El Gobierno da otro paso para blindar la estabilidad financiera, pero la economía real empieza a pasarle factura

La reforma de la Carta Orgánica del BCRA se suma a una serie de medidas orientadas a dotar de mayor previsibilidad y fortaleza institucional al programa económico de cara al año electoral. ¿Alcanzará ese blindaje para que la recuperación llegue al empleo, los ingresos y el consumo?

En lo que va de 2026, el Banco Central acumula compras por más de u$s13.300 millones.

El Gobierno dio otro paso la semana pasada en su estrategia para dotar de mayor previsibilidad al programa económico de cara al proceso electoral de 2027. El envío al Congreso del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) no constituye una medida aislada, sino que se suma a una secuencia de decisiones orientadas a fortalecer el frente financiero y reducir las fuentes de incertidumbre (apagar definitivamente “la maquinita", como mecanismo de financiamiento del Tesoro) que históricamente acompañaron las transiciones económicas en la Argentina.

La iniciativa, que además forma parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), fortalece institucionalmente al Banco Central y termina de sepultar dos de las principales propuestas con las que Javier Milei construyó su campaña presidencial de 2023: cerrar la entidad (ahora se busca reforzar su independencia) y dolarizar la economía (pasamos de "el peso no puede valer ni excremento” a convertir la preservación de su valor en el mandato excluyente del BCRA).

La apuesta oficial es que esos principios queden plasmados en una ley y trasciendan la actual administración, con el objetivo de dotar de mayor previsibilidad al esquema monetario y fiscal. El proyecto se inscribe, además, dentro de una estrategia más amplia que el equipo económico viene desplegando para llegar al proceso electoral de 2027 con una arquitectura financiera más robusta.

En ese marco se inscriben el programa financiero presentado a comienzos de julio y un conjunto de herramientas destinadas a fortalecer la capacidad de respuesta del BCRA frente a eventuales episodios de volatilidad cambiaria.

Una de las patas clave de esa estrategia es la acumulación de reservas. Después de interrumpir durante una rueda la racha de 135 jornadas consecutivas de compras para evitar una mayor presión sobre el tipo de cambio durante el fixing -la instancia en la que se fija la cotización de referencia para liquidar una letra atada al dólar oficial y en la que el mercado interpretó que el Gobierno buscó evitar que el mayorista superara la zona de los $1.500-, el Banco Central retomó las adquisiciones y cerró julio con un saldo comprador de u$s2.162 millones. En lo que va de 2026, el balance acumulado ya asciende a u$s13.327 millones, el segundo mayor para igual período desde 2003, solo por detrás de 2024.

El poder de fuego del BCRA también se apoya en el swap de monedas con China -de inminente renovación-, la reciente ampliación de las líneas repo con bancos internacionales, junto con la intervención en el mercado de dólar futuro y la venta de bonos dólar linked. A comienzos de junio, el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, explicó que el objetivo es contar con un respaldo del orden de los u$s22.000 millones mediante ese conjunto de herramientas para afrontar un eventual aumento de la demanda de dólares durante el proceso electoral. En ese esquema tampoco se descarta la activación del swap con EEUU, el verdadero prestamista de última instancia, aunque el propio Luis Caputo aclaró que esa alternativa, de ser necesaria, debería volver a negociarse con Washington.

En paralelo, el Tesoro continuó utilizando las licitaciones de deuda para despejar el calendario financiero del próximo año. En la última colocación, por ejemplo, más del 45% de los títulos colocados vence después de 2027. Según la consultora 1816, se trata del segundo porcentaje más alto del año, lo que permitió reducir al equivalente de apenas u$s6.600 millones los vencimientos que aún enfrenta la actual administración. En conjunto, estas medidas buscan llegar al proceso electoral de 2027 con un frente financiero más sólido, una mayor capacidad para enfrentar eventuales shocks cambiarios y menores necesidades de financiamiento de corto plazo.

La economía real empieza a pasar factura

Con el Mundial ya terminado, la atención volvió a concentrarse en la agenda doméstica. Mientras el calendario electoral recuperó protagonismo en la política, el mercado empezó a seguir con mayor atención -y cierta preocupación- la evolución de la economía real y su impacto sobre el clima social.

Si bien la desaceleración de la inflación continúa siendo uno de los principales activos del Gobierno -más allá de las diferencias que muestran las estimaciones privadas para el dato de julio-, comenzaron a ganar peso otros indicadores vinculados con la economía real. Uno de los más seguidos por el mercado es el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora la Universidad Torcuato Di Tella, dada la elevada correlación que históricamente mostró con el respaldo electoral de los oficialismos. En julio cayó 6,5% y marcó su nivel más bajo desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Su retroceso fue prácticamente generalizado, pero resultó más evidente entre los jóvenes de 18 a 29 años, uno de los segmentos que habían sido determinantes para el triunfo electoral del Presidente. También se verificó un descenso significativo en el Gran Buenos Aires, una de las zonas más afectadas por el actual modelo económico, y entre los hombres, otro de los grupos donde el oficialismo suele mostrar niveles de adhesión superiores al promedio. Aun con esa baja, el indicador continúa ubicándose por encima del que registraban Cristina Kirchner y Alberto Fernández a la misma altura de sus mandatos, aunque ya quedó por debajo del nivel que exhibía Mauricio Macri.

Varios indicadores ayudan a explicar esos guarismos. El empleo privado registrado acumula 11 meses consecutivos de caída y, desde fines de 2023, ya se perdieron más de 230.000 puestos de trabajo formales, según datos oficiales. A diferencia de lo ocurrido durante la recuperación de 2024, cuando algunos sectores compensaban las caídas de otros, hoy incluso las actividades más dinámicas dejaron de generar empleo. Al mismo tiempo, la creación de nuevas empresas volvió a niveles similares a los observados tras la crisis de 2001-2002, mientras que el cierre de firmas y la reducción de personal muestran que el deterioro dejó de concentrarse en sectores puntuales para extenderse a buena parte del entramado productivo, de acuerdo con CP Consultora.

La evolución de los ingresos también refleja el descontento social. Un trabajo del economista Nadin Argañaraz muestra que, entre el inicio de la era Milei y mayo de 2026, los empleados privados registrados acumularon una pérdida equivalente a un salario completo de noviembre de 2023, mientras que los empleados públicos nacionales resignaron el equivalente a 8,8 salarios. Si bien algunas mediciones privadas indican que comenzaron a aparecer señales incipientes de mejora en el ingreso disponible de los hogares de abril y mayo (se espera que la tendencia siga en junio), este indicador aún se ubica 1,8% por debajo del nivel de diciembre de 2023, de acuerdo a un relevamiento de Empiria.

La verdadera prueba

Hacia adelante, el consenso del mercado proyecta que la actividad mantendrá una leve tendencia positiva, aunque todavía a distintas velocidades. Luego de un junio que, según la consultora de Orlando Ferreres, mostró una leve mejora de 0,4% respecto de mayo, las expectativas apuntan a que energía, minería y agro continúen liderando el crecimiento.

La verdadera prueba estará, en cambio, en sectores más rezagados como la industria, el comercio y la construcción. En este último caso, el Gobierno apuesta a que los dólares del colchón, la Red Federal de Concesiones -que contempla más de 9.000 kilómetros de rutas- y las inversiones vinculadas a los proyectos aprobados bajo el RIGI actúen como nuevos impulsores de la actividad.

Ese será el principal examen de la segunda mitad del año. Después de haber concentrado sus esfuerzos en estabilizar la macroeconomía y fortalecer el frente financiero, el desafío del Gobierno pasa ahora por reducir la heterogeneidad sectorial y lograr que esa mejora llegue con mayor intensidad a la economía cotidiana.

El mercado seguirá de cerca si los salarios reales consolidan algún tipo de recuperación, si la morosidad de las familias -que ronda el 13%- comienza a retroceder y si el crédito privado vuelve a ganar dinamismo y logra transformarse en un nuevo motor de la actividad, algo que hoy luce muy complicado. En definitiva, el éxito de esta etapa dependerá cada vez menos del ordenamiento financiero y cada vez más de la capacidad del programa económico para lograr que la estabilidad macro se traduzca en una mejora más amplia de la actividad, el empleo, los ingresos y el consumo antes de que el calendario electoral de 2027 empiece a imponer sus propios tiempos.