Proveedores mineros respaldan la adecuación de la ley de Glaciares: "Cuidamos nuestra casa y promovemos el desarrollo"

La Federación Argentina de Proveedores Mineros destacó la necesidad de claridad y previsibilidad jurídica. La protección de los glaciares como recurso hídrico y medio ambiental es “innegable”, pero la normativa vigente tiene “grises y ambigüedades", afirmaron.

Ley de Glaciares. Voces empresariales subrayan que la propuesta de adecuación no implica un retroceso ambiental, sino una mejora en la implementación de la ley actual.

IANIGLIA

La Federación Argentina de Proveedores Mineros (FAPM) emitió un enérgico respaldo a la adecuación de la ley de Glaciares (Ley 26.639), que ya cuenta con dictamen favorable en el Senado y que se encuentra en debate para su tratamiento en el recinto en febrero próximo. La entidad, integrada por las cámaras de Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz, resaltó que, si bien la protección de los glaciares como recurso hídrico y medio ambiental es “innegable”, la normativa vigente presenta “grises, ambigüedades y falta de definiciones claras” que, según su análisis, ponen en riesgo el desarrollo de proyectos mineros clave en las provincias cordilleranas.

La FAPM destacó que la industria minera argentina, "empresas operadoras, proveedores y trabajadores", ha sido un ejemplo en el cumplimiento de normas ambientales vigentes y en la concientización sobre el cuidado del entorno. En su comunicado, la federación sostuvo que nunca cuestionó leyes que resguardan recursos, pero sí normativas que, “cargadas de ideología o política, impiden el desarrollo de la minería en las provincias cordilleranas”.

En ese marco, afirmaron que la ley de Glaciares debe tener claridad y poder ser instrumentada, con una definición explícita de sus alcances y una revisión actualizada del inventario de glaciares, con sustento técnico y científico, para eliminar la incertidumbre que, a su juicio, afecta la inversión y la planificación de actividades productivas.

Además, la FAPM se comprometió a colaborar con la puesta en práctica y cumplimiento de la normativa reformada, enfatizando que “cuidamos nuestra casa, pero también promovemos el desarrollo para nuestras comunidades”, una frase que resume la posición de proveedores mineros que ven la adecuación como una oportunidad para compatibilizar cuidado ambiental con crecimiento económico y empleo en regiones productivas.

Apoyos de otras cámaras empresarias

La postura de los proveedores mineros no es aislada. Varias cámaras empresarias del sector minero también manifestaron su respaldo a la adecuación de la ley de Glaciares con la idea de que una norma más precisa reducirá la incertidumbre jurídica y permitirá un desarrollo responsable de proyectos, sin detrimento de la protección del ambiente periglacial y de los recursos hídricos.

La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) expresó su pleno apoyo a la protección de los glaciares y subrayó que la reforma es necesaria para delimitar con claridad qué formaciones cumplen funciones hídricas estratégicas y deben ser objeto de protección. En ese sentido, la entidad reclamó que la determinación se realice “caso por caso” con base en estudios específicos, y que se reconozca el rol de las provincias como titulares de sus recursos naturales acorde a la Constitución Nacional, una cuestión que también consideran fundamental para disminuir la inseguridad jurídica que hoy afecta al sector.

De manera similar, la Cámara Minera de San Juan celebró la iniciativa de adecuación y reclamó aclaraciones técnicas que permitan compatibilizar la protección ambiental con las actividades productivas y de infraestructura. Según la entidad, la eliminación de ambigüedades en la ley contribuiría no solo a garantizar el cuidado de los ecosistemas, sino también a generar empleo y mejorar la calidad de vida de miles de familias, al facilitar inversiones y operaciones bajo criterios técnicos y de sustentabilidad.

En conjunto, estas voces empresariales subrayan que la propuesta de reforma no implica un retroceso ambiental, sino una mejora en la implementación de la ley actual, al focalizar la protección en aquellos glaciares y ambientes que efectivamente cumplen funciones estratégicas como reservas hídricas, y hacerlo mediante evaluaciones técnicas claras y participativas.