La ley de mecenazgo dejó dudas

S i se impusiera hacer un balance de la temporada, resultaría difícil explicar la evidente expansión del sector de las bellas artes cuando el país se asoma al abismo. Algunos de los galeristas que concretaron buenas ventas en este último mes no aciertan a dar razones que justifiquen el repunte.
 
Los compradores resignan gastos en casi todos los órdenes pero no parecen dispuestos a ajustarlos cuando encuentran una obra que les gusta. Es decir, en cierta medida, el ámbito de las artes es una pequeña burbuja que navega en la marea de la crisis.
 
Este año se inauguró el MALBA; el museo que albergará la Colección Fortabat está a punto de anunciar su fecha de apertura; desde el exterior llegaron exposiciones estupendas como «Rodin», «De Picasso a Barceló», «Diego Rivera» o los cuatro módulos de «Brasil + 500»; el Fondo Nacional de las Artes compró la casa de Victoria Ocampo en Barrio Parque para crear un centro cultural; varios textos de investigación llenaron huecos en la historia del arte argentino; se realizaron Arte BA, Expotrastienda y Proarte, tres ferias de arte con perfiles y públicos diversos; las galerías Luisa Pedrouso y Maman abrieron sus puertas y en pocos días se sumará La Rouche. Estos datos implican una fuerte apuesta al mercado, dado que los flamantes galeristas pasaron de atender en sus propias casas a abrir locales en la calle.

Aspiración

Para completar este paisaje, varios operadores culturales y coleccionistas aspiraban a una Ley de Mecenazgo, que se sancionó el martes en la Cámara de Diputados y brinda un beneficio fiscal hasta un límite de 5% de la ganancia neta del ejercicio a los patrocinantes de la cultura. Sin embargo, dicha sanción provocó más rechazos que adhesiones en el ambiente.
 
Si bien el proyecto estuvo en discusión durante casi dos años y se realizó una audiencia pública a la que asistieron 300 personas para debatirlo, el conflicto reside en que las empresas -hasta la fecha las mayores auspiciantes de la actividad cultural-, no reciben beneficios adicionales a los que obtienen en la actualidad.
 
Hasta que se aplique la ley es factible deducir 100% del impuesto a las ganancias por las inversiones en cultura si se les brinda un tratamiento equivalente a los gastos en promoción o publicidad. «En suma, la ley achica este beneficio a 60% en vez de agrandarlo», observan los operadores culturales y empresarios que elevaron su queja hace unos meses ante el Presidente de la Comisión de Cultura del Senado.

Se diseñaron entonces varias modificaciones de modo conjunto, pero no fueron tenidas en cuenta cuando se promulgó la ley. El punto conflictivo es el artículo 21, que dice: «Sólo se podrán deducir montos correspondientes a patrocinios si los mismos han sido previamente aprobados por el Fondo Nacional de las Artes, según el procedimiento previsto en la presente ley y en su reglamentación».

El Senado había agregado: «Se excluyen de este procedimiento las personas físicas o jurídicas que tributen sobre la ganancia real, quienes podrán optar por los beneficios de la presente ley o deducir los patrocinios como gastos corrientes de operación».
 
Al respecto, el ex subsecretario de Política Tributaria, Juan Carlos Gómez Sabaini, manifestó a este diario: «Considero que está bien que se haya sancionado sin ese agregado, pues convertía a la ley en un instrumento meramente declarativo. La intención de la ley es canalizar los recursos a través del Fondo de las Artes».
 
«¿Si hacen publicidad y el costo lo paga el Estado cuál es el aporte?,» cuestiona por su parte el diputado Luis Brandoni, autor del proyecto. Pese a todo, en su redacción definitiva, el artículo 6° parece allanar el terreno ya que dispone: «Las deducciones previstas no excluyen ningún beneficio, incentivo o deducción previsto por otras normas vigentes».

De todos modos, subsiste el principal interrogante: ¿qué sentido tiene una ley (que ya algunos optaron por denominar como de «desincentivo» fiscal) si otorga menos beneficios que los existentes? Según se interpreta, solamente sería aplicable para aquellas personas, físicas o jurídicas que por la naturaleza de su actividad no puedan deducir de su impuesto a las ganancias gastos en promoción y publicidad.

«Espero que cientos de miles de personas físicas o jurídicas aspiren a convertirse en patrocinantes de la cultura. Esta ley no está pensada para beneficiar a las empresas, sino con el afán de propiciar el mecenazgo», señala Brandoni. Por su parte, Gómez Sabaini añade: «¿Cómo puede ser que las empresas declaren sin ningún control y como gastos de publicidad sus inversiones en cultura?».

Finalmente y ante los argumentos de los empresarios, tanto Brandoni como el subsecretario de Cultura, Hugo Storero, coinciden en que la ley antes de su reglamentación todavía es perfectible. Pese a todo, ninguna de las partes en pugna se atreve a considerar la posibilidad de reclamar a Economía lo obvio, un beneficio equiparable al del gasto publicitario.

«Si lo que querían hacer era una ley que brindara un impulso a las artes y la cultura, deberían haberla planificado de otra manera -observa el presidente de la Fundación Banco Ciudad, Aníbal Jozami-. No creo que esta ley propicie demasiados beneficios, porque su estilo es complicado y no se ajusta mucho a la realidad».