El jefe de la Policía Metropolitana, Horacio Giménez, deberá presentarse este miércoles a prestar declaración indagatoria ante la Justicia por los hechos de represión que se registraron en el intento de desalojo en el Hospital Borda en abril pasado.
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Por el mismo caso, la semana pasada comparecieron el ministro de Desarrollo Urbano porteño, Daniel Chaín y el comisionado Martín Jorge Roth, quien estaba a cargo de la Dirección de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM).
La citación fue firmada por el titular del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional 30, Jorge Adolfo López, quien imputó a los funcionarios por los presuntos delitos de "abuso de autoridad, requerimiento ilegal de auxilio de la fuerza pública y desobediencia a una orden judicial".
Un informe elaborado recientemente por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) analiza la actuación de la Policía Metropolitana en los últimos años y denuncia que "la gestión violenta de conflictos y protestas sociales es un aspecto saliente y reiterado del Gobierno porteño".
Indica, al respecto, que desde la represión ocurrida en el Parque Indoamericano en diciembre de 2010, "una serie de episodios pusieron en evidencia los modos violentos de actuación de la Policía Metropolitana en diferentes conflictos en el espacio público", por lo que la policía de la Ciudad de Buenos Aires "ya acumula denuncias por prácticas violentas, aprietes, hostigamiento y casos de gatillo fácil".
El informe elaborado por el CELS analiza "los sucesos del Indoamericano, Villa 31, Parque Centenario, Sala Alberdi, Hospital Borda, La Boca, Villa 21-24 y los reiterados ataques a los trabajadores de prensa durante la cobertura de las represiones", al tiempo que también estudia la conformación de la fuerza a partir de la participación de agentes provenientes de la Policía Federal, las Fuerzas Amadas y otras fuerzas de seguridad.
Del mismo modo, la investigación releva y pone en discusión la "inexistencia de un protocolo de actuación" frente a la protesta social, "la ausencia de una búsqueda de solución política de los conflictos sociales y la falta de políticas de control político e institucional del uso de la fuerza por parte de la Metropolitana".
Las acciones judiciales se basan en los sucesos ocurridos el último 26 de abril, cuando la Metropolitana reprimió sorpresivamente a empleados, profesionales del Hospital Borda y trabajadores de prensa en un intento de demolición del Taller Protegido 19 para construir un Centro Cívico.
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