La expansión de programas que transfieren recursos de manera directa a los beneficiarios y amplían su capacidad de elección marca un cambio de enfoque en las políticas públicas. Desde los vouchers educativos hasta los nuevos esquemas de capacitación, gana terreno una lógica que busca reducir intermediaciones y otorgar mayor autonomía a las personas y las familias.
Durante décadas, buena parte de la política social argentina estuvo organizada alrededor de una pregunta: qué debía entregar el Estado y a través de quién. En los últimos años comenzó a plantearse otra: cuánto puede decidir quien recibe esa ayuda. Es posible identificar allí un cambio de paradigma que, con distinto alcance, aparece hoy en varias políticas de Capital Humano.
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El reemplazo de Potenciar Trabajo ofrece una primera ilustración. El antiguo programa fue dividido según las características de sus beneficiarios: algunos pasaron a un esquema orientado a la inserción laboral y otros a uno de acompañamiento social. Quienes quedaron comprendidos en Volver al Trabajo recibían la prestación en forma directa y podían elegir entre distintas alternativas de capacitación y formación laboral disponibles. Al finalizar ese programa, en abril de 2026, esa orientación tuvo continuidad en Formando Capital Humano, un nuevo programa de formación laboral que utiliza vouchers para que sus beneficiarios puedan elegir entre distintas capacitaciones disponibles.
Los Centros de Familia siguen una lógica semejante. Mediante una tarjeta personalizada, niños y adolescentes pueden utilizar un voucher en centros adheridos para realizar actividades deportivas, culturales, artísticas o educativas. No estamos frente a políticas idénticas. Pero en ambas aparece algo que merece atención: menos intermediación y un margen mayor de decisión para quien recibe la asistencia.
En educación, el Programa Vouchers Educativos ofrece un antecedente todavía más claro. No constituye un sistema de vouchers en el sentido clásico. Es una prestación temporaria, focalizada y limitada a familias cuyos hijos asisten a escuelas privadas con al menos 75% de aporte estatal. Tampoco existe portabilidad del financiamiento. Su rasgo distintivo es más sencillo: el recurso llega a la familia y procura permitirle sostener una elección educativa que ya había realizado.
El proyecto de Ley de Libertad Educativa lleva esta idea bastante más lejos. Ya no se trata de un programa puntual. El texto reconoce el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos, otorga mayor autonomía a las escuelas y permite incorporar instrumentos de financiamiento centrados en el estudiante.
Por cierto, el proyecto no establece que el sistema educativo deba pasar a financiarse mediante vouchers. Mantiene el financiamiento de las escuelas estatales y contempla aportes a instituciones privadas. Lo que hace es habilitar también mecanismos de financiamiento por la demanda: vales, bonos, becas, créditos fiscales u otros instrumentos destinados a ampliar la capacidad de elección de las familias.
La diferencia importa. En un esquema tradicional, buena parte de la decisión pública consiste en determinar qué institución financiar y qué oferta sostener. El proyecto no elimina ese papel del Estado. Introduce, sin embargo, una posibilidad adicional: que una parte de los recursos acompañe también la elección que realizan las familias.
La autonomía escolar completa esa lógica. Si todas las escuelas deben organizarse de la misma manera, elegir entre ellas pierde su sentido. Para que exista elección deben existir alternativas. De allí que el proyecto combine contenidos mínimos comunes y supervisión estatal con un espacio mayor para proyectos institucionales diferentes y libertad pedagógica.
El Estado continuaría financiando, regulando, evaluando y garantizando el derecho a la educación. La discusión pasa por otro lado: cómo ejerce esas responsabilidades y cuánto espacio deja a las personas, las familias y las instituciones para decidir.
He aquí lo que vincula políticas tan diferentes. Desde la capacitación laboral hasta los Centros de Familia y, de manera mucho más profunda, el proyecto de Ley de Libertad Educativa, aparece una idea que no era habitual en la política pública argentina: quien recibe recursos del Estado puede tener también una palabra relevante sobre cómo utilizarlos.
Si esa orientación se consolida, el cambio no será solamente de programas. Será también una manera distinta de entender la relación entre el Estado y las personas. Una concepción consistente con la idea que Deirdre McCloskey denomina ‘adultismo’: tratar a las personas como adultos capaces de tomar sus propias decisiones.