La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México anunció la semana pasada su intención de segregar, el año próximo, el Instituto Mexicano de la Cinematografía (Imcine) y los Estudios Churubusco, dentro de un conjunto de dieciocho dependencias públicas que serán vendidas. La meta del gobierno Fox es que el cine mexicano, de ahora en más, sea total responsabilidad de la industria privada en sus éxitos y fracasos, ahorrando dinero del Estado que se destina a la producción de películas que en muchos casos no son redituables o sólo vistas por muy poco público, un modelo que se reitera en la mayor parte de los países de pantalla subvencionada. La iniciativa oficial ha abierto, como cabía esperar, una amplia polémica en los medios, con posiciones antagónicas.
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Desde luego, la reacción de la comunidad cinematográfica mexicana fue muy dura. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) dijo que «el cine mexicano recibió esta semana su sentencia de muerte».
«Es una contradicción trágica que a dos meses de haber ponderado en el último informe los éxitos internacionales del cine mexicano, éste reciba su sentencia de muerte», señaló la AMACC. La medida del Gobierno, a la que aún le falta definir en sus detalles, pretende «desincorporar, disolver, liquidar, extinguir o fusionar» el Imcine, el Centro de Capacitación Cinematográfica y los Estudios Churubusco Azteca.
El comunicado de la AMACC expresa que «el ataque a la cinematografía mexicana comenzó su declive en el sexenio presidido por Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y lo agudizó en las siguientes administraciones, las de Ernesto Zedillo (1994-2000) y Fox, presidente desde 2000». La Academia acusó a Fox de «obedecer al desnaturalizado propósito de hacernos consumidores cautivos del maíz de Kentucky y las películas de Hollywood».
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