23 de abril 2004 - 00:00
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• En México (cuyo pasado político es también de corte autoritario), las respuestas favorables a la democracia alcanzan 53%, lo que llamativamente coincide con el promedio de la región.
• En Chile, curiosamente, desde que es la democracia más exitosa de toda la región, tanto política, como económica, sólo 50% de los encuestados se pronuncia en su favor.
• En Colombia, asolada por décadas de una cruenta guerra civil, sólo 48% de los encuestados mantiene su fe en la democracia como la mejor forma de gobierno.
• Preocupante
• En Brasil, la situación es altamente preocupante. Sólo un escaso 35% de las respuestas fueron positivas para la democracia. Todo un tema, entonces, el de las causas de la frustración generalizada que seguramente se esconde detrás de esos guarismos. Para la reflexión.
Pese a los aceptables resultados antes comentados, ocurre que el estudio revela, asimismo, que más de la mitad de los 19.000 latinoamericanos que fueran encuestados por quienes tuvieron a su cargo el estudio que comento se pronunciaron en favor del autoritarismo, si éste es capaz de proporcionar un mejor crecimiento económico. Lo que supone estar, entre otras cosas, dispuestos a sacrificar algunas libertades civiles en función de lograr un mejor pasar económico. Es posible que quienes así respondieran no hubieran hilado tan fino. Esto luce así porque casi 60% de los encuestados prefirió el desarrollo a la democracia. A la manera de Singapur, presumiblemente sin temor al paternalismo político, al que en rigor muchas de nuestras naciones se han acostumbrado, como si fuera un fenómeno natural y hasta casi inevitable.
Del estudio del PNUD surge claramente que la región debe mejorar urgentemente la calidad de sus instituciones y de su clase política. Ambas tareas son impostergables.
Los propios líderes políticos así lo confirman en el estudio que comentamos. Coincidiendo con aquello propuesto no hace mucho por algunos, recuerdan que insólitamente sugirió crear un registro de políticos «dispuestos a irse», categoría que, según demuestran los hechos, simplemente no existe.
Otra preocupación que surge del estudio comentado, aunque -por conocida- ella no debiera sorprender ciertamente a nadie, es lo poco que se ha hecho en la región para superar las grandes disparidades de ingresos. Esta es una verdadera deuda que todos tenemos con nuestros semejantes. Cuya resolución no debiera seguir esperando cuando, en promedio, la dispersión pareciera agrandarse, al ritmo de 1,3% por año.
Para enfrentarla hay que decidirse, al propio tiempo, a paliar la situación de los más afectados, sin dejar de examinar las causas de lo que sucede. La política tiene también responsabilidad en esto. Compartida, quizá. Pero central.
(*) Profesor visitante. Universidad de Michigan.




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