El show de Pity Álvarez en Córdoba derivó en una denuncia penal contra los organizadores

La actuación del músico en el estadio Kempes quedó bajo análisis judicial por presuntas irregularidades en la habilitación del evento y por el cumplimiento de los requerimientos formulados por la fiscalía, en el marco de una causa penal aún vigente.

La investigación apunta a la actuación de los organizadores y a las condiciones en las que se autorizó la presentación, en un contexto de supervisión judicial sobre la situación procesal del artista.

El regreso de Pity Álvarez a los escenarios, luego de siete años de ausencia y con una causa judicial aún abierta, no solo generó una convocatoria masiva en Córdoba sino que también derivó en una nueva controversia judicial. Tras el recital realizado el sábado 20 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes, la Justicia avanzó con una denuncia penal contra la productora del evento y contra funcionarios vinculados a su autorización.

La presentación fue impulsada por el fiscal general Sandro Abraldes, quien interviene en el proceso por homicidio que enfrenta el músico. La acusación alcanza a Agustín Calleri, en su doble rol institucional, y a la empresa responsable de la organización del espectáculo.

Según consta en la denuncia, el conflicto se originó por la falta de colaboración con un requerimiento judicial realizado en la previa del recital. Veinticuatro horas antes del show, se notificó a las autoridades provinciales la necesidad de permitir el ingreso de cuatro efectivos de la Policía Federal Argentina, pertenecientes a la División Operaciones Técnicas Especiales.

El objetivo de esa presencia era realizar tareas de supervisión técnica durante el evento, en función de la situación procesal del artista. Desde la fiscalía sostienen que ese pedido no fue atendido en los términos solicitados y que se registraron irregularidades que motivaron la presentación formal ante la Justicia de Córdoba.

La situación judicial del músico

Álvarez fue procesado en 2018 por un homicidio ocurrido en el barrio porteño de Villa Lugano, en el marco de un enfrentamiento en el complejo Samoré. Además, pesa sobre él una imputación por portación ilegal de armas y privación ilegítima de la libertad.

El juicio oral se encuentra actualmente suspendido, aunque no cerrado ni anulado. La interrupción del proceso se fundamentó en un dictamen que declaró al músico “inimputable de manera provisoria”, a partir de evaluaciones sobre su estado de salud mental presentadas por la defensa.

De acuerdo con fuentes judiciales, la relación entre la fiscalía y los organizadores del espectáculo se volvió tensa en los días previos al evento. El permiso para que el cantante viajara a Córdoba fue otorgado poco antes del recital, luego de que Álvarez no se presentara a exámenes dispuestos por el Cuerpo Médico Forense.

En ese contexto, desde la acusación sostienen que la participación del músico en un show ante unas 35.000 personas podría resultar incompatible con el estado de incapacidad alegado para evitar la realización del juicio oral, una contradicción que ahora quedó bajo análisis judicial.