7 de abril 2004 - 00:00
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Un informe presentado en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en Viena (Austria) entre el 13 y el 22 de mayo de 2003, tiene interesantes observaciones sobre la realidad delictual argentina. Uno de los casos que sirven para comparar es el de Italia. En esa península disminuyó el número de secuestros extorsivos, que había comenzado a adquirir importancia en la década del '60, llegando a su nivel máximo en 1977 con 75 casos. Debe recordarse de esos años el secuestro y posterior asesinato, por parte del grupo terrorista Brigadas Rojas, del ex primer ministro democristiano Aldo Moro. Sin embargo, este informe de la ONU señala que en los últimos 10 años ha habido una disminución gradual de estos hechos.
• Origen
En el caso de la Argentina se subraya que se ha registrado un inusitado aumento de los secuestros durante 2002 (220 casos, y al año siguiente, 390 declarados), sugiriendo que podía deberse a la desconfianza generalizada en el sistema bancario, por lo que los ciudadanos conservaban grandes sumas de dinero en efectivo en sus propias casas. «El resultado fue un aumento del secuestro, tanto organizado como express, como fuente fácil de beneficiosilícitos», está señalado. Del mismo modo, desde la Argentina se informa que hay «vínculos» entre los grupos delictivos organizados y el secuestro. Pero, además, se indica que también el secuestro extorsivo es realizado por delincuentes comunes con cierto grado de organización y de logística (armamento, móviles y aguantaderos).
• Propuestas
Fue debido a esta escalada de secuestros (220 en 2002), que se informó acerca de las medidas adoptadas para hacer frente al problema. Entre ellas, las conclusiones y propuestas de la Comisión Asesora para la Prevención del Secuestro de Personas.
Entre las propuestas estaban las de «imponer mayores penas a quienes cometieran secuestros extorsivos con circunstancias agravantes» (¿seguidos de muerte?; no se aclara).
• Recomendación
En cuanto las medidas de carácter represivo, «también se había recomendado que las autoridades pudieran efectuar, en determinadas circunstancias y sin orden judicial, allanamientos de lugares en procura del hallazgo de la víctima si existiera sospecha justificada de que se hallaba oculta en algún lugar particular.
Además, la comisión había recomendado una mayor y mejor inteligencia criminal, mediante la creación de una base de datos provenientes de las policías, fuerzas de seguridad y fuentes judiciales». Al año siguiente, 2003, hubo 390 secuestros extorsivos.
Por último y como « lecciones aprendidas», el informe consigna que la Argentina «señaló la importancia de la institución del delincuente colaborador (arrepentido), que permitía la reducción de la pena en los casos en que se ayudara con el aporte de información para la liberación de la víctima y la identificación de los autores. También se destacó la importancia de las normas procesales que aumentan la eficacia y eficiencia de la investigación preliminar».



