Declaran "tregua" hasta el martes en el conflicto en el Garrahan

El personal no médico del Hospital Garrahan agrupado en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió hoy un "cuarto intermedio" en el plan de lucha hasta el mediodía del martes próximo a la espera de "la reapertura de las negociaciones salariales" y, ese día, deliberará nuevamente en asamblea para reformular las protestas "si no hay respuestas" de las autoridades.

Lo confirmaron los integrantes de la Junta Interna de delegados del centro pediátrico de salud, quienes indicaron que el personal deliberará nuevamente en asamblea desde las 13.30 del martes 16 para reformular el plan de lucha si no hay respuestas.

Los trabajadores concluyeron a las 7 de hoy un paro general de 72 horas en demanda de un básico de 1.800 pesos, el inmediato adelanto de otros 600, el pago del 2 por ciento por año de antigüedad y la jornada laboral de 6 horas, entre otras demandas.

"Las autoridades tienen ahora plazo hasta el martes para convocar a los delegados y ofrecer respuestas salariales", señaló el representante de base Gustavo Lerer, quien reclamó la discusión de "una nueva propuesta con el gobierno" nacional.

Lerer destacó que los trabajadores "no quieren decidir otro plan de lucha sino que aparezca una nueva propuesta" y subrayó la necesidad de que "el gobierno convoque a discutir" salarios.

La asamblea de los estatales no médicos, que deliberó en el Aula Magna de Combate de los Pozos y Avenida Juan de Garay, en el barrio porteño de Parque de los Patricios, aceptó finalmente una iniciativa de la conducción de la ATE para "no decidir nuevas medidas de fuerza" al menos hasta el martes próximo.

El Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, defendió hoy la postura del gobierno ante el conflicto en el Garrahan y opinó que la determinación de la justicia de suspender los efectos de los telegramas de intimación fue una "medida" que representó un "obstáculo" para "adoptar decisiones" sobre los trabajadores.

"Se iniciaron acciones claras para tomar decisiones respecto de los huelguistas que no aceptaron la conciliación obligatoria, pero (surgió) este obstáculo que ha puesto la justicia", afirmó.

El gobierno tiene ahora seis días a partir del martes próximo para apelar la decisión de la justicia laboral de no producir despidos de trabajadores involucrados en el grave conflicto.

En declaraciones a una radio, Fernández se refirió así a la decisión judicial de suspender los efectos de los telegramas de intimación enviados al personal no médico del Garrahan.

"El problema no es el gobierno sino los huelguistas y un sindicalista que definitivamente politizó (el conflicto), como suele politizar este tipo de casos la gente del Partido Obrero", señaló el funcionario respecto del representante de base Lerer.

"Obviamente lo que quiere el señor Lerer es hacer daño", afirmó Fernández, quien subrayó también que el delegado "está dispuesto a tensar la cosa hasta el final no sé sabe con qué objetivo personal o político" y a pesar de que "el gobierno hizo todo lo que tiene que hacer de acuerdo con las normas de derecho".

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, sugirió que debería apelarse la decisión judicial de suspender los efectos de los telegramas de intimación para alcanzar "el punto de que se diga que lo que se hace en el hospital es algo fuera de lógica".

"Si aparecen jueces que toman estas decisiones, en las que parece que el bien jurídico tutelar importante es la huelga y no la vida de quienes son atendidos en el hospital, habrá que apelar" el fallo, aseveró el titular de Interior.

De todos modos, Fernández criticó a quienes pretenden que el Estado realice una acción que sólo se puede llevar a cabo en un marco antidemocrático, como por ejemplo "ingresar (al hospital) y sacar a patadas" (a los trabajadores) que realizan protestas.

La medida cautelar del juzgado laboral número 50 que ordenó ayuer suspender el efecto de los telegramas de sanción o despido fue dictada por Silvia Sayago, quien de esa forma falló a favor de una presentación realizada por la conducción de la ATE.

A su vez, el Jefe de Gobierno metropolitano, Aníbal Ibarra, criticó hoy duramente el plan de acción de los trabajadores al señalar que es una medida "ideológica más que política", impulsada por "un grupo sólo interesado por el conflicto, la confrontación permanente y la victimización", en tanto reiteró que ese personal es "el que más gana de todo el sistema público" de salud.

"El problema no termina más porque se pretende un conflicto permanente más que un aumento, a partir de una posición ideológica", opinó Ibarra, quien destacó que "no toda la ATE piensa de la misma manera" y que la situación es "muy delicada".

En declaraciones radiales y, al ser consultado sobre la decisión judicial de suspender los efectos de los telegramas de intimación, Ibarra puntualizó que la medida "puede tener que ver con la falta de declaración de ilegalidad de la huelga", aunque reiteró que "hay muchos elementos cruzados en este caso".

"Ya habían llegado unos 100 telegramas intimando al personal a suspender las medidas de fuerza bajo apercibimiento de despido", dijo el abogado de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y de la ATE, Horacio Meguira.

 El gremio es el único sector que mantiene el plan de lucha, ya que los otros tres sindicatos aceptaron la semana anterior una propuesta oficial de incremento salarial del 20 por ciento, que fue considerada "insuficiente" por los no médicos de la ATE.