La Capital Federal y las provincias de Buenos Aires y Mendoza son tres de los distritos que avanzaron en establecer normas tendientes a regular la actividad de los patovicas, mientras está en estudio una ley de carácter nacional.
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En Capital, en diciembre de 2003 entró en vigencia la Ley 1.262, por la cual se creó el Registro Especial de Personal de Seguridad de Locales de Baile, en el cual el año pasado ya había anotado más de un millar de personas dedicadas a esa tarea.
Posteriormente, la Legislatura sancionó la Ley 1.913, que fija una serie de requisitos para el personal de seguridad de los boliches, entre ellos poseer estudios secundarios, obtener un certificado de aptitud psico-técnica, no haber sido condenado ni indultado por delitos que configuren violación a los derechos humanos o por delito doloso.
Tampoco se autoriza a desempeñar esas funciones a personal en actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales u organismos de inteligencia, o a quienes hayan sido exonerados de alguna de esas instituciones, a excepción de aquellos casos en los que la medida se hubiere dispuesto por causas religiosas, políticas o discriminatorias.
Las medidas de control se incrementaron luego de la tragedia de República de Cromañón, y muchos locales fueron clausurados por no tener registrado al personal de seguridad y por otras irregularidades.
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