La Unidad de Información Financiera actualizó la norma antilavado para bancos

En breve, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizará la evaluación del sistema antilavado argentino. La UIF se prepara para esa prueba y actualiza la norma que regula a los bancos.

La UIF se prepara para afrontar la evaluación del GAFI en el marco de la cuarta ronda del organismo. 

En el marco de las acciones preparación para la evaluación de riesgos que realizará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la Argentina en breve, la Unidad de Información Financiera (UIF) modificó hoy el marco normativo que rige a las entidades financieras y cambiarias en materia de prevención y control de riesgos de lavado y financiamiento del terrorismo con el fin de adecuarlas a los estándares y recomendaciones del organismo de control internacional.

Lo hizo a través de la Resolución 14/202, publicada este jueves en el Boletín Oficial, que comenzará a regir desde el próximo primero de abril para dar tiempo a los bancos, en su rol de sujetos obligados, a ajustar sus políticas, procedimientos y controles internos.

La nueva norma modifica la emblemática Resolución 30/2017, que fue el puntapié inicial para la implementación del concepto del Enfoque Basado en Riesgo en el sistema de prevención de lavado y financiamiento del terrorismo en la Argentina.

Los objetivos de la reforma

El fin de la norma es optimizar la operatividad del sector y alinearse a los estándares y mejores prácticas internacionales del GAFI y el nuevo texto fue realizado en base a un trabajo conjunto entre la UIF, el Banco Central (BCRA) y las propias entidades del sector bancario y financiero, "cuyas opiniones y experiencias fueron centrales en la puesta a punto de la resolución", señaló la UIF en un comunicado.

Entre las entidades representantes del sector financiero que participaron de las reuniones de trabajo y cuyas opiniones fueron tenidas en cuenta se encuentran asociaciones de Bancos Argentinos (ADEBA), de la Banca Especializada (ABE), de Bancos de la Argentina (ABA) y de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra), además de la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio (Cadecac).

La reforma se centra en las pautas principales para la gestión de riesgos de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), y fija normas mínimas para que cada entidad financiera adopte y aplique en el caso de que haya terceros que recurran a ellas con objetivos criminales.

Entre otras novedades, se estableció la prohibición de mantener cuentas anónimas o bajo nombres ficticios, se explicitan las medidas exigidas respecto de las Personas Expuestas Políticamente (PEPs) extranjeras y se enfatiza en la necesidad de aplicar medidas de Debida Diligencia Reforzadas que sean proporcionales a los riesgos encontrados.

Asimismo, se incorpora la posibilidad de que las instituciones financieras puedan depender de terceros para la ejecución de determinadas medidas de Debida Diligencia.