El 9 de diciembre de 1985 quedó grabado como uno de los momentos más trascendentes de la democracia argentina. Ese día, la Cámara Federal de la Capital Federal dictó sentencia en el Juicio a las Juntas, luego de un proceso que reunió casi 900 horas de audiencias, pruebas de la Conadep, testimonios desgarradores y la expectativa de un país entero que exigía justicia.
9 de diciembre 2025 - 12:11
A 40 años del juicio a las juntas militares: el momento que marcó un antes y después en el país
El alegato del fiscal César Strassera y la condena a figuras como Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, cumplen cuatro décadas. El proceso proceso requirió casi 900 horas de audiencias.
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Se cumplen 40 años del juicio a las juntas militares.
El tribunal, integrado por Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés D’Alessio, escuchó la acusación presentada por el fiscal Julio César Strassera junto a Luis Moreno Ocampo, quienes se apoyaron en el informe Nunca Más para reconstruir el sistema represivo.
Ese 9 de diciembre, la Justicia condenó a Jorge Rafael Videla y Emilio Massera a reclusión perpetua con destitución; a Roberto Viola, a 17 años; a Armando Lambruschini, a 8 años; y a Orlando Ramón Agosti, a 4 años y 6 meses. Otros cuatro ex jefes militares fueron absueltos.
El alegato que dio vuelta al mundo
Menos de dos años después del retorno democrático, el juicio tuvo una repercusión internacional inédita. La figura de Julio César Strassera se consolidó como símbolo de la lucha, especialmente desde el alegato final en el que pronunció una frase que definió una época: “Nunca más”.
Durante esa intervención, el fiscal expresó otra cita que quedó en la memoria colectiva: “Quiero usar una frase que no me pertenece, porque nos pertenece a todos los argentinos. Nunca más”.
La contundencia de su discurso se apoyó también en referencias literarias y jurídicas. Strassera recordó un pasaje de La Divina Comedia, de Dante Alighieri, al afirmar: “Estos son los tiranos que vivieron de sangre y robo. Aquí se lloran sus despiadadas faltas”.
El fiscal mencionó además al penalista alemán Günter Stratenwerth y al juez estadounidense Oliver Wendell Holmes Jr., para reforzar la necesidad social de juzgar crímenes de esa magnitud. En una de esas citas sostuvo: “La necesidad de retribución, en el caso de delitos que conmueven a la opinión pública, no puede simplemente eliminarse”.
Un proceso histórico con repercusión internacional
La sentencia de 1985 también reflejó la colaboración de diferentes gobiernos extranjeros, que presentaron documentos sobre ciudadanos desaparecidos en la Argentina, entre ellos Alemania, España, Francia, Estados Unidos, Italia, Países Bajos y Suiza.
El juicio se centró en nueve líderes de la dictadura que gobernó entre 1976 y 1982. Se escucharon 280 casos y declararon 833 testigos, entre ellos figuras como Alejandro Agustín Lanusse y Jorge Luis Borges.
En diciembre de 1990, el expresidente Carlos Menem firmó los indultos que liberaron a los condenados. Sin embargo, a partir de 2003, la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, ratificada por la Corte Suprema al declararlas inconstitucionales, permitió reactivar los juicios por delitos de lesa humanidad.
Detalles de las condenas
El fallo del 9 de diciembre de 1985 estableció penas de prisión para cinco de los acusados: Jorge Rafael Videla y Emilio Massera recibieron reclusión perpetua; Roberto Viola, 17 años; Armando Lambruschini, 8 años; y Orlando Ramón Agosti, 4 años y 6 meses.
Por su parte, Leopoldo Galtieri, Omar Graffigna, Basilio Lami Dozo y Rubén Franco Anaya resultaron absueltos.
Los jueces determinaron que las juntas militares diseñaron y ejecutaron un aparato clandestino de represión basado en secuestros, torturas, desapariciones y homicidios, ejecutados dentro de un sistema que buscó garantizar la impunidad mediante la fragmentación territorial y la compartimentación de responsabilidades.
De los indultos al retorno de los juicios
Tras las condenas, un nuevo giro político modificó el escenario. En diciembre de 1990, el entonces presidente Carlos Menem dictó indultos que liberaron a los represores condenados en el Juicio a las Juntas.
La medida generó un rechazo generalizado y profundizó el debate sobre los límites de la impunidad en un sistema democrático.
Sin embargo, a partir de 2003, la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, sumada a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declararlas inconstitucionales, reactivó los procesos por crímenes de lesa humanidad. Los responsables volvieron a ser juzgados y condenados en distintos tribunales del país.
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