encuentren en regiones consideradas de severidad climática efectiva.
Desde CEPA señalaron que la iniciativa oficial se apoya en el argumento de la sostenibilidad fiscal y sostiene que el esquema actual, ampliado por la Ley 27.637, requiere un esfuerzo financiero creciente. El fondo que financia el régimen se nutre de un recargo del 7,5% sobre el consumo de gas de todo el país, pero el informe remarca que los recursos ya no alcanzan para cubrir las compensaciones y debieron incorporarse transferencias adicionales del Tesoro Nacional.
Sin embargo, el estudio plantea varios interrogantes sobre la propuesta oficial. Entre ellos, destaca la ausencia de precisiones sobre cuánto ahorro fiscal real generaría la modificación, qué ocurrirá con entidades de bien público -como clubes, asociaciones civiles o instituciones religiosas- y cuál será el porcentaje de descuento que finalmente conservarán los usuarios alcanzados.
El análisis también advierte que el proyecto deja abierta una amplia discrecionalidad para el Poder Ejecutivo. Es que la iniciativa no fija de manera taxativa el monto de los beneficios y habilita futuras modificaciones mediante reglamentación. Tampoco incorpora compromisos vinculados a obras de infraestructura energética que permitan resolver problemas estructurales de abastecimiento o reducir costos del sistema a largo plazo.
En paralelo, CEPA señaló que el Gobierno implementó un mecanismo transitorio para evitar trasladar de manera inmediata a las tarifas el fuerte costo del Gas Natural Licuado (GNL) importado durante el invierno. Según el trabajo, mientras los usuarios pagan alrededor de u$s3,79 por millón de BTU, el costo real del GNL adquirido en el mercado internacional ronda actualmente los u$s20 por millón de BTU.
La diferencia será absorbida inicialmente por ENARSA para evitar un fuerte salto tarifario durante los meses de mayor consumo. Sin embargo, el informe aclara que ese costo no desaparece: será recuperado posteriormente mediante el mecanismo denominado Diferencias Diarias Acumuladas (DDA) y trasladado a las facturas futuras durante los meses de verano, cuando el consumo residencial suele reducirse.
Desde CEPA sostienen que el trasfondo de estas medidas refleja una estrategia oficial orientada a disminuir el impacto inmediato sobre la inflación y sostener el objetivo de equilibrio fiscal, aunque advierten que parte de esos costos podrían terminar trasladándose a los usuarios más adelante.
- Temas
- Gas