Se renueva el interés por leyes de mecenazgo

En estos últimos días y casi simultáneamente, el Gobierno de la Ciudad y la Secretaría de Cultura de la Nación convocaron a varios operadores culturales con la intención de impulsar leyes de mecenazgo. En suma, proponen que el Estado resigne una parte de la recaudación de ingresos brutos y ganancias, respectivamente, para estimular a los patrocinantes de la cultura. El antecedente más cercano de esta norma fue la efímera Ley de Mecenazgo, que sancionada por el Congreso en diciembre de 2001, fue vetada por Eduardo Duhalde en los primeros días de su mandato.

La inesperada anulación, en medio del peor caos político, económico y social, tomó por sorpresa tanto al frustrado redactor de la norma, el actor y ex diputado Luis Brandoni, como al resto de sus promotores. Pero el pedido de veto ya había sido elevado por coleccionistas, operadores y técnicos de la Secretaría de Hacienda a los tres sucesivos presidentes que tuvo la Argentina en esos días. La ley, de « desincentivo fiscal», según la bautizaron quienes la rechazaban, significaba un retroceso, sobre todo para las empresas, que pueden imputar como gasto de promoción 100 % de sus patrocinios a la actividad cultural. Mientras la norma diseñada por el actor reducía el beneficio la 60%, e implicaba que la AFIP prohibiera que se asignara el auspicio como gasto, dado que tenía desgravación aparte.

• Malentendido

Lo curioso es que Brandoni, que ahora impulsa el proyecto de la Ciudad, había acordado en su momento cambiar algunos artículos de la ley, pero los operadores culturales que trabajaron en esas modificaciones, descubrieron que no habían sido incluidas recién cuando la promulgó el Congreso. Ahora, alentada por la urgencia preelectoral de los funcionarios de la Ciudad, y la necesidad de brindar contenido a la gestión nacional, puede que la ley de mecenazgo tenga otra oportunidad.

En este caso, sería bueno aprovechar la experiencia de otros países, que si bien brindaron un poderoso impulso a la cultura con sus respectivas normas, luego de aplicarlas están en condiciones de exhibir tanto sus logros como sus defectos. En España reconocen que el beneficio otorgado es insuficiente y pocos utilizan la ley. En Brasil, con mayor o menor énfasis, destacan que son muchas las fundaciones y empresas que aplican el dinero de la desgravación a la creación de sus propios institutos o proyectos privados. De este modo, el aporte a los museos públicos está en retirada y hoy padecen mayores carencias que antes. En EE.UU., los beneficios fiscales son altos, pues casi todas las instituciones culturales son privadas y dependen de la buena voluntad de los donantes. Así, según admite Philliphe de Montebello, director del Metropolitan de Nueva York, no extraña que en oca siones los donantes terminenejerciendo «una censura insidiosa y oculta».

Luego, el fantasma de la evasión siempre ronda cuando de otorgar ventajas impositivas se trata; la ley que cayó en desgracia, y que con algunos retoques, regresó a las Cámaras de la mano de otros legisladores, lo exorcizaba delegando toda la responsabilidad administrativa en el Fondo de las Artes. Pero, en rigor, una norma virtuosa no debería conjurar fantasmas o apelar al virtuosismo de un organismo, sino crear rigurosos mecanismos de control que impidan la evasión.

• Escasez

Entretanto, no falta quién cuestiona si es el momento oportuno y están dadas las condiciones para que en la Argentina se sancionen leyes de mecenazgo, cuando en realidad los filántropos se cuentan con los dedos de una mano. Un buen ejemplo -señalan-es el de la Fundación Teatro Colón, integrada por poderosos «mecenas» (sus nombres figuran en todos los programas), que gozan de enorme prestigio y pese a los esfuerzos de su presidenta, Teresa Bulgheroni, sólo recauda 150.000 pesos, mientras el presupuesto que destina el Gobierno asciende a 37 millones.

En el área cultural, las empresas -que en la actualidad privilegian la ayuda social-, son las que realizan los mayores aportes. Sin embargo, durante los años en que Telefónica tenía una fuerte ganancia neta en dólares, el patrocinio a la cultura se reducía a 300.000, y cuando sponsoreaba una muestra le pedía a los artistas que donaran una obra.

En la Ciudad y la Nación entusiasma el hecho de que la actividad cultural genere empleos y otros beneficios que los economistas llaman externalidades positivas, como el posible aumento de la recaudación impositiva. Pero no es oro todo lo que reluce. El sociólogo Pierre Bourdieu advierte que «cuando el Estado se pone a pensar con la lógica de la rentabilidad y la ganancia, en materia de hospitales, escuelas, radios, museos o laboratorios, están amenazadas las conquistas de la humanidad: todo aquello que pertenece al orden universal, es decir, el interés general del cual el Estado, quiérase o no, es garante oficial». En otras palabras, que no se puede dejar el patrimonio cultural librado a la intemperie del mercado, y que es el Estado quien debe garantizar la distribución equitativa de estos bienes. Sucede que salvo raras excepciones, los mecenas privados responden a sus propios intereses, o a los de sus clientes, y por lo general apoyan obras glamorosas y de alta visibilidad, dejando de lado áreas como la investigación o el arte experimental, que necesitarían del patrocinio estatal para subsistir. El debate recién comienza.