En simultáneo con la crisis de inseguridad que se registra en la provincia de Buenos Aires, y que tuvo un fuerte recrudecimiento en las zonas de playas, vecinos de distintos puntos del Partido de la Costa denuncian que el crecimiento de los delitos tendría que ver con la presencia de al menos 600 presos bajo libertad condicional, incorporados a tareas de mantenimiento y obras municipales.
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Se trata de un puñado de detenidos excarcelados que permanecen bajo el control del Patronato de Liberados, institución que controla el cumplimiento de la pena en libertad condicional. El organismo fiscaliza además la conducta, asistencia y el tratamiento integral de los liberados, que en la provincia de Buenos Aires suman 37.500 personas. El objetivo que planteó el ex gobernador Felipe Solá para ese universo fue otorgarle herramientas para que puedan reinsertarse en la sociedad en lugar de reingresar en el sistema penitenciario cuya capacidad, con una población de 25.000 presidiarios distribuidos en 39 cárceles, está largamente sobrepasada.
Para ejecutar ese plan, el gobierno firmó hace más de dos años acuerdos con varios municipios, entre ellos el Partido de la Costa, mediante los cuales la Provincia otorgaría subsidios a condenados y ex presidiarios tutelados por el Patronato que se dedicarían a tareas similares a las que se realizan bajo un Plan Trabajar, percibiendo un salario que por entonces rondaba los 600 pesos.
Pero el desborde de la crisis de inseguridad parecería haber echado por tierra el anhelo de Solá de revertir ese flagelo de reincidencia delictiva.
Gobernada por Juan Pablo De Jesús, el Partido de la Costa, desde San Clemente del Tuyú hasta Costa Esmeralda, se ha convertido en los últimos días en zona liberada para los delincuentes, con una sucesión de robos que tiene en vilo a turistas y residentes.
Ayer, en sintonía con la acción que intenta darle el gobernador Daniel Scioli a la política contra los delitos, el ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli admitió que le «preocupan todos los robos que ocurren, no sólo en la costa atlántica, sino en el resto de la provincia». Según el ministro, «hay muchos de esos hechos que tienen más trascendencia mediática y nosotros sabemos cuáles son todos».
Encapuchados
Los habitantes de Mar del Tuyú, por ejemplo recuerdan que «todo comenzó en diciembre cuando unos encapuchados, en el mismo día, robó el Bingo de Mar de Ajó y el Banco Nación de Santa Teresita. Desde entonces no han parado los delitos», relató indignado un vecino que reside en ese balneario desde hace más de 30 años.
«A partir de enero nunca más se vio a los presos en la zona. Se metieron y usurparon terrenos. Hay más de 60 casas tomadas en los barrios del fondo y da la casualidad que la ola de robos empieza ahora», alertó el mismo vecino.
«Esta ciudad fue siempre muy tranquila, sus amplias playas y buenos precios, permitieron que familias de ingresos medios puedan vacacionar sin mayores inconvenientes. Desde hace ya dos años la población se ha incrementado notoriamente y el boom de la construcción no fue ajeno a esta zona», graficó un lugareño.
Otro residente en la zona contó a este diario que esas playas «siempre fueron pacíficas, nunca ocurría ningún tipo de robos y hasta dejábamos las puertas de las casas sin llaves». «Pero este verano todo fue diferente», lamentó.
En este contexto, en los últimos días varios turistas abandonaron en forma anticipada las viviendas que habían alquilado por temor a los robos, lo que provocó una fuerte depresión en el sector inmobiliario y comercial de toda la franja que ocupa el partido.
En sintonía, el intendente De Jesús anunció ayer que en forma inmimente lanzará una fuerte campaña en los medios de comunicación más importantes del país con el objetivo de posicionar al Partido de la Costa como un destino turístico seguro y para toda la familia, haciendo hincapié en los descuentos especiales para el mes de febrero.
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