Cierran comedor tras incidentes

El Gobierno porteño cerró el comedor del barrio de San Telmo cuyos integrantes protagonizaron los violentos incidentes con automovilistas al realizar un piquete en la avenida 9 de Julio el viernes pasado.

Ese comedor, Simón Bolívar, recibía 120 raciones de comida que le enviaba el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de uno de los tantos centros de reunión de desocupados que habitan el histórico barrio. Piloteado por el único detenido por los incidentes del viernes, Máximo Mejías, y el ex dirigente del grupo Quebracho y ex montonero Emilio Pérsico, ayer mantuvo sus puertas cerradas.

Ahora, la idea del Gobierno porteño es no enviar más las raciones a ese lugar, pero darles opción a los desocupados que comen allí de hacerlo en otros comedores del barrio, con la intención de desactivar el grupo, al que conocían como violento.

«Para darse una idea, funcionarios de la conducción anterior no pueden caminar por el barrio porque están amenazados de muerte», contó a este diario uno de los integrantes del Centro de Gestión y Participación de la zona, es decir, las oficinas barriales del Gobierno de la Ciudad donde se facilitan trámites y reclamos a los vecinos.

Hace quince días, esa misma gente que se desbordó en público el viernes, se entrevistó con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social de la Capital Federal, que tiene a su cargo Rafael Romá.

• Patoteros

«Fueron muy violentos, son patoteros, amenazaron con tomar las oficinas si no se daba el vale ciudad en toda la Capital», confió uno de los observadores de la reunión, en referencia a la exigencia de ampliar la cantidad de tickets que otorga el Gobierno porteño en la zona de La Boca y Barracas para que la gente los canjee por alimentos en negocios.

« Se sabe quiénes son, pero no tenemos nombre y apellido; en general, esta gente se presenta sin documentos», aseguró Romá a este diario con respecto a los agresores prófugos, ya que hay un solo detenido. De ese piquete también participó gente que se aloja en el Hotel Cid, de Constitución, también pago por el Gobierno porteño, y de la villa Rodrigo Bueno, un asentamiento en la Costanera Sur que creció en el último tiempo -cerca de 200 familias-, que tanto legisladores como el Ejecutivo quieren desalojar.

Romá no comparte a pleno la entrega de recursos como la heredó de la gestión anterior de Ibarra, en el sentido de que el jefe de Gobierno, por ejemplo, entrega dinero, de a $ 15.000, a familias que están usurpando inmuebles -como la ex fábrica Eslabón de Lujo-, un monto que, en definitiva, no soluciona ni el problema habitacional de la familia ni el laboral, y que genera la tendencia de replicar esas actitudes para salir beneficiado con el dinero o un crédito a tasa cero y largo plazo de $ 30.000, inimaginable para cualquiera en otra situación.

Ibarra, que finalmente venía financiado de alguna manera a esos activistas, ayer en sintonía con el gobierno nacional dijo que « no vamos a ceder» ante las presiones, pero reclamó que prosiguiera la causa judicial para castigar a los agresores.

En medio de la amenaza de cortes generalizados por piqueteros el jueves (ver nota aparte), en Capital Federal esa mecánica ya es cotidiana, en manos de grupos más o menos violentos.

Aunque poco resonante, por ejemplo, ayer la padeció el Gobierno porteño cuando un grupo de no más de quince personas le reclamó en las puertas del palacio de Avenida de Mayo y Bolívar, frente a Plaza de Mayo, por vales de asistencia. La calle cortada, la custodia policial, la consecuente interrupción del paso a automovilistas y transeúntes hacen parecer ya peatonal, por la frecuencia, esa cuadra.