"Lo traslado". La funcionaria escucha a sus interlocutores, asiente con su cabeza, frunce el ceño por momentos, sonríe en otros y repite: "Lo traslado". La imagen resume lo esencial de los últimos encuentros que mantuvieron sindicalistas con la superintendente de Servicios de Salud, Liliana Ko-renfeld, para analizar la problemática de las obras sociales. Reuniones de las que los gremialistas aspiraban a retirarse compartiendo entre ellos números beneficiosos, pero de las que sólo se llevaban una promesa vaga. "Lo traslado".
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Esas entrevistas -en definitiva, meras exposiciones de escenarios dramáticos, fórmulas polinómicas y borradores de proyectos- son apenas una muestra de la nueva dinámica que impuso Cristina de Kirchner en el vínculo entre los funcionarios y la dirigencia sindical. Terminó la etapa de la cogestión en el "sistema solidario de salud".
El martes 4 de septiembre, Andrés Rodríguez (estatales, UPCN) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) concurrieron por la noche a la sede de la Superintendencia (SSS), en Diagonal Sáenz Peña 530, para dialogar una vez más con Korenfeld. En media decena de reuniones previas le habían transmitido los mismos conceptos: los reembolsos a las obras sociales por prestaciones médicas complejas estaban frenados desde marzo -mes en el que la funcionaria arribó a la repartición-, y el aumento de costos y la inclusión de nuevos tratamientos por demandas judiciales ponían al borde del desfinanciamiento a decenas de obras sociales sindicales.
Pero esta vez, la funcionaria no se limitó a escuchar y a mechar datos de la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz (que manejó durante 11 años). Les dijo a sus interlocutores que finalmente había una respuesta para ellos. Prometió que al día siguiente saldría un decreto con una rebaja de aportes impositivos de cinco puntos sobre lo que pagan las organizaciones de salud de los gremios, equivalentes a $ 2.000 millones de pesos.
El compromiso, que entusiasmó a los sindicalistas y les hizo creer que por fin obtenían las respuestas que el Gobierno le negaba a Hugo Moyano, duró menos de doce horas. Habría un decreto con una inyección de fondos extra, pero no sería a través de una rebaja impositiva, sino mediante subsidios. Por el mismo monto. Sólo que, en una modalidad ya habitual en los Kirchner, la distribución de recursos no se daría de manera automática (como pautaba el cambio de aportes), sino discrecional y en la medida en que el Ejecutivo lo juzgase conveniente.
En los casi nueve años en que Moyano fue el principal sostén sindical del Ejecutivo, las medidas relacionadas con el ámbito laboral y de las obras sociales fueron fruto del constante tira y afloja. De hecho, el camionero tenía regados en los organismos encargados de la distribución de fondos a hombres de su confianza, desde el área de legales hasta los sistemas informáticos. Todos los expedientes de reintegros para obras sociales pasaban al menos por tres despachos en los que había cuadros colgados del sindicalista en lugar de sanitaristas. De esa pinacoteca ya no quedan rastros.
La etapa de cogestión, pues, fue reemplazada por la de las sugerencias y las aceptaciones sin lugar a repreguntas. A cambio, el Gobierno les garantizó a los gremialistas condescendientes el imperio de la legalidad para la nueva CGT que se gestó en Obras Sanitarias el 3 de octubre. En paralelo, en los próximos días condenará a Moyano a la jefatura de una central no reconocida, en una apuesta por vaciarle aún más un Consejo Directivo de por sí raleado.
Y para la CTA del docente Hugo Yasky, una participación todavía difusa en las legislativas del año que viene. El límite que no cruzará Cristina de Kirchner, al menos mientras rija la alianza con el metalúrgico Antonio Caló, los "gordos", los "independientes" y los exaliados de Moyano, será el de avalar la libertad sindical. Mejor malo conocido que bueno por conocer.
Dejá tu comentario